Juntos a la par
La batalla cultural entre dos modelos diferentes de país es cada vez más nítida. Las fronteras entre estos modelos son móviles: los sectores que los expresan intentan transmitirle a la sociedad su punto de vista y, en ese proceso, se ganan y se ceden posiciones.
La batalla cultural entre dos modelos diferentes de país es cada vez más nítida. Las fronteras entre estos modelos son móviles: los sectores que los expresan intentan transmitirle a la sociedad su punto de vista y, en ese proceso, se ganan y se ceden posiciones.
Por ejemplo, cuando algunos manifestantes se quejan porque “les pegaron en la vereda”, lugar “habilitado” para manifestarse según el protocolo de la ministra Patricia Bullrich, implícitamente estarían reconociendo que si marchan en la calle estaría bien que los repriman. Es decir: se aceptaría sin proponérselo el punto de vista del gobierno. Lo mismo sucede cuando se dice que las fuerzas de seguridad disparan sus armas en línea recta y no a 45 grados como indica el protocolo. Lo que nosotros deberíamos cuestionar no es sólo el modo de utilizar las armas: tendríamos que cuestionar el hecho mismo de utilizarlas contra manifestantes.
Con estas concesiones sucesivas se corre el riesgo de terminar tolerando que las fuerzas de seguridad reprimen con gases y bastones a ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan en defensa de sus derechos. La batalla cultural se gana o se pierde en cada uno de los avances o retrocesos que se van generando en las discusiones diarias.
También forma parte de la batalla cultural encontrar los denominadores comunes con los que los distintos sectores afectados por el actual modelo gubernamental trasciendan la lucha por sus reivindicaciones puntuales y confluyan en un espacio común de oposición.
El problema es el modelo que se intenta poner en marcha con motosierra y crueldad: lo que les pasa a las personas trabajadoras del Hospital Garrahan es muy similar a lo que les ocurre a los jubilados y las jubiladas, a los científicos del Conicet, a los docentes universitarios, a los trabajadores y las trabajadoras del Estado, a los productores de peras del Sur, de yerba de Misiones, o de productos lácteos de la zona centro. En este punto no hay que olvidar la frase del Presidente: “amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro”.
En otro orden de cosas, durante la semana fue presentado a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación un anteproyecto de Ley de Financiamiento Universitario elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de Universidades Nacionales. Estuvieron presentes rectores y rectoras, gremios docentes, agrupaciones estudiantiles y un amplio arco político integrado por legisladores y legisladoras de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC), el radicalismo de Democracia para Siempre y representantes del Frente de Izquierda, entre otros espacios.
Al mismo tiempo presentamos un pedido de sesión para el 4 de junio para tratar la mayoría de las iniciativas con las que no se pudo avanzar por falta de quórum en la reunión pasada de la Cámara de Diputados: incremento excepcional de emergencia equivalente al 7,2% para jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social; plan de pago de deuda previsional y Ley 27.260 de reparación histórica para jubilados y pensionados; emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027; declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe durante el término de 180 días en la provincia de Buenos Aires. El pedido de sesión fue firmado por Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ana Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela. No hay forma de que el Presidente de la Cámara pueda evitar convocar a esa sesión. Pero también es seguro que el gobierno va a hacer todo lo posible para que la misma fracase. Además, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya adelantó que, de aprobarse las leyes previsionales y de discapacidad, van a ser vetadas.
También Francos informó que la semana próxima el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley para habilitar el uso de los dólares que permanecen fuera del sistema, sin el pedido de información sobre el origen de esos fondos. Según se adelantó, la ARCA no tendrá en cuenta, entre otras cuestiones, las variaciones patrimoniales en las declaraciones juradas de ganancias.
¿Por qué toman esta medida? Porque siguen necesitando dólares. Los más de 22 mil millones del “blanqueo” anterior no alcanzaron. Tampoco los 12 mil millones del nuevo préstamo del FMI. En lo que resta del año hay vencimiento de deuda por 8.459 millones de dólares. Por un lado, bonares y bonos globales por 4.327 millones de dólares; pagos de intereses con el FMI por 1.655 millones de dólares; vencimientos con otros organismos internacionales por 2.477 millones de dólares. Hay, por delante, un panorama de Reservas negativas si no le ingresan más dólares. En este escenario, el gobierno puede no alcanzar a cumplir con las metas acordadas con el Fondo, entre ellas, el compromiso de elevar el nivel de las Reservas. Buscan evitar dificultades antes de octubre que produzcan una perturbación en el ánimo de la ciudadanía a la hora de ir a votar.
En esta perspectiva, en el menú financiero de la administración “libertaria” hay otra novedad: un bono para no residentes. Es decir: una colocación para inversores que se suscribe con dólares en el exterior, pero se pagará en pesos. Es un bono a 5 años que vence en mayo de 2030. Tiene una cláusula con un derecho a salida en mayo de 2027, antes de que finalice el mandato presidencial en curso. En realidad, podríamos decir que se trata de un bono a dos años. Otro dato significativo es su monto: sólo 1.000 millones de dólares. Mediante este bono del Tesoro (BONTE), el gobierno festeja que reabrió el acceso al crédito privado en el exterior y, con ello, habilita la vía para poder acumular las divisas con las cuales pagar los próximos vencimientos de deuda. La tasa de corte (de 29,5 por ciento de tasa nominal anual equivalente a 31,7 por ciento de tasa efectiva anual) con un pago de cupón semestral es muy alta y parecería mostrar que el gobierno prioriza tomar deuda con un costo muy elevado frente a las expectativas de inflación.
El modelo de país del oficialismo y sus aliados contiene una combinación de ajuste permanente, represión sistemática y endeudamiento creciente. Es necesario acelerar la confluencia de todos y todas los perjudicados por estas políticas, en busca de una unidad amplia y diversa en donde se pueda planificar y sostener la construcción de un modelo alternativo. Como dice la canción: “Nada como ir juntos a la par”.
Por Carlos Heller
*Diputado nacional Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario
