«El Progresar va a contramano de la mirada conservadora de que los jóvenes pobres son delincuentes»
08/02/2015 El País
La directora ejecutiva del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (Cedep), Roxana Mazzola, afirmó que el Plan Progresar es «una política que va a contramano de la mirada conservadora que vincula a los jóvenes pobres con el delito», y puntualizó que a un año de su puesta en marcha, el programa «busca proyectarlos como agentes de cambio».
Mazzola subrayó a Télam que esa mirada conservadora «representa la expresión más brutal de un pensamiento que estigmatiza a los jóvenes de bajos recursos acudiendo a la mano dura como remedio para ocultar la exclusión y la inequidad».
En cambio, indicó que el Progresar «no intenta controlar o ver cómo amenazar a los jóvenes», y remarcó que «tampoco los asiste pasivamente, sino que por el contrario, busca ampliar sus oportunidades y proyectarlos como agentes de cambio que son».
El Progresar es una prestación económica universal mensual de $ 600 para los jóvenes entre los 18 y 24 años que no trabajan, lo hacen informalmente o tienen un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar posee iguales condiciones para iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educativo.
Mazzola puntualizó que el plan «expresa la prioridad asignada en la agenda estatal a las nuevas generaciones», y precisó que «en el país el 42% de la población, unos 17 millones de personas, tienen hasta 24 años y son 4.7 millones los que tienen entre 18 y 24 años (11,8% de la población de argentina)».
Indicó que «hoy el empleo y la educación juvenil constituyen una preocupación a nivel mundial», y estimó que «tanto el nivel educativo y la condición socioeconómica se encuentran entre los determinantes claves de las condiciones laborales de los jóvenes».
En consecuencia, sostuvo que «resulta crucial respaldar a los jóvenes en dos frentes: la justicia económica y la igualdad de oportunidades», y afirmó que «en este sentido el Progresar asigna recursos económicos y sociales».
Además destacó que «es positivo que incluya no sólo una ayuda económica sino que también comprenda la obligación de estudiar, asesoramiento en inserción laboral, controles de salud, acompañamiento en jardines de infantes (indispensable para que una joven madre o padre pueda disponer de tiempo para trabajar o estudiar) y un programa de tutores».