Irrealismo mágico en los tribunales
La imaginería desbordante de García Márquez es solo costumbrismo en el Poder Judicial argentino. El dictador-Patriarca se sacaba la lotería merced a trampas burdas… en estas pampas hay juzgados, Cámaras o Tribunales
“El ejército mantenía bajo custodia secreta a los niños que sacaban los números de la lotería por temor de que contaran por qué ganaba siempre el billete presidencial, a los padres que reclamaban les contestaron que no era cierto mientras concebían una respuesta mejor, les decían que eran infundios de apátridas, calumnias de la oposición (…) los niños estaban encerrados en las bóvedas de la fortaleza del puerto, en las mejores condiciones, con un ánimo excelente y muy buena salud.”
El otoño del Patriarca
Gabriel García Márquez
La imaginería desbordante de García Márquez es solo costumbrismo en el Poder Judicial argentino. El dictador-Patriarca se sacaba la lotería merced a trampas burdas… en estas pampas hay juzgados, Cámaras o Tribunales Federales que rompen las reglas del ciego azar, hacen trizas la ley de probabilidades: “ganan” sorteos a lo loco. El Tribunal Oral Federal número 9 aspiraba al récord olímpico en acaparamiento de expedientes “sensibles”. No hay martingala sino abuso de poder, el eje de esta columna.
La Corte Suprema de Justicia dictó días atrás una Acordada que puso coto a la desmesura, que venía en yunta con la designación a dedo de integrantes de tan importante tribunal.
La manipulación flagrante causó un pequeño escándalo público, si se compara con el suscitado por la elección de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en la que votaron 75 dirigentes y salió empatada en 38.
La mesurada decisión de los Supremos malquistó a la Casa Rosada. Es de rigor, ante los mínimos amagues de independencia, que dirigentes y formadores de opinión se pregunten si obedecen al mal momento político que atraviesa el presidente Mauricio Macri.
Las suspicacias aumentan porque en meses recientes se dejaron sin efecto prisiones preventivas sin asidero beneficiando a ex kirchneristas. La condición K, mediante una reforma tácita del Código Penal, funciona como agravante de los cargos penales. O, en una de esas, como un nuevo delito.
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La térmica conspirativa saltó con el fallo de la Cámara Federal que cambió la calificación de los cargos contra el empresario Cristóbal López y su liberación.
Macri cuestionó de viva voz el fallo. Editorialistas de los diarios Clarín y La Nación, con argumentos calcados, claman por llevar a juicio político y denunciar penalmente a los camaristas que desafiaron sus deseos.
Esta columna empezó con una cita memorable y va virando a la grisura del Derecho. A riesgo de agravar la tendencia, mencionemos un par de tecnicismos.
La resolución de Cámara no es una sentencia definitiva sino un trámite intermedio. No condena ni absuelve, vale para un estadio intermedio.
Puede ser recurrida ante una instancia superior, la Cámara de Casación. Una mirada sobre las catilinarias causaría a algún desprevenido la impresión de que se zafó para siempre a un asesino serial confeso.
La divergencia de criterios entre jueces de distinto rango o de un mismo tribunal choca a los profanos pero es una contingencia cotidiana en cualquier sistema.
La sentencia no es un silogismo que enlaza premisa mayor-premisa menor y conclusión lógica. Es, mayormente, un acto racional-volitivo que puede derivar en lecturas diversas, opuestas. El debate es consustancial a la democracia, involucra al más elitista de sus poderes.
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El abogado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Gil Lavedra, fue Camarista Federal y –a diferencia de muchos magistrados, funcionarios y opineitors– tiene una reputación que cuidar. Fue más prudente que la Vulgata mediática-macrista.
Con delicadeza, señaló que la liberación no le preocupaba tanto como el cambio de tipificación del presunto delito cometido por Cristóbal López. Lo apelará, como Dios y su deber mandan. Es factible que Casación modifique el criterio de la Cámara.
