“El Gobierno ve a las personas con discapacidad como un gasto”
Organizaciones que bregan por los derechos de las personas con discapacidad reclaman que se dé de baja la resolución cuestionada días atrás por utilizar términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.
Organizaciones que bregan por los derechos de las personas con discapacidad reclaman que se dé de baja la resolución cuestionada días atrás por utilizar términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Si bien el Gobierno dio marcha atrás con esas palabras, el fondo de la medida sigue vigente. Denuncian que vulnera la accesibilidad en materia de seguridad social y que contradice la Constitución.
“Idiota”, “imbécil”, “débil mental”. Así llamó la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a las personas con discapacidad intelectual, en su Resolución 187/25 del pasado 16 de enero. Las alarmas sonaron cuando comenzó a circular el contenido de los anexos de la normativa, cuyo objetivo es restablecer las condiciones de asignación de las pensiones no contributivas por incapacidad laboral.
El Gobierno dio marcha atrás con los términos, alegando que fue un error, pero insistió en que sostendrá los nuevos requisitos para acceder a las pensiones. Militantes en favor de los derechos de las personas con discapacidad denuncian que el nuevo marco contradice la Constitución y alerta sobre las auditorías de las pensiones ya otorgadas y el recorte de políticas para esa población.
“Esto atenta contra la integridad física y subjetiva de muchas personas con discapacidad. El corte de pensiones es realmente no poder comer”, sostiene la activista Gabriela Bruno.
Actualmente, 1.013.400 pensiones ya otorgadas están siendo auditadas. El Gobierno informó que el proceso se realiza mediante tres instancias.
Primero, se envían cartas documento a las personas beneficiarias con un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten la documentación requerida. En un segundo momento, los médicos de PAMI hacen las entrevistas y controles necesarios para garantizar el acceso al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión. Por último, la Andis analiza la documentación de cada beneficiario y decide si continúa o no percibiendo la pensión.
El proceso no incluye a menores de edad.
Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) cuestionaron este mecanismo.
Advierten que se notifica a las personas a través de cartas documento que muchas veces no comprenden, que se envían a direcciones antiguas y solicitando estudios en plazos que no llegan a cumplir. E informan que organizaciones de personas con discapacidad y derechos humanos presentaron el 7 de febrero un reclamo administrativo para que se deje sin efecto esta resolución, pero no obtuvieron respuestas. “Sólo cuando esto se expuso en los medios (la Andis) se pronunció únicamente en relación a la terminología”.
Nos están llevando al abismo
Gabriela Bruno es militante por los derechos de las personas con discapacidad. Fue directora de Inclusión de la provincia y actualmente es secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad en el Partido Socialista.
En diálogo con El Ciudadano, sostuvo: “El Gobierno está atacando a todos los colectivos que hemos tenido históricamente nuestros derechos vulnerados. Todas las personas que no encuadramos en lo que para ellos vale (mujeres, LGBT, personas que reciben un tratamiento oncológico o que viven con VIH), somos vistas como un gasto. A los colectivos de la diversidad amplia nos están llevando al abismo”.
Nuevos (y viejos) requisitos
Los actuales requisitos burocráticos para tramitar la pensión no contributiva por invalidez laboral son contar con un certificado médico oficial que detalle la patología y el grado de incapacidad, suscripto por un profesional médico de un establecimiento sanitario oficial o de la Andis.
Se pide también un resumen de la historia clínica, con información clínica detallada y actualizada sobre la patología y los tratamientos realizados y el detalle de estudios complementarios que respalden el diagnóstico y la incapacidad alegada.
Pero además, se evalúan las condiciones socioeconómicas del grupo familiar para asignarlas. En 1997, el decreto 432 —que reglamenta la Ley 13.478 y es previo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006— estableció como obligación realizar una encuesta socioeconómica en cada caso, para establecer el estado de necesidad del peticionante, la existencia de parientes obligados legalmente a la prestación de alimentos, de otros familiares que puedan asistirlo y el tipo, condiciones y características de la vivienda que ocupa, entre otros requisitos.
Tiempo después, la Convención (desde 2014, con jerarquía constitucional) marcó que este tipo de políticas obturan la autonomía de las personas, por tener que depender de otras para sus gastos cotidianos.
En enero de 2023, el decreto 7 amplió las condiciones de acceso a estas pensiones, teniendo en cuenta la Convención y el deber del Estado de brindar una protección adicional en relación a los gastos que genera una situación de discapacidad. Pero este decreto fue derogado por el gobierno de Javier Milei en 2024.
Cómo impacta en las familias
Al derogar el decreto, el Gobierno argumentó que éste convalidaba “en forma generalizada y sin recaudo alguno, la utilización de fondos destinados a quienes por su incapacidad se ven imposibilitados para trabajar, en personas que no presentan tal condición, dilapidando con ello los recursos del Estado”. En ese contexto, se vuelve a revisar la situación socioeconómica familiar.
¿De qué manera impacta este retroceso normativo en la vida cotidiana de las personas? Así lo ejemplifica Bruno: “Si yo tengo un hermano o hermana que tiene un empleo registrado y se compró un auto, eso ya lo leen como incompatible con que yo reciba la pensión. La Convención apunta a la autonomía de las personas, ¿qué autonomía puede haber si dependo económicamente de otro?”, se pregunta.
