Los represores ganaron más tiempo
El juicio por crímenes de lesa humanidad ya debería haber comenzado, pero la Justicia hizo lugar al pedido de la defensa de los represores para que fueran unificadas varias causas. La nueva fecha de inicio es el 6 de marzo de 2017.
El juicio por crímenes de lesa humanidad ya debería haber comenzado, pero la Justicia hizo lugar al pedido de la defensa de los represores para que fueran unificadas varias causas. La nueva fecha de inicio es el 6 de marzo de 2017.
El juicio por la Noche de los Apagones ya debería estar en marcha, pero los represores acusados volvieron a ganar tiempo y este proceso comenzaría recién en marzo. La causa abarca los crímenes de lesa humanidad ocurridos en julio de 1976 en las localidades jujeñas de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, cuando se produjeron cortes del suministro eléctrico, y en un operativo conjunto del Ejército, la Gendarmería y la policía provincial, fueron detenidas más de 400 personas, de las cuales 33 aún continúan desaparecidas.
El dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador de la firma Alberto Lemos fueron denunciados por complicidad al haber aportado los camiones del ingenio para transportar a los detenidos, además de haber armado listas negras de los obreros azucareros. Sin embargo, por decisión de la sala IV de la Cámara Federal de Casación, Blaquier y Lemos recibieron la falta de mérito y quedaron apartados de la causa. La fiscalía y la querella apelaron a la Corte Suprema, que aún no se expidió sobre el tema.
La postergación de este esperado juicio por los familiares y víctimas de la última dictadura se resolvió a partir de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF), que hizo lugar al pedido de la defensa de los represores para que fueran unificadas varias causas. De esta manera, la nueva fecha de inicio del juicio sería el 6 de marzo próximo.
Se conformaría una megacausa con el juicio de la Noche de los Apagones –causas Burgos, Arédez y Bernard– que tiene a once imputados y diecisiete víctimas, junto con otros procesos. Uno de esos expedientes es el caso del represor Juan Carlos Jones Tamayo, detenido en octubre de 2014 después de permanecer tres años prófugo y acusado por secuestros, torturas y desapariciones, delitos cometidos en Salta y Jujuy. Tamayo fue parte del aparato de inteligencia del Batallón 601 con responsabilidad de jefe en el área de ambas provincias, un organismo que comenzó a operar en 1975 como parte del Operativo Independencia y que tuvo como eje el ataque a los sindicatos azucareros del norte del país.
También se juntarían causas aún sin juzgar por crímenes de los que fueron víctimas trabajadores de Mina Aguilar. El 3 de mayo de 2013 se dictó sentencia sobre tres represores: prisión perpetua para los tenientes Mariano Braga y José Bulgheroni, y 25 años de prisión para Antonio Vargas, ex interventor del Servicio Penitenciario Federal (Villa Gorriti).
Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fueron detenidos nueve obreros mineros por el Ejército y la Gendarmería, luego fueron trasladados en camiones de la compañía minera St. Joseph Lead Co. Por este motivo, están imputados el entonces jefe de personal de la mina, Eduardo López, y otro directivo, Luis Arzuaga. Permanece desaparecido el dirigente minero y luego ministro de Trabajo de Jujuy en 1973, Avelino Bazán, que fue detenido por última vez en 1978.
También se incorporaría a esta megacausa un expediente por delitos cometidos contra la ex presa política Soledad López y otro, en instrucción, por abuso sexual contra víctimas del terrorismo de Estado.
Los detenidos en la mina y en la zona del ingenio fueron conducidos al Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) y al penal de “Gorriti”. En ese momento, el jefe del RIM 20 era el coronel Guillermo Siri, quien no se encuentra imputado, sino que fue nombrado en la actualidad jefe de Seguridad del gobierno jujeño, encabezado por Gerardo Morales.
El modus operandi de la represión fue el mismo: un accionar común entre el Ejército, la Gendarmería y la policía provincial, con la participación de los directivos de las empresas Ledesma y Minera Aguilar, aportando logística, camiones y listas negras. Relatos de los sobrevivientes evidencian cómo se encontraban obreros azucareros y mineros en el mismo penal sufriendo torturas y vejámenes.
