En Río Cuarto, el 27% de las boletas de luz y gas son tasas e impuestos
En una factura promedio de Ecogas hay 15 renglones, de los cuales 10 corresponden a aspectos impositivos y tasas de diferentes niveles estatales.
En una factura promedio de Ecogas hay 15 renglones, de los cuales 10 corresponden a aspectos impositivos y tasas de diferentes niveles estatales. De todos modos, y más allá de que se apunta a municipios y provincias, la mayor carga la impone la Nación con el IVA, aunque es coparticipable y se distribuye hacia el interior
El salto que vienen registrando las boletas de electricidad y gas que deben pagar los usuarios a medida que la Nación avanza en la quita de subsidios tuvo como contracara una buena noticia para los tres niveles estatales en materia de ingresos. Es que, en las facturas, los clientes de esos servicios esenciales no sólo abonan el consumo energético, sino que además están tributando a la Nación, a la Provincia y al Municipio por distintos ítems que figuran desglosados.
Claro que la práctica no es exclusivamente cordobesa, sino que los Estados subnacionales de todo el país encontraron hace años una forma segura de hacerse de recursos, incluyendo cargos en la factura eléctrica, que no puede dejar de pagarse por el riesgo de corte en el servicio. Pero lo que empezó tímidamente, hoy ya representa más de un cuarto del valor final de la boleta. En el caso de Río Cuarto, el 27% de la factura de electricidad y gas no corresponde al consumo, sino a tasas e impuestos.
Se sabe que, cuando la economía del país ingresa en terreno de crisis, una de las primeras formas que tienen las familias de resistir es discontinuando el pago de tributos a los municipios o la provincia: son los primeros que empiezan a advertir la caída de recaudación. Los que están dentro de la factura de la luz y gas no dan esa posibilidad.
Pero el aumento de la presión tributaria y de tasas que en los últimos meses aplicaron ciertos municipios del conurbano bonaerense para intentar contrarrestar la caída de la recaudación por efecto de la recesión económica encendió alarmas y generó un malestar adicional entre los contribuyentes. El Gobierno, advertido de esto, decidió ahora cortar de cuajo con la posibilidad de incluir en las facturas de luz y gas tributos provinciales o tasas municipales, algo que incluso desde hace décadas la Defensoría del Pueblo de la Nación venía reclamando. Ayer, el cordobés Eduardo Mondino, el último ombusman designado formalmente, remarcó: “Ahora hay que reducir los impuestos nacionales también, los usuarios solo deben pagar lo que consumen por un servicio. Eso es lo justo y así tendremos tarifas razonables y que se puedan pagar”.
Lo cierto es que mientras el Nivel 1 de los residenciales (mayor poder adquisitivo), comercios e industrias pagan ya niveles cercanos al 100% del valor de la energía y el Gobierno duda sobre cómo seguir instrumentando la eliminación de subsidios al resto de los usuarios, los tres niveles estatales empezaron a recibir mayores fondos por la recaudación incluida en la factura eléctrica.
Tomando una factura de luz en Río Cuarto se observa que el 73,3% del monto final a pagar es “energía pura”, lo que se describe en la boleta como “Neto Epec”. El resto corresponde a otros cargos no vinculados estrictamente al servicio eléctrico. Esto implica que, en una factura de 25.000 pesos mensuales, hay $18.000 de luz y $7 mil que el usuario paga con otra finalidad.
Prácticamente la mitad de ese plus se lo lleva el IVA, que, si bien es un impuesto nacional, es de los más importantes que nutren la masa coparticipable, por lo cual también llega a la Provincia y los municipios. En este caso el 21% se aplica sobre el monto “Neto Epec”. Vale recordar que el IVA se distribuye en un 11% para la seguridad social, un 35% queda en manos de la Nación y el 54% restante, entre las provincias.
Es decir, la Nación tendrá en esta decisión de quitar subsidios un doble beneficio: ahorro por dejar de aportar recursos y mayores ingresos tributarios.
En segundo lugar en relevancia aparece el 10% del Fondo de Desarrollo Energético Provincial (Fodep) creado en 2019 con la idea de fondear obras eléctricas en Córdoba. En la boleta de ejemplo, suma poco más de $1.800. Este fondo se cobra en las facturas del servicio que presta Epec en la provincia y también de cooperativas del interior. Cabe mencionar que enfrentó la polémica por la supuesta contradicción con la ley 10.545 de 2018 que establecía que las facturas de los servicios de agua, energía eléctrica y gas de la provincia solo deben contener los cargos por consumo según el cuadro tarifario, más impuestos y subsidios; esto, a fin de que solamente se pague por el bien consumido. Originalmente, el Fodep tenía vigencia por tres años, hasta el 31 de diciembre de 2022, pero luego recibió una primera prórroga hasta fines de 2023 y el año pasado, cerca del vencimiento, el 15 de diciembre, se volvió a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027. En paralelo, el porcentaje nació en el 5% y con los años se duplicó.
Tomando una factura de luz en Río Cuarto se observa que el 73,3% del monto final a pagar es “energía pura”, lo que se describe en la boleta como “Neto Epec”. El resto corresponde a otros cargos.
