En Argentina, más de 1,3 millones de personas se reconocen indígenas o descendientes de pueblos originarios
El Censo 2022 registró que más de un millón de personas reconocieron ser integrantes o descendientes de alguno de los 58 pueblos originarios en el país. Entre los que tienen mayor población son: el pueblo Mapuche, Guaraní, Diaguita, Qom/Toba, Kolla, Wichi y Quechua.
El Censo 2022 registró que más de un millón de personas reconocieron ser integrantes o descendientes de alguno de los 58 pueblos originarios en el país. Entre los que tienen mayor población son: el pueblo Mapuche, Guaraní, Diaguita, Qom/Toba, Kolla, Wichi y Quechua.
Más de un millón de personas reconocieron ser integrantes o descendientes de alguno de los 58 pueblos originarios registrados en Argentina por el censo poblacional 2022, a la vez que indicaron que hablan o entienden unas 53 lenguas ancestrales.
El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, cuya última edición fue realizada por el Indec en 2022, computó nuevos datos relacionados a la población originaria, entre ellos la ampliación del número de pueblos reconocidos y la autoidentificación de muchos de ellos con sus propios nombres o etnónimos en sus propias lenguas.
Los resultados del censo determinaron que 1.306.730 personas se reconocen indígenas o descendientes de alguno de los 58 pueblos originarios, lo cual representa el 2,9% del total de las personas en viviendas particulares, mientras que en el Censo 2010 representaba 2,4%.
Los seis pueblos con mayor población a nivel nacional, en orden descendente, son Mapuche 145.783 personas, Guaraní 135.232, Diaguita 86.022, Qom/Toba 80.124 , Kolla 69.121, Wichi 69.080 y Quechua 52.154.
Mientras que los pueblos con menor población registrada son Isoceño 10 personas, Alacaluf 10, Haush/Maneken 6 y Ansilta 2.
Según el Censo, el pueblo mapuche reside principalmente en las provincias de Neuquén (27,4%), Río Negro (20,7%), Buenos Aires (20,4%) y Chubut (16,2%). En tanto, el pueblo guaraní se concentra en su mayoría en la de Buenos Aires (36,9%) y Salta (26,2%).
Por otro lado, el 75,1% de la población diaguita vive en las provincias de Tucumán, Salta, Buenos Aires y Catamarca, y, en cuanto al pueblo qom/toba el 29,7% se distribuye entre Chaco, Buenos Aires, Formosa y Santa Fe.
El 78,1% de la población kolla se concentra en Jujuy y Salta, ambas provincias del noroeste argentino. Mientras que el 78,2% de la población wichi vive actualmente en Salta y Formosa.
Respecto al género de las personas, se registraron 674.455 mujeres o femenina y 632.275 varones o masculinos, quienes respondieron a la pregunta por sexo registrado al nacer, donde la categoría “X” de las respuestas se distribuyeron entre las categorías “mujer/femenino” y “varón/masculino”.
Las seis provincias con mayor proporción de población indígena son Jujuy (10,1%), Salta (10%), Chubut (7,9%), Formosa (7,8%), Neuquén (7,7%) y Río Negro (6,4%). Mientras que Corrientes y Entre Ríos constituyen las jurisdicciones con menor porcentaje de población indígena (1,3%) respecto del total de población censada en cada una de ellas.
En 2010 la composición de la población originaria fue de 955.032 personas, que representaban el 2,38% del total de la población e integraban alguno de los 31 pueblos indígenas registrados hasta ese momento.
El abogado diaguita y militante de los DDHH, Martín Plaza, señaló que “el Estado tiene que conocer en profundidad la gran diversidad de pueblos que existen y preexisten en lo que hoy se llama Argentina, para poder formular políticas públicas interculturales acorde a la gran diversidad de pueblos y culturas que preexisten en este territorio”.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoce en la actualidad unos 40 pueblos-naciones indígenas y en el Censo 2022 se detallan 58.
Al respecto, Plaza indicó: “Es un dato sumamente importante que demuestra algo que, también, las organizaciones indígenas vienen marcando desde hace muchos años que es el carácter dinámico del auto reconocimiento y sobre la cantidad de pueblos que pre-existen en nuestro territorio”.
Los datos cuantitativos y cualitativos publicados por el Indec “ayudan a derribar mitos y prejuicios que pretenden negar la existencia de los pueblos indígenas en Argentina, y son una herramienta muy fuerte para combatir aquellos discursos negacionistas, estigmatizantes y discriminatorios”, explicó el abogado.
Y remarcó: “Las condiciones de vida son un aspecto fundamental para poder orientar políticas públicas a generar mayores accesos a derechos”.
En ese sentido, dijo que “a futuro es importante vincular esto con información relacionada a las condiciones de vida de los pueblos indígenas hoy, tanto en el acceso al territorio como las condiciones de sus integrantes en la urbanidad”.
“Hubiera sido importante que este tipo de procesamiento de información se hubiera realizado con notarios del Estado, con el INAI y con las organizaciones indígenas”, consideró Plaza.
Respecto a la escolarización y formación académica, los datos señalan que el 28,3% (369.877 personas) de quienes fueron censados asisten a un establecimiento educativo.
El 29,8% de la población indígena adulta (25 años en adelante) tiene estudios de nivel superior o universitario incompleto o completo, el 25,2% completó el secundario y el 45% no lo concluyó.
En 1998, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 24.956 de Censo Aborigen, que estableció incluir la medición de la temática indígena en el siguiente censo nacional a partir del criterio de autorreconocimiento, autoidentificación de identidad y pertenencia a comunidades indígenas.
En el Censo de 2001, Argentina incorporó la medición de la temática de los pueblos indígenas, lo que marcó un punto de inflexión en la historia de las estadísticas del país, y en el Censo 2010 se incluyó una pregunta relativa al nombre del pueblo indígena u originario respecto del cual la persona se reconoce y también se preguntó si habla o entiende su lengua.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado en 1989, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
Fuente: Somos Télam
(*) Esta nota fue producida por las y los trabajadores de Télam que resisten el cierre de la agencia estatal y garantizan el derecho a la información. Desde La Nueva Mañana, nuestra solidaridad y apoyo en esta lucha.
