Intendentes del interior cordobés dudan en aceptar mantenimiento de sedes y móviles policiales
El gobierno delasotista planteará este polémico proyecto en la primera reunión de la Mesa Provincia Municipios.
Intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR), del Frente Cívico (FC) y del Frente para la Victoria (FPV) dudan seriamente sobre la conveniencia de aceptar la transferencia de las distintas sedes y móviles policiales del interior cordobés a cambio de un fondo financiero especial que crearía a tal efecto el gobierno de Córdoba.
Los atrasos crónicos que registra la Provincia desde hace años en los pagos obligatorios de programas sociales como Niñez y Ancianidad, en los recursos del Fondo de Infraestructura Municipal o del Fondo Educativo para mantener los edificios de las escuelas, constituyen una muy mala experiencia que los jefes comunales no olvidan.
En el marco de la primera reunión de la Mesa de Trabajo Provincia- Municipios prevista para la segunda quincena de este mes, el Ministerio de Gobierno y Seguridad pondrá a consideración de los representantes de los diversos bloques de intendentes la propuesta que el titular de la cartera Walter Saieg ya anticipó a legisladores provinciales en diciembre pasado.
El gobierno de Córdoba argumentará en favor de la iniciativa el hecho de que muchos municipios ya vienen colaborando de manera desinteresada con la Policía Provincial, pintando los edificios o aportando dinero para el combustible de los móviles. En consecuencia si se les asegura una compensación por esa asistencia no existirían razones de peso para oponerse.
Una posición totalmente distinta tienen los principales referentes de la UCR, el Frente Cívico y el Kirchnerismo. Todos coinciden que una cosa es asumir voluntariamente una tarea de apoyo transitoria y puntual en favor de la fuerza de seguridad ante una determinada coyuntura y otra totalmente distinta, es hacerse cargo de reparar todos los años los edificios de la Policía, los móviles y equipos de comunicación y afrontar mes a mes el gasto en repuestos y combustibles.
Con total lógica los jefes comunales del interior recuerdan que la Provincia cedió a los municipios durante la gobernación de Ramón Mestre, el servicio de atención primaria de la salud a cambio de recibir las partidas quincenales de FOFINDES. Este reparto se mantuvo correcto hasta el 2012, fecha en que De la Sota comenzó a manipular los índices para luego utilizar ese dinero retenido a los intendentes para la compra y posterior entrega discrecional de maquinarias y materiales de construcción.
Una injusticia similar se produjo con las partidas para programas sociales que debería entregar de manera regular el gobierno cordobés. Hasta hace tres años los municipios financiaban con recursos propios el pago de comidas diarias a niños y abuelos carecientes y luego de las rendiciones correspondientes recibían las compensaciones en forma trimestral.
En los últimos dos años el sistema cambió y ahora el Ministerio de Desarrollo Social le paga a los intendentes con doce meses de atraso. Además el dinero que se entrega por persona (un promedio de 6 pesos por comida) no alcanza para nada y son los jefes comunales los que deben sacar recursos de sus propios presupuestos para financiar una ayuda alimentaria digna. Por si esto fuera poco, la administración delasotista se ha ganado con muy justa razón la imagen de pésima pagadora, al retener por más tiempo de lo lógico, los fondos prometidos a intendentes en concepto de Fondos Educativo y de Infraestructura Municipal.
Para varios de los intendentes consultados por LA MAÑANA aceptar la transferencia del mantenimiento de comisarías y destacamentos policiales sería un virtual suicidio económico para numerosas administraciones locales.
Los más cautos en cambio, sostienen que este nuevo proyecto de De la Sota podría convertirse en un elemento de negociación importante para lograr que por ley se fijen los pagos quincenales obligatorios de los distintos programas y planes mencionados, tal como ocurre con las partidas de coparticipación.
Fuente: La Mañana de Córdoba
