El BCRA obligará a las provincias a usar dólares propios para pagar deudas
El organismo encabezado por Miguel Ángel Pesce emitiría una comunicación para restringir en un 60% el acceso al mercado oficial de cambios.
02/06/2023 El PaísEl organismo encabezado por Miguel Ángel Pesce emitiría una comunicación para restringir en un 60% el acceso al mercado oficial de cambios.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) está evaluando una nueva norma que ampliará a las deudas que provincias y municipios hayan tomado en dólares y enfrenten vencimientos este año los criterios restrictivos que ya rigen para la cancelación de las deudas emitidas vía Obligaciones Negociables (ON) por parte de las empresas. La medida se aprobaría mañana en la reunión de Directorio del organismo.
La normativa dispondrá que esas administraciones tendrán acceso al mercado cambiario oficial para comprar con pesos hasta el 40% de los dólares que necesiten para hacer frente a esas obligaciones lo que, en los hechos, supone que deberán cancelar el 60% restante al menos en lo que queda del presente año con tenencias propias, financiamiento o a través de la renegociación de plazos con sus acreedores, para no incurrir en incumplimientos.
Esta medida surge en momentos en los que las reservas llegaron a un nivel crítico, en un contexto político y económico desafiante para el Gobierno.
Las cifras oficiales muestran que, en el primer trimestre del año, las empresas públicas (Aysa e YPF) y las provincias (principalmente Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza) le exigieron al BCRA US$ 1.120 millones para la cancelación deudas, cifra equivalente al 37% de las ventas netas de dólares que realizó la autoridad monetaria en ese período.
Aunque la liquidación del agro, a través del “dólar soja 3” le permitió al BCRA recomprar unos US$ 1.400 millones, no logró revertir las reservas negativas netas que tiene desde hace más de dos meses.
El objetivo del BCRA es frenar la sangría de divisas extendiendo a las provincias la misma normativa que, desde hace casi dos años, obliga al sector privado a refinanciar el 60% de sus compromisos en dólares.