FMI: «La deuda de Argentina no es sostenible»
El equipo que visitó la Argentina subrayó que, tal como sostiene el Gobierno, "no es económicamente ni políticamente factible" pagar la deuda a los bonistas privados, lo que abre la puerta a la negociación con ellos.
El equipo que visitó la Argentina subrayó que, tal como sostiene el Gobierno, «no es económicamente ni políticamente factible» pagar la deuda a los bonistas privados, lo que abre la puerta a la negociación con ellos. También respaldó las primeras medidas económicas tomadas por el Gobierno.
El FMI consideró que la deuda externa argentina “no es sostenible” y que por lo tanto se requiere que la reestructuración se haga en base a “una contribución apreciable de los acreedores privados”. Esto quiere decir que el organismo abogó por una negociación de deuda que no sólo modifique plazos en el repago de las obligaciones con tenedores privados sino que además implique una considerable quita, ya sea de capital, intereses o ambos. Hubo otros guiños del FMI hacia el gobierno, con consideraciones positivas sobre las primeras medidas implementadas y en relación a la coherencia el plan económico. Sin embargo, el FMI no hizo autocrítica ni se refirió al hecho de que el gobierno anterior aplicó al pie de la letra las recomendaciones del organismo a la hora de tomar los fabulosos créditos de 44 mil millones de dólares en 2018 y 2019, lo cual implica que el fracaso estuvo de entrada en el gen del programa. El Fondo dejó en claro que no acepta ni quitas ni reperfilamiento en sus créditos otorgados, lo cual obliga al gobierno argentino a entrar en un nuevo programa de financiamiento si es que decide pagar los enormes vencimientos de capital previstos para 2022 y 2023. Una de las grandes incógnitas es si el gobierno buscará cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo como llave para resolver la negociación con los acreedores privados. Si bien el acuerdo con el FMI no es una condición necesaria, la secuencia habitual sí supone un entendimiento previo con el organismo. Y nuevos desembolsos pueden venir de la mano de las recetas de austeridad y pedidos de reformas estructurales que ya han demostrado su fracaso.
Este miércoles concluyó la misión técnica del Fondo en el país, liderada por Julie Kozack, Subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina. El resultado más palpable es el comunicado emitido por el Fondo, que en líneas generales es favorable al gobierno argentino porque le permite apuntalar la negociación con los acreedores privados. La declaración del Fondo acerca de la falta de sostenibilidad de la deuda pública y de la necesidad de que haya una quita en el valor presente de los bonos en manos de tenedores privados es un paso más en el camino de gestos del organismo hacia la nueva administración. En esa línea también estuvo la reunión en Roma entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien señaló en ese momento que “las medidas adoptadas hasta el momento van en la dirección de restaurar la estabilidad macroeconómica y proteger a los pobres”.
El gobierno enfrenta en las próximas semanas la negociación con los acreedores privados, cuyo resultado será determinante para el resto de la gestión. “El personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad”, señaló el Fondo.
El organismo considera que la reestructuración tiene que hacerse de una vez y bien, algo que también tiene en claro el propio Guzmán, quien ha estudiado numerosos casos de negociaciones a medias que no sirven porque al poco tiempo el país vuelve a entrar en una situación de insostenibilidad. Para el FMI, tiene que haber quita porque el reperfilamiento no va a alcanzar. Se entiende a la quita como una rebaja del valor presente neto, ya sea por recorte de capital o de intereses. Kristalina Georgieva puede brindar nuevos gestos a la posición argentina en la reunión que mantendrá con Martín Guzmán en Riad, Arabia Saudita, donde se va a desarrollar en los próximos días la reunión de ministros del G-20. También mantendrá un encuentro con el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin. Así, Guzmán busca llegar con más aire a la negociación con los acreedores privados, cuya agenda de vencimientos este año es imposible de afrontar para la economía nacional.
En las reuniones entre los técnicos del Fondo y los funcionarios argentinos no hubo mención a la imposibilidad de afrontar los pagos que exige en 2022 y 2023 el crédito récord de 44 mil millones de dólares que tomó la administración de Mauricio Macri en 2018 y 2019. Sin embargo, el mensaje del organismo es claro en el sentido de que no va a admitir ni quitas en capital o intereses ni reperfilamiento de los pagos. Es decir que para pagar la deuda con el Fondo sería necesario que el gobierno ingrese en un nuevo acuerdo de financiamiento. Un punto importante es que las reestructuraciones de deuda con acreedores privados suelen tener como paso previo haber solucionado la situación con el Fondo. Pero la aprobación de un nuevo crédito del FMI puede contener las clásicas exigencias del organismo en materia de austeridad fiscal y reformas estructurales, como por ejemplo, en las jubilaciones. Más allá del apoyo inicial del Fondo a las medidas del gobierno, esto no implica que a la hora de acordar nuevos desembolsos de dinero no reaparezcan las exigencias que ya demostraron, con creces, altísimas probabilidades de fracaso.
