La Federación de Sindicatos Municipales denunció penalmente al intendente de Río II
La acción legal fue iniciada porque considera que Javier Monte violó los deberes de funcionario público y abusó de su autoridad al prohibir por 13 años la efectivización de agentes comunales.
La Federación de Sindicatos de Empleados Municipales de Córdoba y el gremio municipal de Río Segundo denunciaron penalmente al intendente Javier Monte y a los exconcejales radicales Gerardo Moyano, Ariel Domínguez, Fabiana Cuevas y René Migliore como supuestos autores responsables de los delitos de abuso de autoridad e incumplimento de los deberes de funcionario público.
La presentación ante la Fiscalía local fue hecha por Jorge Martín en su doble función de titular de la Federación y del sindicato de Río Segundo.
“El 24 de junio de 2014 el Concejo Deliberante de Río Segundo aprobó la ordenanza 1946 con el voto de los cuatro ediles radicales. La normativa determinó que la intendencia no puede efectivizar más agentes hasta el año 2027.
Esta medida viola la legislación nacional en materia laboral y atenta contra los derechos de los trabajadores municipales”, explicó Jorge Martín.
La Federación intentó convencer al intendente y a los ediles de que dieran marcha atrás con la normativa pero fue en vano. Terminó 2014 y en el transcurso de 2015, el organismo gremial intimó a los ediles para que deroguen la ordenanza 1946, ya que de lo contrario se iniciarían las acciones legales de rigor.
El intendente Javier Monte se mantuvo firme en su postura y se presentó a la reelección con la boleta de la UCR logrando el 55% de los votos. Uno de sus slogans de campaña fue el de haber sido el único jefe municipal que no efectivizó personal.
“No podemos admitir que se viole la ley. Río Segundo tiene actualmente 170 empleados de planta permanente y más de 400 precarizados (contratados, becados, facturantes). Si se mantiene la ordenanza 1946 muchos de los actuales empleados efectivos se jubilarán y nadie los reemplazará en los próximos 12 años. Javier Monte justifica esta medida con el argumento de reducir el costo salarial pero en forma paralela ha creado para 2016 nuevas subsecretarías y direcciones que se cargos políticos nuevos. Además todos los meses paga atrasado los sueldos”, concluyó Jorge Martín. De prosperar la denuncia penal, es posible que el nuevo Concejo Deliberante de Río Segundo se aboque al análisis de esta polémica ordenanza, para ver si es constitucional o no.
