Más para la deuda, menos a educación
Un análisis del uso de los recursos públicos señala que la suba del gasto destinado a la deuda afectó la infraestructura social, educación y ciencia.
Un análisis del uso de los recursos públicos señala que la suba del gasto destinado a la deuda afectó la infraestructura social, educación y ciencia.
Los fondos destinados a pagar los vencimientos de la deuda absorben 17,6 de cada 100 pesos del gasto público total. La cifra más que duplica los valores registrados al comenzar la presidencia de Mauricio Macri. “No hay una reasignación de recursos, hay un cambio de perfil en la política de asignación del presupuesto: no solo se ajusta el financiamiento destinado a infraestructura social, educación, cloacas, ciencia y vivienda sino que se redireccionan los fondos al pago de la deuda”, expresa el especialista en economía de la educación Agustín Claus, para enfatizar que “entre 2012 y 2019 el análisis del gasto nos revela dos políticas de gobierno contrapuestas”. La contracara del incremento en la magnitud y el peso de los intereses de la deuda es una reducción en el gasto destinado a, por ejemplo, la inversión en agua y cloacas.
“El único componente del gasto que aumenta son los servicios de la deuda. El discurso electoral intenta mostrar un esfuerzo público para expandir la infraestructura social pero el análisis del gasto público muestra que la tendencia inicial a la baja se profundiza desde el año pasado”, explica Claus al referirse al impacto del programa de austeridad implementado para acceder al financiamiento del Fondo Monetario Internacional.
Durante 2015, los servicios de la deuda representaban el 58,4 por ciento del gasto en servicios básicos mientras que habían alcanzado un mínimo de 43,8 por ciento en 2013. En otras palabras, el “gasto” en educación, saneamiento, ciencia y tecnología, urbanismo y educación era superior a la totalidad de los fondos destinados a pagar deuda. El nuevo ciclo de endeudamiento iniciado con el arreglo con los fondos buitre y el paulatino proceso de ajuste fiscal que comenzó con la quita de subsidios revirtió esa relación. Durante 2018 los recursos destinados al pago de deuda ascendieron a 161 por ciento del gasto destinado a los servicios básicos. Y en 2019, la relación alcanza al 188,3 por ciento. Las estimaciones elaboradas por Claus están expresadas en términos reales, o sea que descuentan el efecto de la inflación.
A contramano del relato presidencial, las estimaciones elaboradas por Claus muestran una reducción en la inversión en agua y cloaca. Entre 2012 y 2019 se reduce la participación de ese concepto en el gasto total al caer de 1,4 a 0,5 por ciento. La menor porción del gasto destinada a ese tipo de proyectos se complementa con un ajuste en la inversión medida en pesos constantes que cae de 55.939 a 19.297 millones de pesos a lo largo de los últimos siete años.
El informe elaborado por Claus revela una dinámica similar en el rubro vinculado a Vivienda y urbanismo: cae el gasto como porcentaje del total y se contrae el tamaño de la inversión. En términos relativos se observa como después de ascender de 0,9 a 2,1 por ciento del total entre 2012 y 2015 impulsada por los programas estatales, la inversión en vivienda y urbanismo se desploma para alcanzar el 0,75 por ciento en 2019.
“Es un claro ajuste macroeconómico ortodoxo fiscal”, explica el licenciado en administración al señalar que la consecuencia de la austeridad es la “profundización de la recesión”. La inversión en cultura y educación, por su parte, muestra un comportamiento similar al caer de 6,9 a 5,5 por ciento entre 2012 y 2019. El ajuste se observa además en términos absolutos ya que el gasto medido en pesos constantes cedió de 285 a 231 mil millones de pesos en los últimos siete años. Cuando se evalúa el desempeño del gasto durante la gestión de Cambiemos el ajuste es mayor ya que cede de 331 a 231 mil millones de pesos entre 2015 y 2019.
Claus considera que para el sector educativo “implica una oleada de descentralización del Estado Nacional en términos de políticas públicas de equidad y justicia social, ya que las instituciones educativas desde 1992 culminaron dependiendo de las provincias. Hoy, este esquema de reducción del Estado y mayor coparticipación federal a las provincias tiene como resultado la discontinuidad de políticas nacionales educativas y potenciar la inequidad estructural que en el sistema permanece”.
