El Pueblo ¡afuera!, en las calles
El presidente Milei sostiene su pulsión verbal y descalificante, convencido de que con esa conducta “gana”.
El presidente Milei sostiene su pulsión verbal y descalificante, convencido de que con esa conducta “gana”. Así es que recrea sus eslóganes brutales, adaptados a la coyuntura: “niñas y niños enfermos del Garrahan ¡afuera!, profesionales de la salud ¡afuera!, personas con discapacidad ¡afuera!. Claro que los jubilados sufren su «¡afuera!» hace rato, a fuerza de palos, represión y hambre. Acaso, ¿todos ellos no saben que “no hay plata”?, ¿Y que lo primero y sagrado es pagarle a los prestamistas de Wall Street y de las cities criollas?. Últimamente va modelando su política y accionar junto a su ministra Bullrich y su vocero Adorni, así es que nos encontramos con otros agregados: fotógrafos ¡afuera!, cultura, teatros y bibliotecas populares ¡afuera!, tareferos misioneros ¡afuera!; potenciando su permanente agresividad hacia la parte del pueblo que rechaza, o cuestiona sus acciones y dichos. Lo hace amparado por el DNU 70/23 y la Ley Bases votada por sus aliados de derecha y los amigables con la justificación de que “hay que darle gobernabilidad”.
El gobierno ejecuta sus ideas ante la creciente reacción social, ya que debe mostrarle a los verdaderos dueños del poder, que está dispuesto a defender sus intereses económicos a rajatabla y que no le temblará el pulso si tiene que acentuar la represión, el ajuste del “gasto social”, la destrucción de los servicios del Estado a la sociedad, y la conculcación de derechos sociales y culturales. Los dueños reclaman y exigen que la derecha se unifique contra el “kirchnerismo y los zurdos” como Milei intenta (des) calificarlos. El auto percibido gran vocero de las multinacionales norteamericanas, el JP Morgan Gómez Minujín, reclama asegurar la institucionalidad como cuestión política central para seguir con sus negocios; particularmente concretar las reformas estructurales: laboral, tributaria y jubilatoria. Esos señores, que últimamente decidieron salir de sus lujosas oscuridades, también exigen que la justicia proscriba a la expresidenta C. Fernández de Kirchner. Su propósito es eliminarla de la contienda electoral, motivados por el odio y revanchismo y el temor de su aporte a un proyecto político que frustre los planes de saqueo que les ofrece en bandeja “su presidente”.
Ninguna originalidad. Lo hicieron con Lula a quien llegaron a encarcelar, con la proscripción al expresidente Correa, con Evo mediante un golpe de estado e intento de asesinato. Descuentan que la cúspide del poder judicial, como los jueces de Py visitantes permanentes al expresidente Macri, ya desbarrancaron en términos morales. En suma, se va amalgamando un núcleo de dominio constituido por esas señorías de la justicia, las grandes corporaciones empresarias, ahora unidos al Poder Ejecutivo. En definitiva, la “justicia” asume sin pudor su rol clasista de custodio de los intereses económicos y políticos hegemónicos. En esta fase de degradación de los valores e instituciones democráticas, se allanan a la supremacía del presidente Milei y a su monotonía discursiva de la “libertad”, entendida como justificación de las minorías de súper millonarios para seguir enriqueciéndose hasta el infinito, mientras la mayoría de trabajadores quedan atrapados en la “libertad” de perder derechos sociales, incluyendo a millones de ciudadanos humildes condenados a la indigencia, o sea, al hambre.
El núcleo del establishment llamado a ejercer la función intelectual de la derecha política, reclama la unión de libertarios, radicales y proístas, para derrotar al populismo. Surge entonces la cuestión básica para la oposición partidaria junto a la creciente lucha social y cultural por recuperar a su electorado ante la inminencia de la disputa por el voto ciudadano. Todo indica que existe un gran núcleo de sectores humildes, mayoritariamente de identidad peronista, que expresa su desencanto y protesta no yendo a votar. Una suerte de resignación ante la desesperanza y frustración de gobiernos que no mejoraron sus vidas; y el agobio económico y cultural al que ahora son sometidos por sus verdaderos opresores. Son los humillados a quienes les quitan el derecho a jubilarse, a un salario decente y digno, a la salud y la educación publica; y además los amenazan desde las imágenes mediáticas con apalearlos vía Gendarmería, si deciden protestar.
Son muchos los que sienten el acoso de los que mandan, frente a lo cual todavía persiste un vacío de ideas y de una propuesta alentadora para salir de esta emergencia social que sufre la mayoría del pueblo, incluyendo a las clases medias, que van perdiendo su lugar en el mundo. El presupuesto ideológico e instrumental determinante es el de constituir una amplia unión anti mileísta, pero resulta imprescindible también, la elaboración un programa que asuma en plenitud la tragedia social, sumada a la enajenación del patrimonio y la soberanía nacional. Consecuentemente, la respuesta debe contemplar la transferencia de riquezas desde los núcleos minoritarios beneficiados durante décadas, a favor de las mayorías postergadas. Resulta imprescindible recuperar al Estado en su rol regulador y distribuidor de los ingresos, a la vez que se lo democratiza con mayor participación popular en la gestión.
Se debe revalorizar la idea de soberanía como colectivo nacional, con el propósito de disponer para el pueblo nuestros fenomenales recursos naturales, que se defienda la causa Malvinas, frente al colonialismo desembozado thatcheriano del presidente, quien reivindica a los kelpers. Las luchas de profesionales del Garrahan, científicos, trabajadores de diversos gremios por el salario, la cultura vilipendiada que enfrenta a los liquidacionistas del teatro, el cine y las bibliotecas populares, de los tareferos, de la comunidad universitaria, nos alienta y marca el camino. Debe reconocerse el valor de la oposición parlamentaria que continúa luchando por leyes que atiendan las cuestiones sociales, como los subsidios por discapacidad, los ingresos jubilatorios y la vuelta de la moratoria, el presupuesto universitario, inclusive al pueblo que sufre las emergencias climáticas.
Al igual que el Obispo García Cuerva, la Conferencia Episcopal (CEA) rechazó la escalada de violencia verbal y ataques en la política y sentenció: “No podemos utilizar las palabras como si fueran armas para agredir a otro”, concluyendo: “las personas con discapacidad no pueden esperar”.
Por Juan Carlos Junio
*Secretario General del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación «Floreal Gorini»
