El sueño de una offshore a la vuelta de la esquina
A través de un DNU, Macri busca convertir a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. Así lo denunció la fiscal Boquin y advirtieron tres gremios.
A través de un DNU, Macri busca convertir a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. Así lo denunció la fiscal Boquin y advirtieron tres gremios.
La fiscal Gabriela Boquin denunció que el gobierno de Mauricio Macri intenta formalizar a través de un DNU –como advirtieron varios gremios– la instalación de una guarida fiscal en la Ciudad de Buenos Aires mediante la creación de un organismo porteño equivalente a la Inspección General de Justicia (IGJ), pero con controles laxos para sociedades locales y extranjeras, lo que burlaría una medida cautelar que está vigente hace una década, que ordenó detener el armado de esa dependencia. Es evidente que el Presidente intenta crear un sistema autónomo que facilite, cómo es clásico en las sociedades offshore, el ocultamiento de los verdaderos dueños y minimice la fiscalización de su funcionamiento. Es más, la presentación señala que el gobierno porteño no sólo montó en 2017 esa dependencia judicialmente impugnada, sino que su titular, Hernán Najenson, presentó informes de gestión, ya se dedicó a hacer convenios con el Estado nacional, y reclamó la remuneración por el cargo. Boquin hizo el planteo ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que está por resolver una discusión de hace años sobre la legitimación de su fiscalía para actuar en el caso. Señala una “situación sumamente anómala, inconstitucional y contraria a las bases de nuestro sistema federal”.
El origen de esta polémica se remonta a febrero de 2009, cuando quien ocupaba el cargo de fiscal ante la Cámara Comercial era Alejandra Gils Carbó y planteó la inconstitucionalidad de la ley 2875, aprobada por la Legislatura Porteña impulsada por el PRO, para crear un Registro Público de Comercio y Contralor de Personas jurídicas en el ámbito de la Ciudad. La ex procuradora decía que ese organismo duplicaba las funciones y competencia de la IGJ, y que -además- era contrario a una ley nacional, la llamada Ley Cafiero, que daba autonomía a la Ciudad de Buenos Aires pero mantenía la IGJ dentro de la jurisdicción del Estado nacional. También anunciaba que era un artilugio para permitir el funcionamiento de sociedades off shore, que se utilizan para ocultar los dueños y beneficiarios de grandes negocios.
Gils Carbó volvió a explicar ante la consulta de algunos medios lo que ya había planteado hace diez años: las características de la IGJ porteña según la ley son las de un sistema de registro simplificado, beneficioso para las sociedades, que pone en peligro a los consumidores, ahorristas, proveedores de grandes empresas, porque si se relajan controles para inscribir balances, hacer fusiones o concentraciones, no se podrá determinar si lo que está en juego son negocios lícitos o no. Un organismo de estas características es clave para un monitoreo judicial, para controlar a los verdaderos dueños de negocios que las estructuras offshore u otras variantes. La IGJ que depende del Estado nacional, tiene de la época de la gestión de Ricardo Nissen, un sistema riguroso de control de operaciones con el uso de sociedades offshore y otras útiles para el ocultamiento de maniobras de todo tipo. Ante aquel pedido de Gils Carbó ante el juez comercial Máximo Astorga hizo lugar a una medida cautelar que impidió la implementación el esa IGJ paralela o Registro Público. Todo esto explica la inquina de Macri contra la ex jefa de los fiscales, a quien presionó con denuncias a través de organizaciones afines hasta lograr su renuncia.
La ley de la IGJ porteña permitía que el órgano se fuera implementando a través de convenios con el Estado Nacional. Pese a la prohibición judicial, Rodríguez Larreta lo creó por decreto en 2016 y puso como director a Najenson, quien comenzó firmando un convenio con la IGJ nacional, que depende del Ministerio de Justicia, para implementar un traspaso. Najenson comenzó a trabajar con otras áreas porteñas para directamente apurar la creación de empresas en el ámbito de la Ciudad. Por esto ambos fueron denunciados penalmente y los investigan el fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
En los últimos días, una serie de indicios hacían suponer que la Cámara en lo Contencioso estaba por resolver contra la continuidad de la fiscal Boquin en el caso, lo que podría allanar el camino legal a la IGJ porteña, pero simultáneamente tres gremios (Unión de Empleados de la Justicia, Asociación Trabajadores del Estado y Unión Personal Civil de la Nación) denunciaron “el posible dictado de un decreto de necesidad y urgencia para formalizar esta situación sumamente anómala, inconstitucional y contraria a las bases de nuestro sistema federal”, planteó Boquín en una presentación realizada ante los camaristas, para que tengan en cuenta todos los elementos actuales a la hora de resolver. También recordó que es “de por sí irregular” que el gobierno porteño haya “avanzado en la ejecución del traspaso de competencias de la IGJ al organismo creado por ley de la legislatura porteña desconociendo la medida de no innovar vigente. Ello con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, advirtió.
Al sintetizar el panorama la fiscal de Cámara señaló: que el gobierno porteño avanzó en crear el órgano en cuestión pese a una orden judicial que lo impedía, que también pese a eso el Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano “colabora con la implementación de la operatividad”, que se aprobó un informe de gestión de Najenson que revela que en 2016 se dedicó a organizar el organismo, suscribió convenios con la cartera de Justicia nacional y reclamó el pago de un sueldo por su cargo. “El ministerio de Justicia y Derechos Humanos facilitó información en relación a recursos humanos a un director de un ente que no podía estar en funciones por la medida de no innovara dictada” y que sigue vigente.
