Javier Milei redobla su política de destrucción del Estado tras la reglamentación de la Ley Bases
Federico Sturzenegger adelantó que ahora se va a "acelerar la motosierra”, se implementarán “mecanismos anti-ñoquis”, y habrá menos control del Estado. El menú del ajuste que viene.
Federico Sturzenegger adelantó que ahora se va a «acelerar la motosierra”, se implementarán “mecanismos anti-ñoquis”, y habrá menos control del Estado. El menú del ajuste que viene.
A través de un denso hilo de posteos en la red social X, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció que a partir de hoy el Gobierno redoblará su política de destrucción del Estado mediante la privatización de empresas, el cierre definitivo de organismos descentralizados, la reformulación en la contratación de empleados públicos y sanciones a aquellos que adhieran a medidas de fuerza, entre otros puntos.
Además -y no como si fuera poco-, hizo una cerrada defensa del gobierno de Javier Milei y salió a disentir públicamente con los cuestionamientos que Mauricio Macri le hizo al Gobierno: «Mauricio no logró hacer en cuatro años Javier lo hizo en un mes», desafió.
El mensaje del funcionario que durante tres gobiernos se desempeñó como empleado transitorio de un Estado que él mismo endeudó y que ahora quiere desarticular fue lanzado al éter como aclaratoria del Decreto 695/2024 que oficializó varios aspectos de la mentada Ley Bases votada por el Congreso.
Allí, Sturzenegger sintetizó los lineamientos de las políticas que activará su ministerio sobre la base de tres ejes: “Acelerar la motosierra” que Milei blandió durante la campaña, restringir la contratación de empleados públicos e implementar un sistema de castigos y “mecanismos anti-ñoquis”, y liberar del control del Estado a las empresas a través un sistema de autorizaciones automáticas.
Más poder para la motosierra
Respecto de la velocidad de la “motosierra”, Sturzenegger anunció que el primer organismo en amputarse será el INADI. “Se cierra definitivamente” ese instituto que evaluaba y delineaba políticas públicas contra la xenofobia y el racismo, sentenció.
Lo mismo ocurrirá en empresas que alistadas como sociedades del Estado y que el Gobierno convertirá en sociedades anónimas, como paso previo a su privatización.
Todo bajo el amparo de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al presidente Javier Milei y que, según el ministro desregulador, fueron “generosas”, ya que le permite al Estado a “adecuar, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública”.
Sturzenegger se jactó de que a partir de ahora su ministerio tendrá la potestad de impulsar “la privatización de un conjunto de empresas”. No obstante, no dio detalles sobre cuáles serán las primeras en caer. Durante una entrevista por Radio Mitre, dijo esta mañana que “esa no es un área que yo esté manejando”.
Eso sí, ratificó que tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, “apoyan muchísimo la agenda de desregulación que estamos poniendo en marcha”. Todo lo que su cartera realizará, aclaró, se basan en el mandato que Milei “recibió en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a haberse logrado la aprobación del Congreso”.
Vigilar y castigar a los trabajadores
La otra área sobre la caerá la espada de Damocles desreguladora será en el empleo público. “La gente le pidió a Javier Milei que haya Estado pero que no haya ñoquis”, definió. Y hasta se jactó de los despidos masivos: “El Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20 mil agentes”, publicó.
En este tema, anunció la modificación de la Ley de Empleo Público 25.164, que apuntará “fortalecer el régimen disciplinario”. Es decir a vigilar y castigar al trabajador público que adhiera a huelgas, esté afiliado a un partido político o desarrolle alguna actividad sindical.
Según Sturzenegger, habrá descuentos de días “por días no trabajados por paro” y se le “brindará más poder a los funcionarios para sancionar conductas” establecidas por capricho ideológico.
Como si fuera poco, habrá libertad para que “el personal pueda ser puesto en disponibilidad” cuando se considere necesario. O sea: despidos sin justificativos. El trabajador “cobrará el sueldo por un período de 12 meses” y después su suerte quedará librada a la buena de Dios.
El ministro explicó que a partir de ahora quien quiera trabajar en el Estado deberá rendir “un examen objetivo de competencias” cuyo resultado “lo determinará una computadora” y no una persona.
Tampoco habrá fondos del Estado para la capacitación de sus empleados. El objetivo de todo, dijo, es evitar que ingresen a los organismos públicos “militantes sin las competencias básicas para sus tareas”.
Para ampararse, aseguró que esto siempre fue una “estrategia desarrollada por el kirchnerismo”. Sin embargo se trata de una modalidad activada por cada gobierno, incluyendo al que él pertenece como funcionario político de privilegio por tercera vez.
Callar al Estado y otorgar a los privados
Por último, Sturzenegger confirmó que entró en vigencia el plan que habilita al Gobierno a dar luz verde a negocios inmobiliarios con bienes del Estado. Se trata del “silencio positivo” incluido en la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo.
“Ante un pedido de autorización –posteó el funcionario-, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado.” O sea a quedarse, por ejemplo, con un terreno.
Sturzenegger vendió este punto como “un mecanismo anti-coimas», porque antes el funcionario podía `cajonear’ el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo”.
Lo que no dice es que con este sistema el Estado prácticamente podría regalar con disimulo un bien a quien se lo pida. Esto quedó claro durante el debate en el Senado de la Ley Bases, cuando el bloque de Unión por la Patria (UxP) cuestionó la iniciativa.
«Por ejemplo, pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del (tren) Sarmiento que tiene el dominio de la titularidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AAB). No me contestan en 60 días, ¿por lo tanto la respuesta es positiva, según este artículo?», ejemplificó la senadora Juliana Di Tullio durante el debate. «Si, en los términos del artículo sí», respondió Nielsen Enemark, el enviado del Gobierno para explicar el asunto.
Sin embargo, Sturzenegger celebró que ahora “ese poder” que tenía el Estado para controlar y poner condiciones “desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve”.
“Antes se podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla. Ahora esa potestad del funcionario desaparece”, insistió y dijo que “las multas disciplinantes fueron un mecanismo muy común durante el kirchnerismo”.
Por lo tanto, “eliminar esta potestad es devolverle capacidad de defensa al ciudadano ante la arbitrariedades del Estado”.
En defensa de Javier, en contra de Mauricio
Luego de hacer su defensa de estos instrumentos en las redes sociales, Sturzenegger hizo una cerrada defensa de la administración de Javier Milei. Durante una entrevista por Radio Mitre, se diferenció de las críticas que le planteó el líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, respecto de los logros económicos.
“Discrepo con Macri”, lanzó y redobló la apuesta: “No puede decir que no hay visión ni gestión” en este Gobierno. “Aunque con mucho esfuerzo, Mauricio no logró hacer en cuatro años Javier lo hizo en un mes”, en materia de achicamiento del Estado y desregulación de la economía.
En el plano local “logró hacer desaparecer los piquetes porque desfinanció a los administradores de los planes sociales”, dijo y hasta se animó a comparar a Milie y a Macri en el plano de la política internacional. “El posicionamiento internacional de Javier es extraordinario”.
