El premio Nobel de Economía volvió a defender a la Argentina
El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y el economista argentino e investigador en la Universidad de Columbia, Martín Guzman, coincidieron este jueves en afirmar que los tribunales de Estados Unidos «han sido una farsa» y que está «claro» que el juez Thomas Griesa «nunca comprendió la complejidad del tema».
En un artículo publicado hoy, los economistas señalaron además que con el «Griesafault» y sus consecuencias, «los prestatarios soberanos no confiarán -y no deberían hacerlo- en la imparcialidad y competencia del poder Judicial de Estados Unidos».
La nota publicada en el sitio de opinión «Project Syndicate», indicó que con la decisión del magistrado de Nueva York de ordenar congelar los fondos girados por Argentina para cancelar intereses con lo tenedores de títulos reestructurados, se dio por «primera vez en la historia que un país tenía la voluntad y la posibilidad de pagar a sus acreedores pero fue bloqueado por un juez».
«Los medios lo llamaron un default de Argentina pero el hashtag de Twitter #Griesafault fue mucho más preciso», aseguraron Stiglitz -quien también forma parte del staff de investigadores de la Universidadde Columbia- y Guzman, en la columna denominada «El Griesafault de Argentina».
A continuación, la nota de opinión completa de Joseph Stiglitz, traducida al español.
Esta es la primera vez en la historia en que un país que puede y tiene intenciones de pagar a sus acreedores, es impedido a hacerlo por un juez– Thomas Griesa –.
El 30 de julio los acreedores de la Argentina no recibieron el pago semestral de los bonos que fueron reestructurados en 2001, luego del último default del país.
Unos días antes, la Argentina había depositado US$539 millones (£320 millones) en el Bank of New York Mellon, pero el banco no pudo transferir los fondos a los acreedores: el juez federal Thomas Griesa ordenó que la Argentina no puede pagarle a los acreedores que aceptaron la reestructuración, hasta que haya pagado completamente – incluyendo intereses vencidos a aquellos que la habían rechazado.
Fue la primera vez en la historia, en que un país que está dispuesto y es capaz de pagarle a sus acreedores, es impedido de hacerlo por un juez. Los medios de comunicación lo denominaron ‘default’ argentino, pero el hashtag #Griesafault es mucho más adecuado.
La Argentina ha cumplido con sus obligaciones tanto con sus ciudadanos, como con los acreedores que aceptaron la reestructuración. Sin embargo, el fallo de Griesa, alienta al comportamiento usurero, amenaza el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, y desafía a un principio básico del capitalismo moderno: los deudores insolventes necesitan un nuevo comienzo.
Los defaults soberanos son eventos comunes que tienen muchas causas. Para la Argentina, el camino hacia el default del 2001, comenzó con el inflado del globo de la deuda soberana en la década del ’90, que se produjo junto a las reformas económicas neoliberales del «Consenso de Washington», reformas que los acreedores creyeron, que enriquecerían al país.
El experimento falló, y el país sufrió una profunda crisis económica y social, con una recesión que duró desde 1998 hasta el 2002. Al final de la misma, se evidenció el récord de un 57,5% de argentinos viviendo en situación de pobreza, y una tasa de desempleo que se disparó hasta el 20,8%. Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones, en el 2005 y en el 2010.
Más del 92% de los acreedores aceptó el nuevo acuerdo, recibiendo bonos de cambio y bonos indexados al PBI. Esto funcionó bien tanto para la Argentina, como para los que aceptaron la reestructuración. La economía se disparó, como consecuencia los bonos indexados al PBI pagaron con creces. Pero los llamados fondos buitre vieron la oportunidad de obtener beneficios aún mayores.
Los buitres no eran ni los inversores a largo plazo en la Argentina, ni los optimistas que creían que las políticas del Consenso de Washington iban a funcionar. Sino que eran simples especuladores que se abalanzaron tras el default del 2001 y compraron bonos a los inversores en pánico, hasta por una fracción de su valor nominal. Luego demandaron a la Argentina para obtener el 100% de ese valor.
En 2008, NML Capital, una subsidiaria del fondo Elliot, encabezada por Paul Singer, gastó US$48 millones en bonos; gracias al fallo de Griesa, NML Capital debería recibir ahora, US$832 millones –una ganancia de más del 1600%.
Las cifras son tan altas, en parte debido a que los buitres buscan cobrar intereses vencidos, lo que, para ciertos títulos, incluye a la prima de riesgo país – la tasa de interés más alta, ofrecida cuando se emitieron, para compensar la mayor probabilidad percibida por incumplimiento.
Griesa lo consideró razonable. Sin embargo, a nivel económico, no tiene sentido. Cuando un país paga una prima de riesgo de su deuda, significa que el default es una posibilidad. Pero si un tribunal dictamina que un país siempre debe pagar la deuda, no hay riesgo de impago a ser compensado.
El reembolso en los términos de Griesa, devastaría a la economía de la Argentina. NML capital y los otros buitres comprenden sólo el 1% de los acreedores, pero recibirían un total de US$1.5 mil millones.
Otros holdouts (un 6,6% del total de acreedores) recibirían US$15 mil millones. Y, debido a que la reestructuración de la deuda estipula que todos los acreedores que aceptaron el cambio, pueden exigir los mismos términos que los holdouts, la Argentina podría estar enganchada a pagar US$140 mil millones más.
Cada argentino podría deber más de US$3.500 – más de un tercio del ingreso anual per cápita promedio. En Estados Unidos, la aplicación de la proporción equivalente, significaría obligar a todos los ciudadanos a pagar alrededor de US$20.000 – todo para llenar los bolsillos de algunos multimillonarios, decididos a exprimir hasta dejar seco al país.
Más allá de esto, la existencia de los Swaps de incumplimiento crediticio, genera la posibilidad de mayores ganancias para los buitres. Los CDS aseguran contra un default, garantizando el pago de los bonos, si es que éste no se hace. Pueden producir beneficios sustanciales, independientemente si los bonos son pagados, o no – reduciendo de esta manera, el incentivo de sus titulares, para lograr un acuerdo. En el período que antecedió al 30 de julio, los buitres llevaron a cabo una campaña de miedo.
Según ellos, un segundo default en 13 años, sería un gran revés para la Argentina, amenazando la frágil economía del país. Pero todo esto presumiendo que los mercados financieros no distinguirían entre un default y un Griesafault. Afortunadamente, lo hicieron: las tasas de interés para las diferentes categorías de préstamos a empresas argentinas, no han reaccionado frente al evento.
De hecho, los costos de endeudamiento a partir del 30 de julio, fueron más bajos, que la media para todo el año. Sin embargo, en última instancia, el Griesafault conllevará un alto precio a pagar – menor para Argentina que para la economía mundial y los países que necesitan acceso al financiamiento externo. EE.UU. sufrirá también.
Sus tribunales han sido una farsa: como señaló un observador, es claro que Griesa nunca profundizó en la complejidad del hecho. El sistema financiero de los Estados Unidos, que ya tenía práctica en la explotación de los estadounidenses de bajos recursos, ha ampliado sus esfuerzos hacia un nivel mundial. Los prestatarios soberanos no confiarán – y no deberían hacerlo – en la imparcialidad y competencia del poder judicial de los Estados Unidos. El mercado para la emisión de dichos bonos, se moverá hacia otra parte.
