Los inmigrantes: requeridos como mano de obra barata y luego, rechazados en forma inhumana
Pablo Ceriani Cernadas, primer argentino que integrará el comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre Trabajo Migrante
Pablo Ceriani Cernadas es un investigador de la Universidad de Lanús que se transformó en el primer experto argentino en integrar el comité de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención sobre Trabajo Migrante.
Lo hace en un momento clave: los que emigran buscando trabajo representan ya una crisis en buena parte del mundo. Desde los africanos que «rebotan» al intentar ingresar a Europa hasta los centroamericanos que son noticia en Estados Unidos, sobre todos los niños, tratados como adultos de ambos lados del «Muro de la Vergüenza» en la frontera México estadounidense. Los cruces asiáticos y los de nuestra propia Latinoamérica y el Caribe, siempre vigentes.
Ceriani fue seleccionado por votación de los estados parte, y es, desde el pasado 31 de diciembre, uno de los siete expertos que integran el comité.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias fue adoptada por la ONU en 1990 Ofrece un marco jurídico mínimo para prevenir y eliminar la explotación de los 200 millones de personas que viven y trabajan en un país diferente al de su nacimiento.
Lo que ocurre es que 24 años después de su puesta en vigor, sólo 46 de los 193 países de la ONU han firmado o ratificado el tratado, entre los cuales están muchos países sudamericanos como Argentina pero ninguno de la Unión Europea ni EEUU, es ardua la tarea que tiene por delante el comité.
MDZ viene siguiendo desde hace tiempo la problemática que se sostuvo como en un resorte y estalló justo cuando México, EEUU y el Vaticano se aprestaban, a mediados de julio pasado, a discutir por segunda vez en cinco años el impacto de la migración al desarrollo.
«Creo que cuando (un migrante) llega a otro país, debe demostrar solo que tiene interés en colaborar con el bien común de la comunidad a donde va. De otro modo se trata de una injusticia que se requiera su mano de obra, por ejemplo, y luego tenga problemas de documentación. Este es un tema fundamental. Este papa se preocupó por el problema y otros papas también se preocuparon. Juan Pablo II, por ejemplo, dijo sobre la situación de los palestinos que lo importante es ´que haya puentes y no murallas`», nos dijo, entonces, el obispo Marcelo Sánchez orondo, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano.
Hablamos con Pablo Ceriani sobre su trabajo y el asunto en particular.
¿Cómo es, desde su punto de vista, que repentinamente surge la información de que más de 50 mil niños inmigrantes desde Centroamérica están en asilos de EEUU? ¿Nadie sabía antes de que se difundieran las imágenes?
– El crecimiento de la migración de niños, niñas y adolescentes migrantes desde Centroamérica hacia México y los Estados Unidos se viene evidenciando hace varios años. Diversos informes dan cuenta de esta situación. Sólo por mencionar un ejemplo, una investigación realizada entre 2010 y 2012, publicada a inicios de 2013, entre el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina)y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Tapachula, Chipaas) daba cuenta de este fenómeno, así como de las defiiciencas y errores (en el enfoque, objetivos, prioridades) de las respuestas que los Estados de la región vienen dando a este fenómeno. La publicación -«Niñez Detenida. Los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes en la Frontera México-Guatemala»-, editada por Fontamara (México) se puede ubicar de manera completa en ninezmigrante.blogspot.com.ar
¿Y las razones?
– Las razones de esta tendencia creciente son múltiples y entrelazadas estructuralmente entre sí, sin perjuicio de que en cada caso haya incidido mayormente una u otra, o haya sido el último factor que determinó la partida. En todos los casos, estamos hablando de graves y generalizadas violaciones a derechos humanos básicos (a la vida, al desarrollo, la salud, la educación, la integridad física, la igualdad y la no discriminación, alimentación, vivienda adecuada, vida familiar, el acceso a la justicia, etc.). De esta manera, a la combinación de factores estructurales como la pobreza; exclusión social, discriminación por razones socio-económicas, étnicas, de orientación sexual, etc.; la falta de oportunidades educativas y laborales; la ausencia de políticas de salud y protección social inclusivas; se le ha ido sumando, cada vez con mayor intensidad, diferentes formas de violencia: violencia social (pandillas, con prácticas de reclutamiento forzoso a través de amenazas y violencia física); violencia institucional (fuerzas de seguridad, en muchos casos en connivencia con redes del crimen organizado); trata de personas; violencia de género; violencia y abusos sexuales a niños en el ámbito familiar.
