La Iglesia se sumó a la lista de reclamos en contra del Gobierno
El obispo Casaretto se mostró preocupado por la situación de pobreza.
El obispo Casaretto se mostró preocupado por la situación de pobreza.
Las críticas del obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, para que el presidente Mauricio Macri cumpla con la «pobreza cero», prometida en campaña, y una carta de curas villeros en la que denuncian desigualdad fueron parte de un llamado de atención de la Iglesia al Gobierno.
Casaretto, advirtió que el objetivo de «pobreza cero» que se trazó el Gobierno no puede quedar en una «cosa declarativa» y que debe «traducirse en acciones concretas», en tanto que el grupo de Curas en Opción por los Pobres cuestionaron las políticas de Macri, a quien definieron como un «desocupador serial».
Sobre la lucha contra la pobreza, el prelado indicó que «a veces se declara» pero advirtió que «no terminamos de ponernos de acuerdo entre todos para ver cómo enfrentarla» y opinó que para abordar la problemática de la pobreza es preciso que exista «voluntad de terminar con los enfrentamientos y buscar puntos en común». En ese sentido, precisó que «todavía esa voluntad no está tan clara» dado que no vislumbra «actitudes de mayor diálogo, mayor entendimiento o búsqueda de consensos».
En tanto, los Curas en Opción por los Pobres dieron a conocer una extensa carta abierta con filosas críticas contra Macri. «Escuchar hablar de felicidad y de trabajo nos resulta ofensivo y grave. Las palabras tienen contenido que las definen, pero vacías o huecas pueden manipularse. Se manipulan de hecho». Escucharlo decir que «el trabajo dignifica» resulta cruel en boca de un «desocupador serial», fustigaron.
Destacan que «la felicidad surge de la justicia social, el trabajo digno, el respeto y la dignidad reconocidos» y que «nada de eso» es posible reconocer en las «actuales políticas de este Gobierno».
Ante esta situación, los curas tercermundistas cuestionaron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a quien acusan de negar la realidad de los despidos, y rechazaron el «Plan de Primer Empleo» al entender que la «real intención» es «disminuir el costo laboral» de las empresas como «desincentivo a la creación de trabajo».
