En Rosario vive en asentamientos el doble de familias que en Córdoba
El informe cuestiona el abordaje de la fragmentación urbana y social que se hace en Rosario.
Un estudio, que echa luz sobre el problema en siete jurisdicciones del país, muestra severas desigualdades urbanas e inequidad territorial.
En el departamento Rosario, 46.050 familias viven en asentamientos precarios. En el departamento Capital de la provincia de Córdoba, menos de la mitad: 21.300. Y eso pese a que la población de la ciudad mediterránea supera la local: según el último censo, 1.329.604 personas, contra 1.193.605. Los números, que surgen de un relevamiento realizado el año pasado por la organización no gubernamental Techo, no mejoran tampoco ampliando la unidad de análisis: en toda la provincia vecina hay 28.600 hogares en situación de hábitat informal, mientras que sólo en el Gran Rosario (lo que incluye el cordón industrial hasta San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez y Pérez) llegan a 50.500, distribuidos en 172 asentamientos irregulares. La comparación sigue dando pérdida si se entabla con el partido bonaerense de La Matanza o el Gran La Plata. Sólo Quilmes sale peor parado, ya que tiene casi la misma cantidad de familias que Rosario viviendo en barrios irregulares, pero apenas la mitad de su población.
«En los asentamientos la pobreza es más que un problema de vivienda: es también imposibilidad del acceso a los servicios básicos formales y no contar con el servicio de recolección de basura», afirma el director de Techo Rosario, Tomás Gregorini, al lanzar la octava edición de la colecta de la ONG (ver aparte).
El estudio buscó determinar «el universo de asentamientos informales» existentes al primer semestre de 2013 en provincia y Ciudad de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Gran Rosario, Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el departamento Capital de la provincia de Misiones y parte de la provincia de Salta. Jurisdicciones que nuclean el 60 por ciento de la población del país.
El informe define a los asentamientos como «barrios informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo». Y dentro de ese universo se desglosa tres categorías específicas: barrios populares informales, asentamientos y villas (de emergencia), en creciente grado de irregularidad, informalidad y hacinamiento.
Números locales
En el Gran Rosario los asentamientos informales detectados, que habitan 50.500 familias, suman 172. De ellos, 89 responden a las características de villa, 73 a las de asentamiento y sólo 10 son clasificados como «barrios populares informales».
En lo que hace a Rosario estrictamente como ciudad, más de la mitad de los barrios informales son villas (55 por ciento). En cambio, en el conurbano predominan los asentamientos.
Pero para poder comparar con Córdoba, la jurisdicción a considerar es el departamento. De ese contraste surge que mientras en la capital mediterránea los asentamientos suman 134 y albergan a 21.300 hogares, en Rosario son 147 para 46.050 familias. Más del doble.
Siempre según el informe, el acceso a los servicios básicos dentro de esos asentamientos es parejamente deficitario en las dos ciudades. Peor parada queda Rosario sólo en materia de electricidad. Por ejemplo: en Córdoba los «enganchados» a la luz con conexiones irregulares representan el 56,4 por ciento del total, mientras que en Rosario trepan a, 94,6 por ciento.
«En los últimos 15 años Rosario puede presentar una forma innovadora y exitosa de intervención urbana como marca de gestión. Sin embargo, esas modalidades no se han podido trasladar al abordaje de la fragmentación urbana y social, que ha modificado cuantitativa y cualitativamente las condiciones de vida en la ciudad», afirma en el texto que antecede el capítulo de Rosario el director de proyectos del Instituto de Gestión de Ciudades, Roberto Monteverde.
Y llama la atención sobre la «territorialización» del problema, en el sentido de que indicia una «configuración de desigualdades urbanas e inequidad territorial.
«Los procesos especulativos de la tierra, la renta urbana que se genera en una parte de la ciudad y que no se logra transferir a zonas degradadas de la misma, la competencia por el suelo urbano por parte de emprendimientos inmobiliarios que expulsan población de bajos recursos, la producción de vivienda social escasa y de baja calidad, deberán ser puestos en debate para que pueda diseñarse otro modo de abordar el tema de la vivienda y el hábitat», señala. Una agenda que pocos discuten ya, pero que cuesta plasmar en la realidad.