A eso debe sumársele la esperanza que hay «del otro lado»…
– A estas causas estructurales hay que agregar la cuestión de la reunificación familiar con sus padres que han migrado años atrás a Estados Unidos. Es importante notar que estos adultos no han podido obtener un permiso de residencia, ya que el país no hace una regularización migratoria desde el año 1986, ni tampoco reconoce aspectos como el tiempo de residencia, su situación laboral, el hecho de tener hijos allá -y por ende de nacionalidad estadounidense-, entre otras circunstancias , para otorgar dicho permiso. En este escenario, y ante la cada vez más precarizada y peligrosa situación en origen, los padres y/o los niños optan por la migración -pese a sus riesgos- como una estrategia esencial -sino la única- de superviviencia, de tener condiciones de vida digna y, en muchos casos, de reunirse con su familia.
¿Qué grado de importancia en sus agendas le ha dado al tema de los chicos «ilegales» la ONU desde sus diferentes agencias?
– La creciente problemática de la niñez migrante, en esta región y otras, ha venido siendo atendida por otros actores, como el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que ya en 2005 ya había emitido una Observación General sobre niños y niñas no acompañados fuera de su país de origen), por UNICEF (con diferentes reportes al respecto), e incluso por los países del MERCOSUR, que en 2011 solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita una Opinión Consultiva sobre los Derechos de niños y niñas migrantes (la Corte va a emitir esta Opinión el próximo mes de septiembre de 2014). Por lo tanto, había suficiente información sobre este tema en la región, sobre su tendencia creciente y respecto de los problemas de fondo que la originan. Por ello, resulta inadecuado presentar esta situación como «la crisis en la frontera sur», como lo hace el gobierno estadounidense. La verdadera crisis está en Centroamérica, hace décadas, aunque profundizada en los últimos años.
EEUU está reaccionando espasmódica y hasta contradictoriamente frente al problema migratorio. ¿No sabe qué hacer? ¿No le importa?
Hasta el momento, parecería que la respuesta de Estados Unidos ante este fenómeno podría profundizar el problema, antes que atenderlo adecuadamente. Es decir, reforzar el control fronterizo, incluyendo una mayor militarizacíon de la frontera.
… Y un conflicto político interno importante con los republicanos…
– A ello se le agrega una posible medida regresiva que el gobierno está evaluando: la reforma de la ley de protección a víctimas de trata, aprobada en 2008 bajo la administración de Bush (quien precisamente no se ha destacado por su protección a la población migrante, sino lo contrario). De prosperar esa propuesta, los niños centroamericanos, en lugar de ser canalizados a un área de protección bajo del Departamento de Servicios Sociales y Humanos (HHS), quedarían bajo la órbita del Departamento de Homeland Security (DHS), con el objetivo de facilitar las detenciones y deportaciones de esos niños. Eso dificultaría sustancialmente la posibilidad de solicitar asilo o encontrar diferentes formas de protección ante posibles riesgos a sus vidas en sus países de origen en caso de ser repatriados.
¿Y esa ley es aplicable?
– Los niños y niñas mexicanos -salvo raras excepciones- no pueden acceder a la protección que brinda esa ley. Por un acuerdo bilateral entre ambos países, esos niños son detenidos y devueltos a su país casi inmediatamente. Es decir, dos Estados deciden de forma bilateral que no van a garantizar los derechos de esos niños, algo indudablemente contrario a los tratados internacionales y las normativas de ambos países.
