El que sigue que pague la cuenta

El próximo gobierno tendrá que devolverle al Fondo un 90 por ciento de la deuda que contrajo Macri, sin saber con cuántas reservas contará al comienzo de su mandato.

El próximo gobierno tendrá que devolverle al Fondo un 90 por ciento de la deuda que contrajo Macri, sin saber con cuántas reservas contará al comienzo de su mandato.

Por Nicolás Segal *

En 2018 la gestión de Cambiemos llevó a la Argentina a contraer una innecesaria deuda con el FMI, lo cual dejará una pesada herencia de compromisos fiscales y condicionamientos políticos. El préstamo de 57.000 millones de dólares es el más grande en la historia del organismo, pero no es el primero para la Argentina.

El modelo base del Fondo en los sucesivos acuerdos alcanzados a lo largo de la historia ha sido la corrección del déficit externo por medio de la liberalización comercial y cambiaria en el marco de un ajuste fiscal y monetario. Independientemente del modo en que se formularon sus exigencias, los esfuerzos por alcanzarlas produjeron un deterioro de las condiciones de vida. Y más allá de las cuestiones macroeconómicas, cada programa hilvanó una historia de penosas reformas estructurales.

Con estos antecedentes, ¿por qué la Argentina acudió al FMI? Lejos de las excusas de Cambiemos (“el mundo se nos cayó encima”) la vuelta al Fondo fue un daño autoinflingido por la desregulación cambiaria y el endeudamiento público.

A pesar de que en la campaña electoral de 2015 el macrismo había prometido reducir el déficit fiscal, desde que asumió y hasta 2018, lo incrementó. Lo que sí cambió fue la composición de ese déficit: se eximió de impuestos a los sectores de mayores ingresos y se ajustó a los sectores más vulnerables.

El déficit con sesgo pro-rico se financió principalmente con emisiones de títulos adquiridos por acreedores privados externos. Esa afluencia de dólares de la deuda permitió resolver (de modo temporario) las necesidades de divisas de un sector externo que había sido completamente desregulado.

La sobreexposición de los fondos de inversión a los activos argentinos derivó en una abrupta salida de capitales que desestabilizó el tipo de cambio y el nivel de precios. Luego de perder un 21 por ciento de las reservas del BCRA en un mes, el presidente Macri acudió al FMI sin atinar a medidas de regulación de un sector externo en crisis y sin consideración por la historia de relaciones entre el Fondo y la Argentina.

El primer acuerdo con el FMI en la era Cambiemos fue por 50.000 millones de dólares, con 65 por ciento de desembolsos en su administración y 35 por ciento en la siguiente, destinados mayormente a reservas. El segundo acuerdo amplió el total a 57.000 millones de dólares, incrementó los desembolsos durante el gobierno de Macri al 90 por ciento y extendió su uso a fines presupuestarios. La última novedad fue la autorización, fuera de los términos del acuerdo, para vender dólares que financiarán la fuga en un mercado cambiario desregulado. Las reservas se van, pero la deuda queda. El próximo gobierno tendrá que devolver un 90 por ciento de la deuda contraída, sin saber con cuántas reservas contará al comienzo de su mandato.

Las condiciones fiscales y monetarias restrictivas del acuerdo, que incluyen una meta de superávit primario del 0,5 por ciento del PBI en 2020, obstaculizarán el crecimiento y la generación de recursos que permitan pagar la deuda.

El desmedido endeudamiento limitará además un eventual uso inteligente del instrumento. Al margen de los dogmas, el crédito externo puede ser una decisión financiera adecuada si se aplica a usos que permitan incrementar las exportaciones o reducir las importaciones.

El próximo gobierno tendrá que lidiar con vencimientos de deuda extraordinarios en pleno intento de estabilizar una economía en riesgo de espiralización. A pesar de la caída de importaciones por la crisis, la sangría financiera de divisas se mantiene y la carrera de postas entre inflación y tipo de cambio se acelera.

En su diagnóstico de la situación argentina, el Fondo recomendó reformas estructurales en materia previsional, laboral y monetaria, que luego no incluyó al momento de formalizar los términos del acuerdo. El gobierno se ahorró un motivo adicional de desestabilización de la situación política. Es una incógnita si el acreedor las exigirá cuando el cronograma de vencimientos apure negociaciones sobre los términos del acuerdo. La trayectoria de las reformas estructurales en la Argentina muestra la gravedad de tropezar otra vez con la misma piedra.

* Economista del Instituto de Trabajo y Economía – Fundación Germán Abdala.

Fuente; Página 12