Marcha contra el aumento cordobés
Como un baldazo de agua helada vivieron los cordobeses la resolución del juez Federal N°1 Ricardo Bustos Fierro, en la que rechazó la cautelar y el pedido de amparo que hicieron más de 1200 ciudadanos luego del tarifazo del gas
Como un baldazo de agua helada vivieron los cordobeses la resolución del juez Federal N°1 Ricardo Bustos Fierro, en la que rechazó la cautelar y el pedido de amparo que hicieron más de 1200 ciudadanos luego del tarifazo del gas que, en algunos casos, escaló el 2000 por ciento de aumento en las facturas domiciliarias.
Con argumentos de expresa defensa de los intereses de Enargas, Bustos Fierro le dio un portazo al reclamo de los cordobeses capitalinos Antes, el juez Federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, había hecho exactamente todo lo contrario: aceptó la cautelar y el amparo a los ciudadanos de Río Cuarto que habían firmado el pedido de protección ante la justicia. Ochoa, quien es uno de los conjueces del megajuicio La Perla–Campo de La Ribera, ordenó que durante seis meses la empresa retrotraiga la situación a marzo, antes del tarifazo; que se les devuelva el dinero en caso de haber pagado la que llegó con el aumento; y prohibió a Enargas el corte del servicio mientras resuelve sobre “la cuestión de fondo”. Esto es, los próximos seis meses que estimó, le llevará el trámite.
Dos posturas, dos modos de encarar un mismo reclamo: Ochoa a favor de los usuarios; Bustos Fierro a la vanguardia judicial en beneficio de una empresa privada, siendo el primer juez en rechazar un amparo sobre esta cuestión en todo el país. El abogado que elevó el reclamo, Horacio Viqueira calificó de “bochornosa” la resolución de Bustos Fierro: un hombre que en su momento le dio luz verde a la re-reelección de Carlos Menem a la presidencia, cuando hizo lugar al pedido del justicialismo cordobés que lo habilitó a presentarse en las internas del partido.
“Nunca nos esperábamos una resolución tan bochornosa -le dijo a este diario Viqueira-. El juez no sólo se tardó más de quince días en responder la cautelar; sino que cuando lo hizo tampoco contestó ninguno de nuestros planteos. Ni la inconstitucionalidad de los aumentos; ni en cuanto a que debieron existir audiencias públicas previas; o que el tarifazo resulta expoliativo de los salarios de los trabajadores y de los haberes jubilatorios de las personas. Hay miles de ciudadanos que quieren pagar pero no pueden hacerle frente a facturas que superan su capacidad de sueldo. La provisión de gas, de agua, de electricidad son derechos de los ciudadanos. No son un bien suntuario. Son servicios básicos que están amparados constitucionalmente. No se puede resolver de forma unilateral este aumentazo y con semejantes aumentos”, explicó el abogado.
En su resolución, Bustos Fierro alude -para sorpresa de los amparistas- a la imposibilidad “de hacer lugar a la medida teniendo en cuenta el estado de deficiente infraestructura de todo el servicio de producción, transporte y distribución de gas”, poniéndose en el lugar de la empresa y abordando un tópico que nadie le había planteado.
Sobre este párrafo, el querellante Horacio Viqueira apuntó “es increíble. Habla desde los intereses empresariales o del ministro de Energía (Juan José Aranguren). Es como si los usuarios debieran pagar con este aumento, las inversiones que la empresa privada tiene la obligación de hacer por su propia cuenta y riesgo. Da la impresión de que está adelantando el argumento que van a usar para defender este tarifazo: que tienen que mejorar esas redes de distribución. Que esa es la razón de los aumentos. Pero eso no les corresponde a los usuarios”, recalcó. Si se leen las resoluciones del juez de Río Cuarto y la de Bustos Fierro, las diferencias saltan a la vista: los nueve folios de Carlos Ochoa contestan cada punto planteado por los amparistas; en tanto que el de Bustos Fierro parece redactado desde las oficinas de la empresa o de la del ministro de Energía Juan José Aranguren. Así, en otro párrafo del polémico documento, el juez justificó el aumento citando la resolución N° 28/2016, en la que desde el gobierno de Mauricio Macri se propicia “un nuevo esquema de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, para la incorporación de reservas y aumento de la producción (…) y se procure un consumo racional de gas natural incentivando el ahorro”. Un axioma, el del supuesto ahorro, que transita en la misma línea de “si la carne está cara, consuma verdura”; o “el que no pueda pagar la nafta, que no cargue”, del propio ex Ceo de la Shell.