Hablaba antes de contradicciones dentro de EEUU a la hora de reaccionar, pero parece que es peor.
– Los informes elaborados por organizaciones ubicadas a los dos lados de la frontera, demuestran cabalmente cómo esas prácticas vulneran derechos fundamentales, no significan protección alguna para esos niños, no reducen la migración, e incluso alimentan el negocio del crimen organizado. Lamentablemente, en lugar de incluir a los niños mexicanos en los mecanismos provistos en la ley de trata, el gobierno está proponiendo reformar la ley para quitarle esos beneficios también a los niños centroamericanos. Agilizar las deportaciones no solo trae aparejado la reducción de derechos y la aplicación de procedimientos sin las debidas garantías, sino que imposibilita encontrar soluciones duraderas, tanto para los niños que migran como para quienes lo podrían hacer en el futuro. El informe Niñez Detenida, que analiza la práctica generalizada de detención y deportación desde México hacia Centroamérica, evidencia no sólo el catálogo amplio de derechos que son violados, sino también la rotunda ineficacia de ese tipo de respuestas. El número de niños ha ido creciendo año tras año a pesar de los esfuerzos centrados en el control y la repatriación.
¿Cuáles son las razones para no abordar con seriedad el tema en toda su dimensión y complejidad?
– Al no atenderse las razones por las cuales salen de sus países, ni en forma individual, a través de un procedimiento dirigido a evaluar cada caso y decidir lo más apropiado con base en los derechos del niño, ni en forma general, a través de políticas a nivel local, nacional y regional que aborden a corto y largo plazo esas causas, esta migración no cesa sino al contrario. En la Estación Migratoria Siglo XXI (centro de detención ubicado en Tapachula), se verifica que hay niños que son detenidos 3, 5 o incluso más veces, ya que vuelven a emprender el camino casi inmediatamente después de ser repatriados, debido a que las causas que lo motivaron a salir en primer lugar siguen ahí, intactas, o incluso se han agravado, por ejemplo, en casos que esté en riesgo su vida.
¿Se puede decir que la respuesta que se presenta como tal es desacertada?
– La respuesta centrada en el control migratorio significa una reducción profunda y equivocada de un fenómeno claramente multidimensional. Estamos ante una cuestión que es producto de un enorme número de factores de índole política, económica, social, cultural, familiar, etc. El aspecto securitario de la migración representa un porcentaje mínimo, a veces insignificante, y en todo caso, por lo general, es la seguridad de la población migrante la que está en riesgo, tanto en las causas de la migración como en el tránsito. Pensemos en los carteles de narcotráfico mexicanos, que han secuestrado a miles de migrantes en los últimos años; o en los abusos de las fuerzas de seguridad, también largamente probados; o la creciente práctica de trata de personas para explotación sexual y laboral; o los minutemen, ese grupo delincuencial de Estados Unidos que se dedica a dispararle a los migrantes en el desierto. Sin embargo, sin evidencia alguna, la migración -en este caso, de niños y niñas- es presentada como un problema de seguridad, y de esa naturaleza son las respuestas. De ahí el impacto negativo en derechos, de ahí su ineficacia por no abordarlo con el o los prismas adecuados. También esta respuesta puede contribuir a elevar los diferentes factores de violencia en la región. Sin abordar sus causas estructurales, la migración no cesa por el refuerzo del control. Esto incrementa es el negocio de la migración de las diferentes redes del crimen organizado, cuyos «servicios» se hacen más necesarios para lograr llegar a destino, y por enden cada vez más caros (las familias pagan a esas redes -«coyotes»- varios miles de dólares más de lo que cuesta un pasaje en avión en clase bussiness). Pero también es un negocio para las grandes empresas que gestionan los centros de detención privatizados en EEUU (como la Corrections Corporation of America, CCA, un grupo económico -y por ende- político con un enorme poder de lobby).
¿Y entonces?
