Lo primero no es la salud
El Ministerio de Salud anuló convenios con universidades a través de los cuales más de mil profesionales brindaban servicios de atención primaria en todo el país, principalmente en zonas vulnerables y en situaciones de emergencia como inundaciones y epidemias.
Trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación denunciaron nuevos despidos y la paralización de programas de atención primaria, todo en medio de la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Estamos en una situación muy crítica a nivel regional y nacional por el dengue y el zika, y el ministerio tiene 40 camiones sanitarios y más de 20 camionetas para este tipo de situaciones que están parados”, sostuvo a Página/12 Héctor Carrica, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Además, el dirigente contó que los últimos empleados desvinculados fueron despedidos por el director del área de salud mental, Andrew Blake, que asumió hace dos meses pero todavía no fue designado. “Esta persona ejerció mucho maltrato laboral con nuestros compañeros, además de violar dos artículos de la legislación penal”, agregó Carrica. Los programas de atención sanitaria que dejaron de funcionar habían llevado adelante el año pasado 270 operativos en 42 municipios, donde atendieron a 64.700 personas, en zonas vulnerables y situaciones de emergencia como inundaciones y epidemias.
El lunes pasado, 1300 trabajadores del Ministerio de Salud perdieron sus puestos de trabajo al caducar los convenios por universidad que no fueron renovados por la actual gestión. Estos despidos significan el desmantelamiento de áreas que se encargan del abordaje territorial y que se encuentran sin funciones desde diciembre, como la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, los programas de Organización Comunitaria, Cuidarse en Salud, Promoción Comunitaria en Salud, y la Dirección Nacional de Salud Bucodental, entre otros. Por ese motivo y para exigir al titular de la cartera que garantice la permanencia de los puestos de trabajo, los trabajadores realizaron el lunes una “permanencia pacífica” en la sede del Ministerio. La protesta fue levantada cuando el ministro mostró una nota elevada al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para solicitar que se renueven esos contratos. “Por supuesto que a nosotros esto no nos da ninguna seguridad, por lo que seguimos movilizados por esos compañeros y por los 113 despidos que ya se hicieron efectivos”, dijo Carrica. Además, el dirigente sindical relató que mientras se realizaba la “permanencia”, el todavía por designar director Blake despidió a más de 40 trabajadores, por lo que adelantó que ATE lo denunciará penalmente.
Una de las áreas más afectadas es la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, dedicada a atender a mujeres embarazadas y recién nacidos para prevenir enfermedades y combatir la mortalidad infantil. También fue afectado el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. “Ellos dicen que como son antiabortistas, la cuestión de la educación sexual no les compete. Cuando asumió el ministro Jorge Lemus había muchísimos materiales editados para trabajar en escuelas y su gestión frenó la distribución”, manifestó Carrica, quien consideró “un error gravísimo” llevar adelante “una política de despidos en el marco de una emergencia sanitaria de esta magnitud”.
La dirigente de ATE Graciela Ríos, por su parte, destacó con preocupación “los valiosos recursos que se desperdician con esta parálisis” del organismo. “Todos los profesionales, técnicos y empleados fueron capacitados por el Estado y hoy no pueden trabajar”, amplió Ríos, que además contó que “por lo menos 500 vacunas ya se perdieron por no ser aplicadas”. La referente también resaltó que los programas que dejaron de funcionar, en 2015, permitieron aplicar 13.000 dosis de vacunas, entregar 7000 pares de anteojos, realizar 1525 estudios de imágenes y brindar talleres de promoción y prevención a 12.000 personas de todos el país. “Además se trabajaba de manera permanente en la villa 1-11-14, la 21-24, el barrio Zavaleta, entre muchas otras zonas que era necesario reforzar la atención”, agregó.
Tanto Ríos como Carrica coincidieron en señalar que la nueva gestión manifestó que el ministerio dejará de brindar asistencia sanitaria, para pasar a cumplir “exclusivamente funciones rectoras”. “La situación es dramática porque por un lado, tenemos compañeros que se quedan sin trabajo, y por el otro familias que se quedan sin un servicio imprescindible”, concluyó Carrica.
