Juicio millonario pone en jaque a la municipalidad de Mendiolaza
16/08/2014 ECONOMÍACon aval judicial, una empresa constructora le reclama $ 17 millones. El intendente presentó un amparo y gestiona ayuda de la Provincia.
El intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, admitió la extrema gravedad de la situación que afronta esa ciudad por una deuda millonaria que le reclama una empresa constructora y que ahora encontró eco en la Justicia provincial, que habilita un embargo contra la caja municipal por 17 millones de pesos.
Salibi calificó como “muy llamativo” el monto que le exigen pagar y recordó que como vía de defensa su gestión presentó un recurso de amparo para frenar la ejecución de la deuda.
“Si el juez no revisa esta situación, le vamos a llevar las llaves del municipio, porque no se puede seguir así”, amenazó.
El pleito se remonta a 2006 cuando surgieron diferencias entre la municipalidad y la empresa MSB, que tenía que hacer una obra de red de agua potable.
En 1996, el municipio rescindió el contrato con MSB por la obra de agua para barrio El Talar, por lo cual la empresa inicio una demanda legal.
En 2011, un fallo judicial en favor de la firma, habilitó embargos sobre un 10 por ciento de la coparticipación que recibe Mendiolaza de la Provincia. Pero la situación se agravó esta semana, a través de un nuevo oficio judicial que da luz verde al cobro de 17 millones de pesos por parte de la empresa.
Como consecuencia de esa medida, se trabó embargo sobre casi la mitad de los ingresos municipales, con lo cual la administración de Salibi quedó virtualmente bloqueada.
Si la retención de fondos se efectiviza, el municipio no podría afrontar ni siquiera el pago de sueldos.
La gravedad institucional del tema es tal, que el pasado lunes el Concejo Deliberante de esa ciudad prorrogó por seis meses la vigencia de la emergencia municipal, en un intento por recortar gastos internos.
Por su lado, Salibi activó contactos a nivel provincial con el ministro de Gobierno, Walter Saieg, para solicitar asistencia financiera de esa jurisdicción o bien una intermediación tendiente a reprogramar los pagos a la acreedora.