– Lamentablemente, la respuesta no está, como debería, centrada en un enfoque integral y de derechos humanos, ni tampoco regional. No estamos ante un problema de Estados Unidos sino de la región, y es así como debería abordarse. En término de derechos humanos, es importante decir que la Convención sobre Derechos del Niño, que debería ser la guía para atender este fenómeno, ha sido ratificada por 194 países del mundo. Sólo dos no lo han hecho hasta el momento. Uno de ellos es Somalía. El otro, Estados Unidos. Este dato también indica una cuestión de doble moral o doble estándar entre lo invocado a nivel global respecto de la realidad en otros países, y las decisiones a nivel interno, sin perjuicio que esta contradicción es menor al observar las acciones políticas y militares en el exterior.
¿Y a qué se debe que EEUU, repentinamente, despliegue información sobre el programa en una forma tan contundente?
– Llama mucho la atención que desde Estados Unidos se presente el tema como un problema de una envergadura tal que amenaza su seguridad, su economía, etc. Aún cuando se trata de una cuestión que requiere la mayor de las atenciones -por la vulnerabilidad en que se encuentran y por la gravedad de las causas- resulta paradójico que se aluda a la supuesta incapacidad de recibir de manera adecuada (con derechos) a unos 50.000 niños, mientras que recientemente un país como Líbano ha recibido más de 1 millón de refugiados de Siria, cifra que representa aproximadamente el tercio de la población libanesa. Entonces, si la respuesta a estos niños es desde la militarización, la detención y la deportación rápida, ¿es posible exigir a Líbano una respuesta basada en los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho internacional de refugiados? Estados Unidos, por el lugar que ocupa en el plano internacional, debe dar el ejemplo, no lo contrario.
¿Qué posición ganará?
– A pesar de lo que decimos, que debe dar el ejemplo, parecería que podría prevalecer la posición más conservadora. La misma que ha llevado a que Obama haya batido el récord de migrantes deportadados en lo que lleva de gobierno, superando a Bush. Alrededor de 400.000 migrantes han sido deportados cada año desde el 2009 en adelante. Cientos de miles de las personas que fueron deportadas llevaban viviendo y trabajando en el país, y tenían hijos nacidos allí -es decir, de nacionalidad estadounidense-. Es decir, que se ha priorizado el objetivo político de sancionar una infracción administrativa -un permiso vencido, por ejemplo- frente al derecho de los niños de no ser separados de sus familias, el derecho a la protección de la unidad familiar. Y aquí otra de las contradicciones: mientras que los sectores más conservadores (Tea Party, por ejemplo), son los actores más dinámicos en la defensa de la familia como elemento central de la sociedad, parecería que sólo se trata de «sus» familias, ya que esa protección, los derechos, no son aplicables cuando se trata de familias mixtas, nacionales y migrantes.
¿Cómo se entiende que los países que demandan mano de obra terminan tomándola, pero negándoles derechos? Esto no ocurre solamente en EEUU, sino también en Europa.
– Desde hace al menos dos siglos, las migraciones han estado estrechamente vinculadas al capitalismo. Personas desplazadas de sus lugares de origen -de manera más o menos forzada- han migrado desde áreas rurales a urbanas, o hacia otros países, debido a diversos factores ligados a la macro y micro economía. Son infinitos los ejemplos sobre personas (mano de obra) expulsadas de sus comunidades por intereses económicos de otros actores (públicos y privados), así como sobre la atracción de esos trabajadores y trabajadoras hacia el mercado de trabajo de los países de destino. En la fase actual del capitalismo -neoliberal-, donde priman la precarización del trabajo, la desregulación, flexibilización, desprotección de los derechos laborales y la reducción de los mecanismos y programas de protección social, es la migración irregular cumple un rol central. No es casual que pese al dramático crecimiento de los mecanismos de control migratorio (visados, muros, vallas, militarización), el número de personas que migran por vías irregular haya aumentado tan significativamente. La combinación de las causas existentes en los países de origen, los obstáculos que impiden a la mayoría de la población mundial salir de manera regular de sus países (¿Francia le daría un visado a un campesino de Mali o Chad en situación de extrema pobreza?), el crecimiento de las redes de tráfico de personas y las necesidades de las áreas informales del mercado de trabajo en los países del norte, están entre los principales motivos del aumento de la migración irregular.
