La Corte falló contra Río Cuarto: el Municipio no podrá regular las slots
Rechazó el recurso de queja y dejó firme el criterio del Tribunal Superior: sólo la Provincia puede fijar el horario de la sala de tragamonedas. La sentencia salió hace 11 meses pero la gestión municipal nunca la dio a conocer.
Rechazó el recurso de queja y dejó firme el criterio del Tribunal Superior: sólo la Provincia puede fijar el horario de la sala de tragamonedas. La sentencia salió hace 11 meses pero la gestión municipal nunca la dio a conocer.
Las tragamonedas de Cet, una empresa que pertenece al grupo Roggio, le ganó definitivamente la pelea a Río Cuarto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario que presentó el Municipio y, por lo tanto, quedó firme el criterio del Tribunal Superior: la sala de juegos podrá seguir operando todo el día porque sólo puede ser regulada por el Estado provincial.
Así, lo que surge de la decisión de la Corte tiene una relevancia mayor a una disputa por el horario de apertura: se trata del alcance de la autonomía municipal, de la potestad que tienen los estados locales para ponerle condiciones a la industria del juego o a cualquier otra actividad que considere negativa para la sociedad.
Pero más allá del golpe para las pretensiones jurídicas de la Municipalidad, hay un dato sumamente llamativo: la decisión de la Corte se produjo el 26 de septiembre de 2017, hace ya casi 11 meses. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Llamosas nunca la difundió ni notificó cuál había sido la suerte de esa acción ante la Corte que apuntaba a que pudiera aplicarse una ordenanza de 2009 que reducía el horario de las tragamonedas en diez horas por día.
Quien ejerció la defensa de Río Cuarto ante la Corte fue el reconocido constitucionalista cordobés Antonio María Hernández, quien comenzó a trabajar para el Municipio durante la gestión de Juan Jure y continuó haciéndolo con la de Llamosas.
Y Hernández confirmó que ya no hay instancias para la ciudad, que las tragamonedas podrán estar abiertas libremente. Evaluó que se trata de un grave retroceso para la autonomía municipal.
El fallo de la Corte es escueto. Ni siquiera argumenta por qué rechaza la queja que el Estado riocuartense presentó después de que en 2016 el Tribunal Superior le negara el recurso para recurrir directamente a la Corte.
“El recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a esta queja, es inadmisible. Por ello, se desestima la queja”, se lee en la sentencia que está firmada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. En disidencia sólo se pronunció Horacio Rosatti.
En diálogo con este diario, Antonio María Hernández fue muy crítico con la resolución del máximo tribunal: “La Corte desestimó y se acabó el asunto. El único que votó en disidencia fue Rosatti , que es un municipalista y quien, en realidad, salva la dignidad de la Corte en este asunto. Con esta resolución queda firme el criterio del Tribunal Superior. A mi juicio, ese fallo contrario a Río Cuarto quedará en la historia como una de las resoluciones más negativas en cuanto a autonomía municipal. Es un retroceso significativo en un tema tan grave. Afecta el alcance que se le reconoce a esa autonomía. Es lamentable. Y lo peor es que no han expuesto ningún argumento”, manifestó.
Hernández agregó que la limitación del juego daba para un análisis profundo de los jueces de la Corte. “Se trata del poder de policía en la lucha contra el juego. Yo había pedido una audiencia pública para debatir la cuestión, que es central, pero tampoco aceptaron esa petición. Ahora estamos viendo en el país el problema de la corrupción vinculada al juego, que está detrás del financiamiento ilícito de las campañas. Lo que ha definido la Corte es gravísimo, aunque sabíamos que era una lucha de David contra Goliat”, dijo.
El constitucionalista cordobés hace referencia a la situación por la que atraviesa Aldo Roggio, líder del grupo empresario que comanda Cet, e implicado en la causa de los cuadernos en la que se investiga el pago de coimas durante la época kirchnerista.
Hernández señaló que desde lo jurídico ya no queda nada por hacer, aunque destacó que el gobierno municipal podría iniciar una cruzada política que incluya una consulta popular y genere presión a los estamentos judiciales. “¿Pero quién tiene hoy la decisión política de combatir el juego en Río Cuarto? Continué defendiendo a la ciudad en absoluta soledad”, declaró Hernández.
Historia
La batalla por acotar el horario de Cet comenzó en 2009, cuando el gobierno de Jure concluyó que la sala de juegos generaba perjuicios a la economía local y a la salud de la gente. Se aprobó una ordenanza para reducir en 10 horas el funcionamiento pero no estuvo vigente jamás. El Tribunal Superior de Córdoba emitió una precautelar con el argumento de que el juego sólo puede ser regulado por la Provincia; además, Río Cuarto había firmado el convenio durante la gestión de Alberto Cantero.
En 2014, el TSJ le asestó un duro golpe a las pretensiones de la ciudad: declaró inconstitucional la ordenanza. En marzo de 2016, el mismo Tribunal le denegó al Municipio el recurso extraordinario para trasladar el tema a la Corte.
Río Cuarto fue en queja ante el máximo órgano del país, que primero debía determinar si el caso correspondía a su jurisdicción. Si hacía lugar, iba a adentrarse en el planteo de fondo. Pero ni siquiera llegó a esa instancia.
La última presentación de Hernández fue en febrero de 2017 y se esperaba que la Corte tardara años en emitir una resolución. En los hechos, sólo se tomó siete meses.
Las tragamonedas podrán seguir viendo crecer su facturación a un ritmo de 124% cada año. Y continuarán abiertas todo el día a pesar de que el 69% de los riocuartenses las rechaza.