REDI también cuestiona: “No importa si la persona obligada es un cónyuge violento, un familiar que impide el acceso al dinero o si la persona con discapacidad incurre en mayores gastos por el abandono que ejerce el Estado que cada vez se profundiza más y más”.
Bruno añade: “El discurso es que las pensiones están mal otorgadas, generando fake news o sospecha hacia las personas con discapacidad, como que cobran la pensión sin reunir los requisitos. Cortan las pocas posibilidades que había de autonomía y de contar con un dinero para comer, que además era muy bajo”.
En marzo, el monto de estas pensiones es de 195.385,19 pesos, a lo que se suma un bono de 70.000 pesos.
Recortes en políticas de asistencia
Mientras se auditan las pensiones, el Gobierno recorta el presupuesto destinado a otras políticas específicas para las personas con discapacidad. Las partidas asignadas siguen siendo las mismas que en 2023. El ajuste no contempla que, dos años después, el costo de los servicios que el Estado ofrece al colectivo es mayor. Entre esos servicios se encuentra el programa Incluir Salud, que permite a quienes no tienen obra social ir a un centro de día, acceder a un transporte que los busque en su domicilio o contar con apoyos para la educación.
Cecilia González Bellande es integrante y coordinadora de proyectos de REDI. Contextualiza las medidas del Gobierno en la crisis económica del país, que afecta especialmente a las personas con discapacidad.
“Quienes más dependen del cumplimiento y aplicación de las medidas de acción positiva y de la implementación efectiva de las políticas públicas, son quienes se ven más vulnerades en su condición. Las personas con discapacidad son sin duda una población que depende de la presencia del Estado”, sostiene.
Y reflexiona: “Si a todo esto se le suma la estigmatización y las barreras sociales con las cuales se enfrentan constantemente, y que son legitimadas por el sector que debería achicar la brecha de acceso a derechos, la vulneración es obscena y absoluta. Estamos en un momento donde no se contempla la dimensión redistributiva ni se tiene en cuenta que tener discapacidad genera gastos adicionales. El problema no es solo económico (aunque eso es urgente) sino también simbólico, es una fisura que cala profundo y permanente en la realidad de las personas con discapacidad”.
Bruno detalla que hay provincias que tienen una historia de respaldo en relación a discapacidad: “Puede ser deficiente pero existe, en provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. Pero pienso en Jujuy o Santiago del Estero, donde el Estado nacional estaba dando una cobertura real y concreta”.
Y agrega: “El impacto subjetivo de todo esto nos corre de la posibilidad de pensar en ampliar nuevos derechos, porque estamos resguardando los pocos que teníamos o los que quedan de los que ya se perdieron. Esta crueldad hace que a nadie le importe si tenemos rampas en las calles o si hay materiales accesibles para las personas ciegas. No les interesan nuestras biografías ni nuestras historias de vida”.
Sin trabajo y sin pensiones
Según la Ley 24.241 se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produce en la capacidad laborativa una disminución de 66% o más. La Resolución 187 cuenta con un anexo en el que detalla, para cada patología, cuáles son las condiciones físicas para acceder a la pensión. E incluye una clasificación de las afecciones en función de su impacto en la capacidad laboral. Las categorías van desde «dictamen siempre favorable» hasta «sin incapacidad», permitiendo —según la mirada gubernamental— una evaluación “más precisa y honesta de cada caso”.
El Gobierno argumenta que la Ley 13.478 exige hallarse imposibilitado para trabajar para acceder a una pensión no contributiva por invalidez. Y argumenta que la nueva resolución es “un nuevo paso en la lucha contra el malgasto de los recursos”.
Desde REDI advierten que la discapacidad no es una cuestión médica, sino que tiene que ver con las barreras sociales que impiden la participación plena en la sociedad de las personas que viven con esta condición.
“La capacidad laborativa no es algo mensurable ni capaz de evaluarse sin considerar lo expulsivo del mercado laboral”, indican.
“Lo grave de todo esto es que pone la lupa sobre nuestros cuerpos”, dice Bruno. Compara la situación de dos personas con un mismo diagnóstico (síndrome de Down, por ejemplo) en la que una pudo acceder a la escolaridad, al acompañamiento familiar y a ciertas condiciones de autonomía, frente a otra que no tuvo esas posibilidades.
“Es mentira que ante un mismo diagnóstico tenemos las mismas posibilidades, porque es fundamental el contexto. La discapacidad es lo que ocurre entre lo que pasa en el cuerpo y el entorno, y acá no se tiene en cuenta el contexto”, define.
Para la militante, hay un sesgo capacitista en la mirada del Gobierno, que establece qué pueden y qué no pueden hacer las personas con discapacidad desde una mirada meramente biológica. Y que eso se agrava en un contexto donde las personas con discapacidad no son contratadas en el ámbito público ni en el privado. La ley de cupo laboral del 4% para esta población se sancionó en 1981 y, sin embargo, no es una realidad palpable.
“Se habla de que hay personas que tienen la pensión, pero que tienen capacidad laboral. Capacidad laboral podés tener, pero ¿quién te contrata? El trabajo no existe porque ya no hay trabajo para las personas que no tienen discapacidad en un mundo donde la lupa está puesta en el exitismo y en la productividad de los cuerpos, imaginate cuando tenemos una discapacidad”, cuestiona.
