Ferraresi: «Las leyes de aplicación directa de alquileres tienen que ser provinciales o municipales»
Según el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, una ley nacional de alquileres "no resuelve" las problemáticas de alquiler de vivienda, dada la heterogeneidad de ciudades que hay en todo el país, por lo que dijo que "es bueno" que exista un debate de todos los bloques políticos en el Congreso para rediscutir la normativa vigente.
Según el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, una ley nacional de alquileres «no resuelve» las problemáticas de alquiler de vivienda, dada la heterogeneidad de ciudades que hay en todo el país, por lo que dijo que «es bueno» que exista un debate de todos los bloques políticos en el Congreso para rediscutir la normativa vigente.
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, se mostró este lunes a favor de que el Congreso nacional defina «una ley marco» para tratar los alquileres de viviendas a nivel nacional aunque sostuvo que «las leyes de aplicación directa tienen que ser dictadas desde las provincias o municipios», ya que son los niveles del Estado que «definen cómo quiere que crezcan sus ciudades».
«Me parece que la ley (de alquileres) tiene cosas buenas y hoy hay un debate de todos los bloques políticos de rediscutirla. Me parece bueno que así sea. Me parece que la Nación tiene que dar una ley marco y que las leyes de aplicación directa tienen que ser desde provincias o municipios», sostuvo Ferraresi en diálogo con Canal 3 de la ciudad de Rosario.
La Argentina, apuntó el ministro, debería seguir «ejemplos que hay en todas partes del mundo» en los que son niveles del Estado «más cercanos al territorio» los que definan la aplicación de las normas de vivienda para alquiler.
«Generar (una ley) desde le gobierno nacional hace que hoy se hable de un impuesto (a la vivienda ociosa), lo cual es complejo porque a tu casa llegan impuestos del municipio en tasa de ABL o de servicios generales y la provincia, que cobra rentas. La manera de aplicar algo que tenga incidencia sobre las viviendas ociosas tendría que ir por ese lado», dijo el ministro.
«La actual ley «tiene una muy buena intención pero luego resulta siendo poco aplicable», dijo Ferraresi.
En ese sentido, aseguró que la actual ley «tiene una muy buena intención pero luego resulta siendo poco aplicable con lo que tiene que ver con la realidad » ya que, por ejemplo, establece como exigencia una instancia de mediación entre propietario e inquilino cuando «hay 11 provincias que no tienen mediación».
«Por eso digo que cada municipio, en función de sus ordenanzas, define cómo quiere que crezca su ciudad y, por eso, tiene que definir qué tipo de construcciones hace y cómo desarrolla políticas que promueva la construcción de viviendas para alquiler», afirmó.
Y concluyó: «La experiencia nos da que puede haber una ley marco a nivel nacional que genere condiciones pero las aplicaciones de manera directa el territorio es mucho más eficaz y eficiente y además conocen cómo quiere planificar el crecimiento».
«Me parece que la Nación tiene que dar una ley marco y que las leyes de aplicación directa tienen que ser desde provincias o municipios».Jorge Ferraresi
El viernes pasado diputados del Frente de Todos (FdT), encabezados por José Luis Gioja, presentaron un proyecto para modificar la actual ley de alquileres, aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, que contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos.
La iniciativa propone, además, que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tenga un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.
El proyecto busca modificar la ley impulsada en 2019 por Cambiemos -sancionada en 2020- que cambió aspectos esenciales del contrato de locación de inmuebles, y que generó el rechazo tanto de inquilinos como de propietarios.
La normativa estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior- y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.
