Fuerte repudio de la CGT al decreto de Morales que criminaliza la protesta
La Confederación General de Trabajo criticó el decreto del Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que prohíbe el derecho a la protesta y la huelga.
La Confederación General de Trabajo criticó el decreto del Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que prohíbe el derecho a la protesta y la huelga.
La Confederación General de Trabajo (CGT) repudió la iniciativa del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para reformar la Constitución provincial y el decreto de esa administración que sanciona la protesta social, al advertir que acciones como esa «representan pensamientos vinculados con momentos históricos nefastos de la historia de nuestro país».
«Iniciativas como las de Morales representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país, que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras, que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, ni mucho menos por esta CGT», alertó la central sindical a través de un comunicado.
El documento de la CGT lleva el título: «Rechazamos cualquier coacción estatal contra el legítimo derecho de expresarse de las y los trabajadores».
Con este documento, la CGT rechazó y repudió «el decreto sancionado el 9 de junio por Morales, mediante el cual, pretendiendo garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación popular y de los y las trabajadoras, cercenando la libertad sindical manifestada en el derecho humano legítimo de huelga reconocido y privilegiado en nuestra Constitución y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país».
El decreto Nº 8464, firmado por Morales, de Juntos por el Cambio (JxC), se conoció en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado.
En su artículo 1º, el decreto plantea que «serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos».
«En estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos», añade el decreto.
Para la CGT, «el uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
«Punir y sancionar con el código contravencional a quienes permanezcan en espacios públicos ejerciendo sus derechos constitucionales de protesta y huelga, y determinar el uso de las fuerzas de seguridad para desalentar tales manifestaciones sociales y sindicales, son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra nación», remarcó la GGT.
«Estas medidas -similares a otras que se sancionaron en otras provincias del país-, reflejan el pensamiento de un sector de la política argentina traducido en sendos proyectos de ley presentados en las Cámaras del Poder Legislativo Nacional, representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, ni mucho menos por esta CGT», afirmó la central.
El Consejo Directivo Nacional de la central obrera instó a «todos los responsables políticos al cese de las medidas que tienda a criminalizar, restringir, limitar y cercenar los derechos de manifestación y huelga, instando a la derogación de toda norma que se contraponga con los principios constitucionales y humanos».
