La política de predistribución
Advertencia: en estos momentos en los que en nuestro país cae la producción nacional, cae el consumo y crecen la pobreza e indigencia, este artículo puede parecer fuera de contexto; pero, aun inmersos en este presente distópico, estamos obligados a imaginar caminos de progreso para el futuro.
Advertencia: en estos momentos en los que en nuestro país cae la producción nacional, cae el consumo y crecen la pobreza e indigencia, este artículo puede parecer fuera de contexto; pero, aun inmersos en este presente distópico, estamos obligados a imaginar caminos de progreso para el futuro.
Es función del Estado garantizar el crecimiento de las empresas nacionales y de los puestos de trabajo avanzando en el sentido de la equidad en la distribución del ingreso. La política de predistribución propone que los fondos que van del estado a las empresas privadas como por ejemplo créditos blandos, compras estatales direccionadas o salvatajes en casos de crisis, tengan a cambio acciones de las empresas beneficiadas.
En su reciente libro Misión Economía, una Guía para Cambiar el Capitalismo, Mariana Mazzucato escribe: “Si la riqueza se crea en sociedad, ¿cuáles son las herramientas que garantizan que esta también se distribuya por la sociedad, en vista tanto de la equidad como de la justicia en el esfuerzo y la implicación? De eso se trata la predistribución”.
Las políticas neoliberales de Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei, que contaron con el apoyo explícito de las grandes corporaciones empresarias, las que hoy son las mandantes de Milei, tienen como objetivo retirar al Estado de sus funciones: educación, salud, protección social e impulso del desarrollo productivo en los roles de estado productor, regulador y comprador. Pero, muy contradictoriamente, las grandes corporaciones empresarias que inventaron el fenómeno Milei, el autodenominado topo destructor del Estado, más que destruir el Estado exigen y obtienen la protección de este, que derrama sobre ellas fondos que, alternativamente, se debieran usar para satisfacer necesidades populares.
Un ejemplo reciente es la exigencia del Grupo Techint, chantajeando con despidos, de que el Estado intervenga en la economía protegiendo a su empresa Ternium de la competencia con el acero importado de China. Debemos recordar que el gigantesco crecimiento de Techint se apalancó sobre el Estado con la ejecución de obras públicas, con la provisión de tuberías petroleras a la YPF estatal y con la privatización de la exSomisa. Protegiendo a Ternium contra la competencia china se encarece el acero para las pymes que pierden competitividad y se encarecen los productos de acero para la población en general. Esta protección, para ser una política que impulse el desarrollo nacional, debiera asegurar que la sociedad comparta las extraganancias que la protección genera.
Otro ejemplo, en las antípodas del modelo industrializador de Techint, es el de Mercado Libre con su fintech Mercado Pago, cuyo dueño tuitea exigiendo el retiro del Estado y vive en Uruguay para eludir pagarle impuestos personales al Estado argentino; Estado que no solamente subvencionó su crecimiento mediante la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento, que originalmente fue concebida para pymes pero que hoy derrama 100 millones de dólares anuales sobre la empresa de mayor valor del país, sino que además el Estado tolera amigablemente que ML-MP adopte posiciones monopólicas ante las empresas que venden a través suyo y que use su poder para impedirle a sus empleados el ejercicio del derecho constitucional a sindicalizarse. Un caso típico en el que la predistribución es imprescindible.
La presencia del Estado en la dirección de empresas debiera asegurar la reinversión de utilidades y el impulso a la formación de encadenamientos productivos, los que aumentarían la producción nacional y –fundamentalmente– su autonomía. El Estado, como integrante de los directorios de las principales empresas, debiera garantizar que las ganancias de estas, en lugar de usarse en maniobras especulativas –como la recompra de acciones o la triangulación del comercio interempresa[1]–, sean utilizadas para garantizar mejores ingresos a los trabajadores, a los jubilados, al sistema público de salud y de educación pública, al desarrollo local de la ciencia y la tecnología y a la producción autónoma de tecnologías.
Un capitalismo con una fuerte componente de propiedad estatal, administrado por un gobierno dispuesto a priorizar las necesidades de la población y convencido de la necesidad de la autodeterminación tecnológica, permitiría avanzar en el camino de lograr mayores niveles de igualdad. La propuesta de predistribución es válida para economías de alta industrialización y también para nuestra economía.
Escribe Mazzucato: “No es necesario que el gobierno cuente con una participación mayoritaria, pero podría tener capital en forma de acciones preferentes con prioridad para recibir dividendos o tener una acción de oro que le dé derecho de veto en determinadas circunstancias, como las adquisiciones”.
Existe el injustificado mito de que solamente las empresas privadas innovan y crean valor. Frente a la propuesta de predistribución, se intentará asociar la participación del Estado en el manejo de empresas a un camino de ineficacia, pero esto es falso: las empresas estatales o controladas por el estado, como YPF, INVAP y N.A.-S.A. (Nucleoeléctrica Argentina S.A.) son claros ejemplos que muestran al Estado como excelente innovador y administrador. En el caso de YPF, en Vaca Muerta el costo por barril en el tercer cuatrimestre del 2022 igualó el costo del Permian que es el yacimiento no convencional estadounidense operado por las operadoras más eficientes de la industria.
Implementar una política de predistribución hará realidad la frase muy usada por los grandes empresarios y sus gerentes cuando recortan derechos laborales, “there ain’t no such thing as a free lunch” … pero cambiando el sujeto.
Por Eduardo Dvorkin
Eduardo Dvorkin es profesor emérito de la UBA.
Nota:
[1] E. Dvorkin, ¿Qué ciencia quiere el país?, Buenos Aires: Colihue, 2017.