En un diálogo que mantuvimos con el enviado del papa a México a estudiar el tema, Marcelo Sánchez Sorondo, habló, precisamente, de que los países llaman a los inmigrantes y después los maltratan.
– Millones de trabajadores y trabajadoras sin permiso de residencia cumplen una función central para la economía de los países en los cuales habitan. En Estados Unidos, donde se calculan entre 12 y 15 millones de migrantes indocumentados, esas personas son esenciales para garantizar la producción y distribución de frutas, verduras y otros alimentos; para toda la cadena del cuidado (de niños, ancianos, trabajo doméstico), para la construcción (casas, calles, rutas), la limpieza de la vía pública, para todo lo relativo a la hotelería y la gastronomía, etc., etc. Como planteaba una película, si esas millones de personas se fueran mañana del país, la economía estadounidense colapsaría al instante. Sin embargo, la migración es presentada como un mal, una amenaza, algo negativo. Detrás de esta mirada estigmatizante y criminalizadora, están más bien otras motivaciones: Por un lado, la económica, la reducción de costos a través de la precarización de trabajores que pueden ser detenidos y deportados fácilmente debido a una mera infracción administrativa. Por el otro, la discriminación, es decir, el intento de algunos sectores sociales de evitar lo inevitable: la transformación de su sociedad, la profundización de lo multicultural que caracteriza a cada vez más sociedades a nivel global. Pese a esta característica ya plenamente constatable, hay actores que aún pretenden representar de manera exclusiva «la» cultura estadounidense, o francesa, inglesa, alemana o española, o un poco más al sur, la «argentina» -negando como siempre las culturas indígenas, latinoamericanas, afrodescendientes y muchas otras que conforman nuestra sociedad). En algunas sociedades europeas -como la francesa- parecería que algunos intentan preservar los privilegios de un pasado colonial pero ahora en un mismo territorio, relegando no sólo a migrantes sino a sus hijos o nietos (tan formalmente franceses como cualquier otro), a una vida con menos derechos, menos oportunidades. Estas prácticas no sólo vulneran derechos, sino que también obstruyen procesos o iniciativas de integración intercultural, cohesión social, desarrollo humano, dando lugar a la desigualdad, la discriminación y, en cierta medida, el conflicto social.
También hay contradicciones históricas, culturales y legales allí…
– Lo grave de esto es que derechos reconocidos universalmente, que deben ser garantizados a toda la población que está en un territorio, son negados o restringidos a millones de personas sobre la base de su nacionalidad o condición migratoria. Miles de personas son detenidas a diario por una falta administrativa, llevados meses o años a un centro de detención sin derechos ni garantías básicas, por vulnerar una norma administrativa en el lugar donde trabaja, vive, crea una familia, etc. Los diferentes mecanismos políticos y comunicacionales que construyen los mitos alrededor de la migración, los estereotipos y prejuicios, han cargado a nuestras sociedades de palabras y símbolos que buscan legitimar prácticas arbitrarias que afectan derechos fundamentales de la población migrante. A modo de ejemplo, basta citar el uso generalizado del término «ilegal» para aludir a una persona en busca de trabajo, o de protección de su vida y la de su familia -pero no se usa el «ilegal» para hablar de alguien que hubiera cometido un crimen de lesa humanidad.
¿Cuál es el mapa de la crisis de los migrantes, más allá de Centroamérica y EEUU y Europa con África?
