Las empresas líderes destinan cada vez menos a salarios y contribuciones
Para Arcor, Molinos, Aluar, Newsan, Sociedad Comercial Del Plata y Carrefour, el costo laboral sobre ventas retrocedió más de un punto el año pasado. La pérdida de participación del salario se extiende en la economía. Los costos políticos.
Para Arcor, Molinos, Aluar, Newsan, Sociedad Comercial Del Plata y Carrefour, el costo laboral sobre ventas retrocedió más de un punto el año pasado. La pérdida de participación del salario se extiende en la economía. Los costos políticos.
El pago de salarios y cargas sociales representa un costo cada vez más bajo para empresas líderes en la Argentina, exponentes de un fenómeno que se ha ido generalizando en la economía hasta disminuir la participación de los ingresos de los trabajadores en el producto nacional a niveles mínimos de las últimas décadas.
La capacidad de resistencia de sectores asalariados en ese proceso se vio limitada por la crisis que desató la pandemia y ahora la guerra en Europa. El resultado es la ampliación de la brecha entre ganancias empresarias y sueldos y explica, en parte, el desencanto con el gobierno del Frente de Todos de una porción de sus votantes, al no haber encontrado un resguardo desde el Estado que evitara que salieran como perdedores en la puja distributiva. Eso le ocasiona un fuerte costo político al oficialismo, que se retroalimenta cada semana con la llegada de nuevas listas de precios a los supermercados.
«Considerando un panel de grandes empresas, entre las que se incluyen Arcor, Molinos, Aluar, Newsan, Sociedad Comercial del Plata y Carrefour, se observa que el costo laboral en relación a las ventas se redujo sensiblemente entre 2016/2017 y 2021», revela una investigación del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), en base a los balances de las firmas. El costo laboral sobre ventas retrocedió al 12,2 por ciento en promedio en 2021, desde el 13,3 por ciento de 2020. Quedó en un rango incluso inferior al de todos los años del macrismo, cuando la caída estrepitosa del consumo alteró la ecuación de las compañías. La proporción de costos salariales en aquellos años aumentó no por la mejora de los sueldos, sino porque cayó la facturación en términos reales.
En 2016 el costo laboral sobre ventas para ese conjunto de firmas era del 18,9 por ciento, 50 por ciento más que el año pasado. En 2017 fue del 17,7 por ciento, en 2018 descendió al 14,7 por ciento y en 2019, al 10,8. «La crisis de 2018/19 trajo aparejada una reducción del costo laboral en relación a las ventas», remarca el documento del centro de estudios que dirige Hernán Letcher. Además, la reforma tributaria que aprobó el gobierno de Juntos por el Cambio en 2017, con una fuerte rebaja de contribuciones patronales, ayuda a comprender esa evolución. Fue una transferencia directa de recursos desde la seguridad social a las empresas.
«Si se mide el costo laboral en dólares para las mismas empresas, el proceso de deterioro es aún más pronunciado. Las devaluaciones de 2018 y 2019 erosionaron el costo laboral medido en dólares a un cuarto del nivel de 2017», advierte el CEPA. Pasaron de 160 millones de dólares entre sueldos y contribuciones para las seis compañías en 2017 a 39 millones en 2018 y 19 millones en 2019. En 2020 subieron a 25 millones y en 2021, a 30 millones, a partir de la estabilización del tipo de cambio.
Otro informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) amplía al conjunto de la economía ese comportamiento dispar entre las ganancias empresarias y los salarios, en base a datos del Indec. “La ganancia empresarial se ha lucrado de la inflación a costa del bienestar social de los trabajadores”, denuncia el documento. A fines de 2015, como corolario de doce años de gobiernos kirchneristas, la participación del salario en la economía era del 51 por ciento, para luego descender al 45,3 por ciento al final del gobierno de Mauricio Macri y quedar en 43,1 por ciento al cierre de 2021.
“De forma acumulada entre 2016-2021, la masa salarial en la economía creció 335 por ciento, mientras que los precios subieron 474 por ciento y los beneficios empresariales, 523 por ciento. Entre 2020 y 2021 la masa salarial aumentó 42 por ciento, los precios escalaron 52 por ciento y la ganancia empresarial, 75 por ciento”, agrega la Celag, que conduce Alfredo Serrano Mansilla.
Frente a esta realidad, el gobierno trabaja en un proyecto de ley para recuperar una parte de las ganancias extraordinarias generadas por la violenta suba de los precios internacionales de las commodities y distribuir esos recursos entre trabajadores informales, monotributistas y representantes de la economía popular, según trascendió luego del anticipo del ministro Martín Guzmán.
Para los asalariados formales, por ahora la estrategia oficial es adelantar las paritarias a fin de recomponer ingresos. La estampida de precios de marzo marcó un pico inflacionario del 6,7 por ciento.
Para la consultora Sarandí, a cargo de Sergio Chouza, esa estrategia será insuficiente. Además, propone la implementación de un aumento generalizado de 10 mil pesos para los trabajadores privados. «Se podría implementar por decreto, como se hizo al inicio de la actual gestión, o en 2004. Para que no sea un efecto efímero, podría tratarse de un monto remunerativo, a cuenta de paritarias futuras. Una medida (módica) como esta produciría una expansión superior a los 95.000 millones de pesos, incluyendo a trabajadores del sector público, lo cual equivale a 0,15 por ciento del PBI», sugiere en su último informe.
«Un paliativo de lógica similar -agrega- se aplicó estos dos años en materia previsional a partir del otorgamiento de bonos para jubilados y pensionados. Si bien el mecanismo no es ideal, por lo menos sostiene parcialmente el poder adquisitivo de los ingresos. La evolución de la jubilación mínima superó a la inflación estos dos años gracias a la aplicación de estos bonos», recuerda.
En cuanto a la incidencia de un aumento automático de 10 mil pesos para los trabajadores privados, representaría un salto de 8,7 por ciento sobre el salario medio y de hasta 25 por ciento sobre el salario mínimo, tras la actualización de abril. «Obviamente en un entorno inflacionario tan acelerado todo es insuficiente, pero sancionar una suba por decreto podría dar una señal al sector privado sobre la voluntad firme de que la apropiación del fruto del crecimiento económico también participe a los sectores de ingresos fijos. La torta hoy está creciendo, pero la puja distributiva no se está resolviendo adecuadamente. Esto produce un daño social», concluye Chouza.
Hasta el Fondo Monetario Internacional advirtió que si los gobiernos no actúan con decisión para salir en auxilio de las mayorías populares, castigadas por las crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania, los riesgos de estallidos sociales estarán a la vuelta de la esquina. Es un mensaje que un gobierno que representa a esas mayorías debe saber y atender como nadie.
