Las provincias reclamaron ante la Corte Suprema
Dieciséis gobernadores plantean que solo aspiran a que el Gobierno nacional se haga cargo de los costos de sus fallidas políticas y no pretenda hacer campaña con el dinero que le corresponde a las provincias.
Dieciséis gobernadores plantean que solo aspiran a que el Gobierno nacional se haga cargo de los costos de sus fallidas políticas y no pretenda hacer campaña con el dinero que le corresponde a las provincias.
Diecisés de las 19 provincias que la semana pasada participaron de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones calificaron de «inconstitucional» el decreto presidencial que habilita el recorte de impuestos, como el IVA y Ganancias. La iniciativa solicita, con carácter de urgente, que la Corte Suprema se pronuncie sobre la cuestión de fondo para que no se afecten los recursos que las provincias dejarían de percibir como consecuencia del paquete de medidas económicas anunciado por el presidente Mauricio Macri pocos días después de haber sido derrotado en las PASO.
“La presentación que realizamos hoy junto a otras provincias no se hace en detrimento de la calidad de vida a los argentinos y argentinas ni pide que se dejen sin efectos las deducciones planteadas, sino que busca dejar en claro que no se puede trasladar el problema generado por sus políticas (las del Ejecutivo nacional) a las provincias que representamos», aseguró a PáginaI12 la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. «De parte del gobierno nacional hubo una decisión inconsulta y unilateral sin tener en cuenta el perjuicio generado para las provincias”, agregó la mandataria, quien fue reelegida para un segundo mandato el pasado 11 de agosto.
San Juan, Neuquén, Tierra del Fuego, Catamarca, Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Tucumán, Río Negro, Salta y Misiones hicieron presentaciones similares a la de Santa Cruz, conformando de hecho el primer grupo de 16 d elas 19 provincias que se reunieron la semana pasada para evaluar una acción en común frente a las medidas que, según sus propios cálculos, les quitarían 35 mil millones de pesos coparticipables a las provincias. Mientras Entre Ríos y Chaco ultiman detalles para sumarse a la iniciativa, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ya anticipó que no comparte la estrategia elegida. Más previsible fue la posición de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, tres territorios gobernados por el oficialismo.
El eje central de la presentación ante la Corte gira alrededor del documento acordado la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones, enriquecido más tarde por otro cónclave de los ministros de Economía de los distintos distritos, quienes detallaron los perjuicios que ocasionará en cada provincia el paquete con el cual la alianza gobernante intenta descontar el aluvión de votos que obtuvo en las primarias la fórmula encabezada por Alberto Fernández. De aquella segunda reunión participaron también los distritos controlados por el oficialismo, los representantes porteños, los de Corrientes y los de la provincia de Buenos Aires.
«Esta acción del Estado Nacional es tan arbitraria y perjudicial, al privarnos de los ingresos que nos corresponden por ley, que nos pone al borde de una grave crisis», señala el documento presentado por Santa Cruz, muy similar al presentado por cadsa una de las restantes 15 provincias que coordinaron su reclamo. Todas ellas exigen que «se intrumenten las compensaciones correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento» de las áreas de Seguridad, Salud, Educación y Justicia. También advierten que corren «el grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes», es decir, pagar los salarios de la administración pública y los servicios esenciales y, por lo tanto, no podrán «garantizar la paz social».
“Avanzamos como lo hicimos siempre por las vías institucionales, pero no encontramos respuestas: Por eso apelamos al Poder Judicial en defensa de los intereses de los habitantes de la provincia”, agregó Alicia Kirchner, quien agregó que la presentación ante la Corte Suprema se produjo «ante la falta de propuestas de parte de Nación a la demanda de los gobernadores y gobernadoras que firmaron el documento en el CFI la semana pasada solicitando que el Ejecutivo buscara alternativas consensuadas en lugar de imponer de manera inconsulta, mediante decretos, la quita de recursos a las diferentes jurisdicciones».