– La situación actual no sólo es muy grave en los Estados Unidos y en el ámbito de la Unión Europea. También, por ejemplo, en Australia, que recientemente firmó acuerdos con dos pequeños Estados-islas vecinas, como Papúa Nueva Guinea y Nauru, para darles dinero por cada inmigrante y refugiado que interceptan en el mar, para luego ser llevado a un centro de detención en esos países. Es decir, con tal que no lleguen a suelo australiano, y entre otras cosas, se atrevan a solicitar ser reconocidos como refugiados, Australia les paga a los demás países para que los reciban, detengan, y eventualmente, deporten. O la violación sistemática de los derechos laborales en varios países del Golfo Pérsico, conocidos mediáticamente por su crecimiento macroeconómico, en los cuales los migrantes pueden llegar a representar más de un 70% de la fuerza de trabajo. A modo de ejemplo, un informe publicado a inicios de este año, da cuenta que en Qatar, sede del mundial de fútbol en 2022, ya han fallecido en la construcción de los estadios, más de 1.000 trabajadores migrantes!!! (http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/the_case_against_qatar_en_web170314.pdf).
¿Quién tiene más responsabilidad sobre los migrantes? ¿El país de origen o el de destino, que a veces alude que le estalla sorpresivamente la cuestión en su agenda y no tiene respuestas?
– Es que el otro problema serio, además de la vulneración de los derechos de migrantes en destino, es la desatención de las causas estructurales de la migración de un modo que su abordaje sea responsabilidad de todos, y no solamente los países de origen. La relación entre Europa y África, desde al menos el Congreso de Berlin de 1885 en adelante, aunque podríamos ir bastante más atrás en el tiempo, o la de Estados Unidos con México y Centro América, está plagada de vínculos asimétricos que han incluido desde intervenciones armadas, colonización, esclavitud, explotación indiscriminada de recursos naturales, desestabilización de gobiernos democráticos, entre otras situaciones igual de perjudiciales para el desarrollo humano, integral, equitativo y sustentable para los pueblos africanos y latinoamericano. Los tratados de libre comercio y otros acuerdos económicos recientes entre ambas regiones o los países que la integran, también se encuentran entre los factores que, entre otros efectos, han contribuido al aumento de la migración. Por lo tanto, protección de derechos humanos y atención a las causas estructurales de la migración, desde un enfoque regional y global que contenga aspectos de corto, mediano y largo plazo, son un camino ineludible, imprescindible. Sin embargo, aún siguen prevaleciendo otras lógicas, en particular la securitaria que contribuye a garantizar intereses económicos.
¿Cree que a nivel internacional hay una real conciencia de grupos humanos desplazados en sus naciones de origen se están transformando en parias porque nadie los acepta, y hasta en algunos casos son devueltos al lugar de donde escapan y son perseguidos?
– Como decía, las políticas restrictivas buscan más bien seleccionar la migración, precarizarla en muchos casos, antes que detenerla de manera total. Si hicieran eso, la economía, pero también la protección social a sus poblaciones (debido a las bajas tasas de natalidad), quebrarían en el corto plazo. Pero este uso selectivo e instrumental de la migración se enfrenta con una cuestión inevitable: la realidad. Es decir, que un país ya no puede decidir con un mínimo grado de eficacia cuántos migrantes van a entrar anualmente a su territorio, de dónde tienen que venir, qué deben hacer y qué no, qué color de piel, religión, origen étnico y orientación sexual deben tener, qué condiciones de vida les vamos a reconocer y cuáles no; y cuándo y porqué se tienen que volver a su país. Las causas que llevan a la migración, que como decía, son determinadas también -y en gran medida- por los propios países de destino, hacen que sea imposible regularla de esa manera, en especial cuando las personas escapan de condiciones de extrema pobreza, violencia y exclusión que ningún muro o control migratorio las va a detener, como se dice entre la juventud senegalesa: las opciones son barça -por Barcelona- o barzakh -en Wolof, muerte.
¿Cuál es la respuesta que observa ante estos casos?
– Pese a esta imposibilidad de detener la migración, los Estados han intentando controlar y seleccionar la migración a través de diversos medios. Entre ellos cabe mencionar la imposición de visados, la externalización del control migratorio, es decir, controlar la movilidad desde el origen, en los mares internacionales, etc., implementada por la Unión Europea, o el dramático crecimiento de los muros y las vallas a un nivel que lleva a casi banalizar el Muro de Berlin. En la última década, han muerto decenas de miles más en el Mediterráneo o en el desierto de Arizona que a lo largo de décadas en el cruce entre las dos Alemanias.