En el tercer escalón aparece la Ordenanza Impuesto Municipal (OIM) que sobre el “Neto Epec” carga un 5,73%. En la factura modelo son unos $1.050 adicionales. El surgimiento de ese ítem fue aceptado por el gobierno provincial como una forma de asegurarse el cobro por parte de los gobiernos locales de la energía destinada al alumbrado público. El Ersep le da luz verde siempre que esos fondos se destinen exclusivamente al pago específico del alumbrado
Finalmente, hay dos renglones más en la factura de electricidad, individualmente insignificantes, pero que si se computan los 1,1 millones de clientes que tiene Epec en toda la provincia terminan generando un volumen importante de dinero: son la Tasa de Regulación Ersep (0,4%) y Tasa de Seguridad Eléctrica (0,1%). En la factura del ejemplo aportan 73 y 19 pesos, respectivamente, por mes.
El caso de Ecogas
El caso de la factura de gas no es diferente al de la electricidad, donde los distintos niveles del Estado vuelcan tasas y tributos que se garantizan cobrar, y más en tiempos de crisis. Hay en ello un dato más: a medida que se retiran subsidios de la boleta, el ingreso al Estado nacional aumenta, al tiempo que se recortan lógicamente los aportes. En suma, mejora ingresos y reduce egresos. La cuenta es redonda para la Nación.
Semanas atrás, el economista cordobés Nadin Argañaraz había explicado que “en nuestro país, la prestación del servicio de gas natural residencial está sujeta a la imposición de tributos directos e indirectos por parte de los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. También, el gobierno nacional mantiene un subsidio que reduce el valor neto del servicio al usuario final”.
Por lo tanto, mientras el Estado nacional se ahorra recursos por la quita de subsidios, obtiene al mismo tiempo una mejora en su recaudación tributaria porque los usuarios deben afrontar alzas en los montos que pagan de IVA dentro de la factura. Un efecto similar ocurre con los tributos provinciales y tasas municipales.
En particular, la factura de Ecogas ya cuenta con un primer elemento que no es atribuible al Estado, sino a la empresa y es el enorme incremento en el costo fijo del servicio, que es invariable más allá de lo que se consuma. Puntal publicó semanas atrás que en los últimos ocho meses, algunas facturas de gas tuvieron un fuerte incremento en ese ítem que lo llevó de unos $ 900 a $ 14 mil.
Ahora bien, sobre la presión tributaria, una factura de Ecogas que tiene 15 escalones de detalles, suma 10 que fueron incluidos por la Nación, la Provincia o el Municipio. Allí se encuentra una Tasa por Ocupación del Espacio Público que sumó el Municipio al igual que otro ítem por el Uso del Suelo. Se agrega el Impuesto Ley 25.413 e Ingresos Brutos tanto para el Transporte como para la Distribución. ¿Pero qué es el Impuesto Ley 25.413? Es básicamente el traslado de una carga tributaria de la empresa distribuidora a sus clientes. El Enargas, mediante la Resolución N° 2.700, autorizó a trasladar a las tarifas el Impuesto Ley 25.413 (Dec. Reglamentario 380/01), correspondiente a Débitos y Créditos Bancarios, con vigencia a partir del 3 de abril de 2001. El valor a debitar al cliente no resulta de una alícuota fija, sino que depende de la determinación del total del débito percibido por la distribuidora en el período facturado y distribuido proporcionalmente conforme al monto de la factura de los clientes.
Se agrega luego el municipal “Contribución Comercio e Industria”, el IVA y el Fondo Fiduciario artículo 75, Ley 25.565. Con todo, en una factura de unos 33 mil pesos, hay 9 mil que no corresponden al consumo de gas en un cliente residencial, una proporción muy similar a la de la factura de electricidad.
Uno de los enigmas de las boletas
¿Qué es el Impuesto Ley 25.413 que cobra Ecogas? Es básicamente el traslado de una carga tributaria de la empresa distribuidora a sus clientes. El Enargas, mediante la Resolución N° 2700, autorizó a trasladar a las tarifas el Impuesto Ley 25.413 (Dec. Reglamentario 380/01), correspondiente a Débitos y Créditos Bancarios, con vigencia a partir del 3 de abril de 2001.
El valor a debitar al cliente no resulta de una alícuota fija, sino que depende de la determinación del total del débito percibido por la distribuidora en el período facturado y distribuido proporcionalmente conforme al monto de la factura de los clientes.
Ya está en vigencia y se abre un plazo de 30 días para su adecuación
Primero lo anticipó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en su programa de streaming y luego se publicó, horas más tarde, en el Boletín Oficial: las boletas de los servicios no podrán incluir más cargos extras aplicados por provincias y municipios como impuestos y tasas.
«Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales, tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio», aseguró Caputo.
Ayer, en el Boletín, se detalló en dos artículos que:
– La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable;
– El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto en la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, y normas reglamentarias. Desde agosto, comenzaron los reclamos de diversas cámaras empresariales por los aumentos de las tasas municipales, que vienen incluidas en las boletas de los servicios públicos.
En un tercer artículo se agregó que la entrada en vigencia era de manera inmediata con la publicación de la resolución y que había un plazo de 30 días para la adecuación de parte de las empresas.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron que «la Nación va haciendo una reducción de impuestos, pero, a nivel local, lamentablemente, se van fortaleciendo las tasas municipales y a los vecinos se les va encareciendo la producción y haciendo más gravoso mantener las empresas». Fue una de las entidades que en las últimas semanas advirtió sobre lo que se agravó especialmente en el conurbano bonaerense cuando los gobiernos locales empezaron a sentir el impacto de la caída de la recaudación y echaron mano a las boletas de luz y gas para subir las alícuotas que venían cobrando. A partir de allí, el Gobierno tomó la decisión que alcanza a todo el país.
