La Carlota: proponen que funcionarios locales declaren sus bienes patrimoniales
El concejal Patricio Kilmurray presentó un proyecto por el cual impulsa que el intendente, los secretarios, los subsecretarios y los ediles presenten una declaración jurada tal cual se hace a nivel nacional y provincial
Un proyecto presentado por el concejal radical Patricio Kilmurray impulsa que todos aquellos funcionarios designados en cargos de representación política deban presentar una declaración jurada patrimonial.
Así como ocurre a nivel nacional y provincial, ahora también se pretende que en La Carlota quienes integren el gobierno municipal den cuenta de sus bienes.
El pedido de fuerza de la ordenanza se basa en lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Nacional en cuanto al derecho de petición ante las autoridades, la Ley Nº. 25.188/99 de Ética de la Función Pública, por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal Nº 8.102.
En su artículo primero el proyecto especifica sobre quiénes deberán presentar dicha declaración, siendo contemplados aquí el intendente, secretarios, subsecretarios, directores generales, subdirectores o sus equivalentes que presten servicios en la administración municipal o en entidades autárquicas descentralizadas. También alcanza este proyecto a concejales y tribunos.
La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, de familiares directos (padre/madre) y los que estén bajo su patria potestad, tutela o curatela.
En el escrito presentado por el edil opositor, contempla además que “la omisión o falsedad de la declaración jurada patrimonial, impedirá el acceso a la función pública, constituirá causal de remoción de los empleados y configurará una grave inconducta para los funcionarios”.
El proyecto de Kilmurray impulsa la conformación de una comisión del Concejo integrada por un edil de cada bloque que receptará las declaraciones y constatará el fiel cumplimiento por parte de los obligados de las prescripciones según formato establecido por reglamentación de la ordenanza.
“Los funcionarios mencionados deben presentar su declaración jurada al asumir y previamente al cesar en sus funciones o cargo y anualmente al inicio del período legislativo ante la comisión legislativa constituida para tal fin”, puntualiza más adelante el proyecto que en próximas sesiones será tratado por el cuerpo legislativo local.
Al tiempo que aclara que estas declaraciones juradas patrimoniales de autoridades y funcionarios municipales tienen carácter públicas, exceptuándose las situaciones que se encuadren como declaración sobre datos sensibles.
En caso que el proyecto prospere y que se aplique, se fijan también plazos para la presentación de la documentación y en caso de no hacerlo habrá sanciones consistentes en una multa equivalente a un día de haber o dieta por día transcurrido.
Las declaraciones juradas patrimoniales deben archivarse por diez (10) años, contados a partir del cese de la función o cargo que se hubiese realizado en el ámbito municipal. Este período podrá ampliarse si lo impusieran fehacientemente actuaciones judiciales o administrativas.
Se espera que dicho proyecto sea tratado en breve en el seno del Concejo, y definir su aprobación, rechazo o modificación, según estimen los ediles.