¿Y entonces? ¿Qué hacemos?
– En este escenario, es fundamental tomar consciencia, informar, sensibilizar sobre todos los aspectos que moldean el fenómeno de la migración, para observar, examinar y responder ante la migración desde la complejidad que la caracteriza. Y también, desde las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, que deben garantizar condiciones de vida digna a todas las personas, sin discriminación alguna. Lamentablemente, parecería que muchos Estados no tienen la voluntad de hacerlo. Al respecto, es importante mencionar que mientras la Convención sobre Derechos del Niño, de 1989, fue ratificada por 194 países, como ya se dijo, la Convención sobre Derechos de Migrantes y sus Familias, de 1990, sólo ha tenido 47 ratificaciones hasta el momento.
¿Cómo ve la posición argentina en ese aspecto en el contexto internacional? ¿Puede la Argentina plantear formalmente salidas o soluciones plausibles, sobre todo como país construído en gran medida por inmigrantes?
– Argentina ha dado un giro notable en su política migratoria, de manera paralela a cambios importantes experimentados en Sudamérica y en el ámbito del Mercosur. Dos hitos de este nuevo rumbo son los Acuerdos de Residencia del Mercosur -de 2002- y la ley de migraciones aprobada en Argentina en diciembre de 2003, que reemplazó la llamada «ley Videla». Es decir, se reemplaza una ley basada en la doctrina de la seguridad nacional, que ve a la inmigración -sobretodo sudamericana- como una amenaza, por un acuerdo regional que facilita la circulación y la residencia entre los países, y una ley migratoria con un importante enfoque de derechos humanos. La ley 25.871 fue impulsada durante años por varios sectores sociales, como organismos de derechos humanos -como el CELS-, académicos especializados en el tema, sindicatos -como la CTA-, asociaciones de las comunidades de inmigrantes, y organizaciones de las iglesias protestante y católica -el mismo Bergoglio jugó un papel importante. Y en su última etapa, obtuvo el necesario apoyo del gobierno iniciado en mayo de 2003. Es importante destacar que el proyecto, del socialista Rubén Guistiniani, fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras, sin votos encontra ni abstención.
¿Esta legislación es una respuesta que se puede considerar «más efectiva» que la de los países que se encuentran en la encrucijada, en el hemisferio norte?
– Esta legislación, que junto a otras más recientes -como la de Bolivia y Uruguay- representan una vanguardia en materia de derechos de migrantes, y sin duda constituyen una respuesta diferente a la que vemos en otras regiones. La ley reconoce la migración como un derechos humano, así como la igualdad de derechos sociales entre nacionales y extranjeros, sin perjuicio de su condición migratoria. También reconoce garantías de debido proceso y el acceso a la justicia, y elimina los controles migratorios de los organismos públicos y la obligación de denuncia que pesaba sobre hospitales, escuelas, juzgados, etc. (¿porqué un hospital debía verificar si la persona había infringido una norma administrativa como la migratoria? ¿porqué no preguntaban si una persona no había cometido un delito grave? Estas prácticas, vigentes en muchos países, también dan cuenta del control social que se ejerce sobre la población migrante). La ley Videla, vigente en democracia durante dos décadas, no fue eficaz en reducir y controlar la migración (por las razones que mencionaba para el caso estadounidense). En 2003 se estimaba que había en el país cerca de 1 millón de migrantes indocumentados. Es decir, que la legislación no es determinante para decidir quién entra y cuántos, sino para regular sus condiciones de ingreso y permanencia. El dilema está en si se favorece la irregularidad, y por lo tanto la reducción de derechos, la vulnerabilidad, la explotación laboral en muchos casos, o la regularidad, el acceso a derechos y oportunidades, a mejorar las condiciones de vida, etc. Se trata de un modelo de exclusión y discriminación, o de integración y desarrollo humano.
