Jubilados siguen con bolsillos flacos
En marzo se estrena la nueva ley de movilidad con un incremento de casi el 12%. Sin embargo, el sector de adultos mayores sufre las consecuencias de la inflación. Además, el Gobierno le puso fin al reintegro del IVA.
En marzo se estrena la nueva ley de movilidad con un incremento de casi el 12%. Sin embargo, el sector de adultos mayores sufre las consecuencias de la inflación. Además, el Gobierno le puso fin al reintegro del IVA.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en este 2019 la ley 27.426 de Movilidad. La nueva normativa de actualización de haberes, ayudas y prestaciones otorgará cuatro aumentos a lo largo del año. El primero se concretará en marzo (11,8%) y el segundo en junio (10,8%), completando un incremento del 23,9%. Sin embargo, el monto se vuelve insuficiente frente a la pérdida del 13% registrada durante 2018.
Contabilizando las pérdidas, el sector de adultos mayores fue el único que no recibió un bono por fin de año. A ello se agrega la mala noticia de que el gobierno no continuará la medida que reintegraba el IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones para protección social, debido a la decisión de no prorrogar la ley que contempla el beneficio y que venció el último 31 de diciembre.
Si bien el alza en los montos por la nueva ley ayudará a mitigar el impacto en el bolsillo de las poblaciones más vulnerables, los números siguen estando por debajo de las expectativas y la situación económica seguirá dependiendo, en gran medida, del control que pueda realizar el Gobierno Nacional de la inflación.
Con la nueva ley
Hacia el final de año pasado se dio el último aumento que fue de de un 7,78%, quedando una jubilación mínima de $9.312. Ahora, de acuerdo a los cálculos de la nueva ley, la mínima se acercará a un monto de $10.410,00 en marzo, mientras que en junio llegará a $11.537,00.
A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá de $ 7.447,28 a $ 8.328 en marzo y $ 9.228 en el segundo incremento.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá de $1.816 a $2.030. El beneficio del que se valen unas 4 millones de personas, en junio alcanzará los $2.249 por hijo.
En 2018 las jubilaciones y demás prestaciones tuvieron un incremento total del 28,46% frente a una inflación del 47,6%. De esta manera, se registró una pérdida del 13% en términos reales o de poder de compra.
Ahora, con los aumentos dispuestos para el primer semestre de 2019 habrá una recomposición del 23,9%.
Un beneficio que se va
Este lunes se conoció que el Gobierno no renovará el programa por el cual jubilados , pensionados y beneficiarios de programas sociales podían recibir el reintegro del IVA de una parte de las compras que hicieran con tarjetas de débito.
La medida había sido promulgada por el Presidente Mauricio Macri en junio de 2016. La misma disponía el reintegro del 15% en las adquisiciones por medio de tarjetas de débito. El límite del beneficio era de $300 y no fue actualizado desde su aplicación.
Del programa hacían uso unas 1,2 millones de personas.
De acuerdo a lo difundido por el ministerio de Hacienda, la medida fue calificada de “ineficiente” ya que no se acercó a los valores esperados sobre el aumento de la formalización de compra.
Según lo comunicado por La Nación, sobre un total de 7,5 millones de potenciales beneficiarios, solo un 16% (alrededor 1,2 millones de personas) hacían uso del beneficio y los reintegros promedio registrados eran sustancialmente menores a los permitidos en el marco de la ley.
“El programa era transitorio y tenía el doble objetivo de fomentar la formalidad mediante el uso de la tarjeta de débito -que implica que el gasto entra en un circuito formal- y aumentar el monto efectivo de los beneficios provistos por el Gobierno”, fue el argumento oficial sobre la discontinuidad del programa que incluso tenía asignada un monto de $3141 millones en el Presupuesto 2019
Como contrapropuesta se estaría evaluando trasladar los beneficios a los comercios, a la espera de que la financiación provenga de firmas privadas y no de aportes del Tesoro.
Presentaron un amparo
En la mañana de este lunes, centros de jubilados de organizaciones gremiales -ATE, CTA y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados- realizó una presentación para denunciar la Resolución Conjunta 37/2018, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda, que dispone la trasferencia de 86.000.000.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, en letras del Tesoro Nacional a los efectos de hacer frente a gastos corrientes.
Por medio del una conferencia de prensa, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE y secretario general adjunto de la CTA, señaló: “Hemos venido con el Centro de Jubilados Nacional de ATE, de distintas provincias y localidades para presentar ante la Justicia, un amparo y resolución sumarísima para que a través de una medida cautelar, el Poder Judicial frene la millonaria transferencia de recursos del Fondo de Garantía Solidaria del Anses hacia las arcas del Ministerio de Economía para sostener recursos ordinarios del Estado Nacional”.
Y agregó: “Esta medida del Gobierno que implica un total de 96 mil millones de pesos, 86 mil millones en diciembre y 10 mil millones en Letras que le fueron “encajados” al Fondo de Garantías, deben estar destinados a garantizar la preservación del Sistema Previsional en la Argentina para su utilización en gastos corrientes del Poder Ejecutivo. Es una muestra de vaciamiento y un paso más en el andar del Gobierno en pos de destruir el Sistema Previsional solidario en la Argentina”.
Cálculo
De acuerdo a la la nueva fórmula aprobada en diciembre de 2017, en el sitio oficial de Anses se explica que la movilidad se calcula teniendo en cuenta el 70% el Índice de Precios al Consumidor del INDEC sumado al 30% la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
