La caída salarial sin fin
El estudio pone la lupa sobre una redistribución que favoreció a las ramas oligopólicas de la industria y retrajo el salario real. Políticas económicas con alta dependencia de la deuda.
El estudio pone la lupa sobre una redistribución que favoreció a las ramas oligopólicas de la industria y retrajo el salario real. Políticas económicas con alta dependencia de la deuda.
La escasez de reservas y la regresividad distributiva llevaron a la gestión del gobierno a una encrucijada que atenta contra los ánimos electorales de cara a la campaña. Estos problemas son colocados en el centro de la escena por Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli en el Documento Nro 29 del Área de Economía y Tecnología de Flacso. Con todo y a diferencia de 2019, para los sectores dominantes este proceso electoral plantea expectativas positivas respecto de nuevas rentas en la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta, eventualmente la explotación minera y específicamente el litio, argumentan los investigadores.
Las políticas económicas para la acumulación de las reservas necesarias para tornar sostenible la recuperación económica y la distribución progresiva del ingreso no tuvieron la mejor orientación durante la gestión de Martín Guzmán pero tampoco fueron mejoradas con el cambio de conducción del gabinete económico, sostiene Flacso.
Primero, por el desvío del superávit comercial (de 45.537 millones de dólares en los tres primeros años del gobierno) para cubrir los pagos de deuda (35.678 millones correspondieron a la deuda pública con privados y a la deuda del sector privado) y el turismo (ya que por esas vía egresaron 11.046 millones de dólares). Y, en segundo lugar, por las obligaciones que quedaron latentes en moneda extranjera aún habiéndose reestructurado el acuerdo con el FMI.
En 2023, “a los vencimientos de intereses por el nuevo programa de Facilidades Extendidas con el FMI (2.249 millones de dólares) se le deben adicionar los requerimientos de acumulación de reservas (2.200 millones según la última revisión del Fondo) y la diferencia entre los desembolsos del nuevo programa respecto a los vencimientos del acuerdo “stand by” firmado en 2018 (2.754 millones de dólares).
Es decir un total de divisas comprometidas, en el marco del acuerdo con el Fondo, por 7.204 millones de dólares en 2023, y que ascienden a 10.590 millones en 2024.” informa el Documento. En un contexto además de sequía,x es fácil comprender los movimientos últimos de los dólares paralelos que responden en buena medida a este “estrangulamiento” externo, y al año electoral.
Por su parte, advierten desde Flacso, tanto el capital financiero como los grupos económicos depositan en esas producciones primarias la clave para superar la restricción externa y consolidar un modelo exportador, basado a su vez en el mantenimiento de mano de obra barata.
La política “moderada” del Frente de Todos fue expresada en múltiples ocasiones por esta casa de estudios: “se trató –y se trata– de una política abiertamente concesiva para el gran capital concentrado interno.
Al respecto vale señalar que entre las principales empresas que se endeudaron durante el gobierno de Cambiemos a través de la emisión de obligaciones negociables y que por lo tanto requerían cancelar sus deudas en moneda extranjera, se encontraban, además de YPF, Pampa Energía, Arcor, Cablevisión, IRSA, Petrobras, Tecpetrol, Transportadora Gas del Sur, Banco de Galicia, Aeropuertos Argentina 2000, Banco Macro, Cía. General de Combustibles, Telecom Argentina, John Deere, CLISA, Cresud, Tarjeta Naranja, Banco Hipotecario, Aluar, etc.”
La visión de Flacso suma un cuestionamiento al programa de reestructuración de la deuda externa, donde la quita de deuda fue muy baja y los vencimientos se vuelven a tornar impagables a partir de 2025. Con datos actualizados, informan: “si al canje se le suman los vencimientos del nuevo programa de Facilidades Extendidas firmado con el FMI –en el que no se logró ni extender los plazos de devolución por encima de los reglamentos vigentes en el FMI ni eliminar la sobretasa de interés– se llega a que el total de la quita fue de apenas el 11,7 por ciento respecto al stock de vencimientos heredado del gobierno anterior para el período 2022-2030.”
Por otro lado, a partir de 2025 “los vencimientos actuales en moneda extranjera son superiores a los que se heredaron del gobierno anterior”, constituyéndose en una carga relevante para la economía argentina en el mediano plazo.
La regresividad distributiva
El informe refiere que “la participación de los asalariados en el ingreso empeoró durante la gestión de Cambiemos (pasó del 51,8 por ciento en 2016 al 46,2 en 2019) y esto se profundizó en el gobierno del Frente de Todos (43,9 por ciento en los tres primeros trimestres de 2022)”.
Esa regresividad distributiva se asocia a la pérdida relativa de los asalariados y el aumento de los márgenes de ganancia del capital: “entre 2016 y 2022 el costo salarial cayó 18,6 por ciento en el marco de un descenso menor de la productividad del 5,5 por ciento, pero el hecho se profundizó durante el gobierno del Frente de Todos, cuando el costo salarial cayó 4,5 por ciento y la productividad creció 0,8.”
Un interesante cálculo presente en el Documento Nro 29 muestra al comparar el salario efectivo con el que hipotéticamente habría habido si el salario medio hubiera variado con la productividad, la pérdida en el período 2018-2022 (es decir, la transferencia de ingresos del trabajo al capital) “alcanzó aproximadamente a 87.800 millones de dólares al tipo de cambio oficial, mientras que medida en términos del tipo de cambio paralelo esa transferencia se reduce a 46.800 millones de dólares”. Como es obvio, concluyen, el mecanismo principal de transferencia fue el elevado proceso inflacionario.
Finalmente para dar cuenta de la “puja distributiva”, Basualdo y Manzanelli muestran que entre 2016 y 2022 los salarios reales se redujeron 12,1 por ciento mientras que los precios de las ramas industriales altamente concentradas aumentaron 21,3 por ciento por encima del índice de los precios al consumidor, y en el caso de las ramas oligopólicas en la que predominan grupos económicos los precios crecieron 34,9 por ciento arriba del IPC.