El otro gesto del Fondo al gobierno argentino tiene que ver con el apoyo a las primeras medidas tomadas. “Las reservas internacionales y el peso se han estabilizado con el apoyo de los controles de capital y el superávit comercial. La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses, pero esfuerzos adicionales serán necesarios para reducirlas aún más desde sus altos niveles actuales”, indica el comunicado del Fondo. Los funcionarios del FMI se reunieron con Guzmán y su equipo; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y los ministros de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Los técnicos del Fondo mostraron entendimiento acerca de las proyecciones oficiales en materia fiscal y comercial, las cuales todavía se desconocen porque Guzmán no las explicitó durante su exposición en el Congreso. En materia de inflación, los funcionarios del Fondo coincidieron con el gobierno en la aplicación del congelamiento temporario de las tarifas y también en mantener los controles de capitales y sólo levantarlos muy gradualmente y con muchísimo cuidado.
Texto completo de la Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina
19 de febrero de 2020
Un equipo del FMI, dirigido por Julie Kozack, Subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina, visitó Buenos Aires[1] del 12 al 19 de febrero de 2020 para discutir con las autoridades argentinas los recientes desarrollos macroeconómicos y conocer en mayor detalle el programa económico del gobierno. Al finalizar la misión, la Sra. Kozack y el Sr. Cubeddu emitieron la siguiente declaración:
“El personal del FMI tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas, cuyos lineamientos han sido reiterados la semana pasada por el ministro de Economía, Martin Guzmán, en su presentación en el Congreso de la Nación. Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo.
Las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. Han implementado un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía. Se ha buscado aumentar la recaudación en parte para financiar un mayor gasto social, que por lo general está dirigido a atender las necesidades de los más vulnerables. Las reservas internacionales y el peso se han estabilizado con el apoyo de los controles de capital y el superávit comercial. La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses, pero esfuerzos adicionales serán necesarios para reducirlas aún más desde sus altos niveles actuales. Las autoridades también se encuentran en un proceso para garantizar una resolución sostenible y ordenada de su situación de deuda.
El personal del FMI notó que la capacidad de enfrentar el nivel y el servicio de la deuda pública de Argentina se deterioró significativamente en comparación con el último análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI, publicado en julio de 2019, en el contexto de la Cuarta Revisión bajo el Acuerdo Stand-By (SBA). En esa ocasión, la evaluación general fue que la deuda pública de Argentina era sostenible, pero no con una alta probabilidad, dados los riesgos sustanciales, que incluían: (i) problemas en refinanciar la deuda por el aumento de nuevas emisiones de corto plazo; (ii) vulnerabilidad de la trayectoria de la deuda pública a la volatilidad del tipo de cambio, dado que una gran parte está denominada en moneda extranjera; y (iii) grandes necesidades de financiamiento externo, variable que por lo general es buen un predictor de crisis en economías emergentes.
Desde entonces, esos riesgos a la sostenibilidad de la deuda se han materializado. De hecho, desde julio de 2019, el peso se ha depreciado en más del 40 por ciento, el riesgo soberano ha aumentado cerca de 1100 puntos básicos, las reservas internacionales han disminuido alrededor de US$ 20 mil millones y el PIB real se ha contraído más de lo que había sido proyectado. Como resultado, la deuda pública bruta aumentó a cerca de 90 por ciento del PIB a fines de 2019, 13 puntos porcentuales más que la proyección en el momento de la Cuarta Revisión. Además, dadas las profundas dificultades de financiamiento que surgieron, desde agosto 2019 se han adoptado medidas para mitigar la fuga de capitales y extender el vencimiento de ciertas deudas. Al mismo tiempo, se ha tenido que recurrir al Banco Central para financiar parte del déficit fiscal.
A la luz de estos desarrollos, y sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda.
El personal del FMI y las autoridades continuarán dialogando estrechamente a medida que las autoridades continúen avanzando en la concreción de sus planes y políticas económicas. En el contexto de la próxima reunión de Ministros de Finanzas del G20, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunirá con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, a efectos de definir los próximos pasos de la relación entre el FMI y la República Argentina».
[1] La misión se reunió con el ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; los ministros Daniel Arroyo, Ginés Gonzáles-García, Matías Kulfas y Claudio Moroni; el secretario de Planeamiento Estratégico, Gustavo Bélíz; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el director del INDEC, Marco Lavagna, y otros altos funcionarios del gobierno.