La ponderación de Gil Lavedra alerta a los críticos. Clarín edita una nota en la que informa que pleitea contra otro magistrado del juicio a las Juntas, León Arslanián quien actúa como defensor. Son colegas y se prodigan respeto mutuo y amistad. Otra recurrencia en la profesión de la que puede dar fe cualquier letrado, anche el autor de esta nota. Uno litiga contra colegas o amigos sin que eso implique el abandono de sus deberes profesionales.
En el contexto, la insinuación mediática insinúa que Gil Lavedra queda bajo sospecha por no compartir los códigos de las peleas en el barro. Ojo al piojo, doctor.
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Las teorías conspirativas exageran algo, supone este cronista, asumiendo que se lo podrá tildar de crédulo. No todos los jueces y fiscales federales se ríen del derecho, solo una mayoría muy amplia.
Los operadores del oficialismo en Comodoro Py son re–conocidos, tanto que se cuidan de mostrarse en ese sólido edificio. El presidente de Boca, Daniel Angelici, atiende en su oficina o en hoteles cinco estrellas de la zona de Retiro. Fabián “Pepín” Rodríguez Simón adopta recaudos similares.
Ciertas costumbres judiciales cambiaron bajo sin influjo. Un grupo nutrido de jueces o fiscales envían o entregan copia de sus decisiones a periodistas acreditados desde siempre. Ahora, añaden a los operadores VIP del oficialismo.
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La gente común se extraviaría en los laberintos del Palacio de Justicia y ignora las sutilezas reseñadas. Quienes afrontan la desdicha de tener algún juicio (despidos, accidentes de tránsito o laborales, divorcios, tenencias de hijos, cuestiones de vecindad) padecen casi siempre malos tratos, demoras, esperan sentados sentencias escritas en jerga incomprensible.
Hasta el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, percibe que las víctimas del pésimo funcionamiento del Poder Judicial son, particularmente, personas de a pie que no llegan a ser noticia.
Males añosos estos que contribuyen al desprestigio por goteo del PJ. La reforma judicial intentada por el kirchnerismo adolecía de varios defectos. El principal consistía en no pensar en los litigantes silvestres, aquellos que van una sola vez en la vida a pleitear, pero ponen en juego patrimonio, salud, familia… menudencias a menudo soslayadas por los únicos funcionarios vitalicios en nuestra república. Aquellos que, junto a los Obispos, gozan la canonjía de no pagar impuestos.
Volvamos de la digresión, imprescindible, a los procesos que “roban cámara” y copan la escena.
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La vocación de encarcelar sin condena, con frecuencia sin procesamiento, forma parte de la comidilla pública, se conversa en los quinchos y en tertulias de café. No abundaremos sobre ella, baste decir que se abusa del instituto, se transforma la excepción en regla. Equivale a una pena anticipada, discernida con sectarismo político.
La extorsión debería ser ajena al andar de los Tribunales. En el mundo real, vertebra su funcionamiento, lo que se sincera impúdicamente, de viva voz. Se pone “entre rejas” a cómplices segundones con el objetivo confeso de ablandarlos, “quebrarlos” para denuncien a los principales acusados. Es el mecanismo de la tortura, con diferencias de intensidad y no de concepto. Cuantitativas y no cualitativas. La incitación a comportarse como “arrepentido” (en rigor “delator premiado”) no tiene como presupuesto la voluntad sino su retorsión.
Otro mecanismo chantajista son las amenazas, concretadas muchas veces, de juicios políticos basados solo en el contenido de las sentencias. Hasta la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, filo oficialista por lo menos, alertó contra una costumbre que avanza.
Las conjeturas son aventuradas en cualquier contexto. Este cronista ignora cuál será el devenir de las tímidas reacciones contra el pensamiento penal único comandado desde el Ejecutivo, en el que militan jueces y fiscales convencidos o amedrentados. Si harán tendencia o serán solo un fugaz alivio.
No hay motivos que alienten el optimismo.
Por Mario Wainfeld