¿Qué pasa a nivel de bloques regionales?
– Y el Mercosur está yendo en el mismo sentido. A partir de la implementación de los Acuerdos de Residencia por casi todos los países sudamericanos, las personas nacionales de estos países tienen el derecho de residir en calquiera de ellos, con su sola nacionalidad, sin necesidad de un permiso de trabajo, vínculos familiares, etc. Se trata de un paso importantísimo no sólo para los procesos de integración regional, sino también para ver y responder a la migración desde una perspectiva realista, integral y con enfoque de derechos y desarrollo humano. En el caso argentino, estos cambios, junto a los procesos de regularización migratoria, han permitido reducir significativamente la migración irregular, así como mejorar los indicadores sociales, económicos y laborales de las condiciones de la población migrante y nativa, como lo evidencian estudios de la OIT y el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, estos avances no están exentos de desafíos y problemas. Uno de ellos, en el caso argentino -pero también en otros- es la xenofobia. Actores políticos, comunicacionales, y desde muchos sectores sociales, recurren a los mitos y estereotipos para atribuir equivocadamente los problemas a la población migante. O en algunos casos, para desviar la discusión hacia otros temas con el fin de ocultar la deficiencia de la propia gestión (como ha hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en 2010, ante el déficit habitacional aque evidenció la toma del Parque Indoamericano). Es fundamental el trabajo que desde ámbitos claves como el sistema educativo, y los medios de comunicación, para contribuir de una buena vez a iniciativas de integración intercultural en Argentina. Es importante dar cuenta de la tergiversación de la historia migratoria en el país, que invisibiliza las dificultades -incluyendo la xenofobia- que enfrentaron migrantes españoles, italianos, rusos, judíos en el pasado, y que equivocadamente presenta la migración sudamericana como algo novedoso (cuando según el censo nacional de 1869 eran un 3% de la población) y como algo negativo e indeseable, ignorando también su aporte social, cultural, o económico, entre otros.
¿Es suficiente la legislación argentina actual para que, aunque seamos un país receptivo y morigere la xenofobia?
– A su vez, la problemática de la trata de personas y de la explotación laboral de migrantes, da cuenta de la necesidad de profundizar algunos programas que prevengan estos hechos y, sobretodo, protejan de manera adecuada e integral a sus víctimas. El pleno respeto a los derechos de migrantes que no vienen de países sudamericanos, así como la cuestión de ciertas trabas que aún existen para el acceso a ciertos derechos, también son retos que deben atenderse. Al respecto, ver el informe sobre niñez y migración publicado en 2013 por UNICEF y la Universidad Nacional de Lanús. En el ámbito regional, un desafío importante tiene que ver con la atención de las causas de la migración en la región, la reducción de las asimetrías y la desigualdad tanto entre los países como dentro de cada uno de ellos. Otro es la armonización normativa, ya que algunos países, aunque están actualmente discutiendo proyectos de ley migratoria (como Brasil y Chile), aún tienen en vigor leyes de épocas de dictadura que poco y nada tienen que ver con la perspectiva de derechos humanos y migraciones promovida por todos los estados desde el Mercosur y la Unasur. Sin perjuicio de estos y otros desafíos, no hay dudas que en Argentina y otros países sudamericanos, y en ámbitos regionales como el Mercosur, se ha ido diseñando lo que podría constituir, en caso de consolidarse, como un nuevo paradigma en materia de migraciones internacionales. Este enfoque, centrado en los derechos humanos y en un modelo de desarrollo humano integral, se opone al paradigma securitario y excluyente que caracteriza a las políticas migratorias prevalecientes en otras regiones. La situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes que están llegando a los Estados Unidos, evidencia como pocos la necesidad de cambiar esta visión restrictiva, criminalizadora y utilitarista, para dar paso a un verdadero compromiso no sólo por los derechos de los y las migrantes, sino por el desarrollo y la justicia social en todos y cada uno de los pueblos.
