“Más poder para las empresas”
Agrupaciones socioambientales y académicas denuncian que la nueva norma hace posible avanzar sobre el escaso monte nativo que queda en la provincia de Buenos Aires y permite a la empresa Techint un megaemprendimiento inmobiliario. Caputo y Rocca, otros favorecidos.
Un caldén, especie existente en la provincia de Buenos Aires, ahora en peligro.
Agrupaciones socioambientales y académicas denuncian que la nueva norma hace posible avanzar sobre el escaso monte nativo que queda en la provincia de Buenos Aires y permite a la empresa Techint un megaemprendimiento inmobiliario. Caputo y Rocca, otros favorecidos.
“Los diputados cambian bosques por inundaciones con la ‘Ley Techint’ en Buenos Aires”, explica el documento de medio centenar de organizaciones sociales, donde denuncian la aprobación de una ley de bosques que hace posible avanzar sobre el escaso monte nativo que aún queda en la provincia y permite a la empresa Techint un megaemprendimiento inmobiliario. Fue apoyada por todos los bloques mayoritarios y promulgada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Las organizaciones socioambientales y académicas denuncian el lobby de las inmobiliarias, constructoras y sectores agroforestales. Precisaron que Buenos Aires tiene sólo un tres por ciento de bosques y alertaron: “Menos bosques, más inundación”.
Buenos Aires era la única provincia que no contaba con una norma específica (exigida en el marco de la Ley Nacional de Bosques 26.331, sancionada en 2007). Cada provincia debía aprobar, con participación ciudadana, el “ordenamiento territorial”, un mapa de tres colores: verde (se puede desmontar), amarillo (se puede hacer uso restringido, con audiencias y estudios técnicos) y rojo (debe protegerse).
Desde 2009 (cuando se promulgó la ley nacional), las organizaciones socioambientales de Buenos Aires impulsan una norma provincial que proteja los bosques. En mayo de 2015, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que flexibilizó la legislación nacional, omitió todas las recomendaciones de organizaciones y académicos, y fue en sintonía con los pedidos empresarios. A fines de 2016, a las 23.30 del 21 de diciembre, la Cámara de Diputados votó y dio sanción a la Ley de Bosques Nativos (14.888). El 15 de enero, la gobernadora Vidal firmó la promulgación (resta la reglamentación).
“Llevamos propuestas, informes técnicos, participamos, dialogamos con legisladores, pero sólo les importó la opinión del sector empresario”, denunció Noelia Calefato, de la Asamblea de Vecinos de Quilmes-Avellaneda. Resalta que los bloques de Cambiemos y Frente Renovador votaron por unanimidad la ley, y también la mayoría del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista.
Más de 50 organizaciones emitieron un documento: “Esta ley dice proteger los bosques nativos, pero en su lugar los entrega a empresas privadas, preparando la provincia para un nuevo crimen social”. Mencionaron al menos a tres empresas favorecidas: la constructora Grupo Caputo (familiares del presidente Macri), Eduardo Constantini (dueño de la compañía Consultatio, la desarrolladora de Nordelta y el museo Malba) y Techint (con el emprendimiento Nueva Costa del Plata, una suerte de Puerto Madero en Quilmes-Avellaneda, que había sido frenado judicialmente).
Desde 2014, las organizaciones denuncian el proyecto de ley de bosques de Buenos Aires por “inconstitucional, regresivo y peligrosamente permisivo”. Objetaron sobre todos los artículos 5, 8, 11 y 12. En ellos se relativiza la definición de bosques, deja zonas grises para que la autoridad de aplicación permita categorización y desmontes, reduce la protección en las zonas rojas (que, según la ley nacional, sólo pueden ser espacio de comunidades indígenas y objeto de investigación científica), y permite (en zonas rojas y amarillas, de protección), obras públicas y de infraestructura (con desmonte).
Muy gráfica es la imagen de dos mapas del ordenamiento. En el mapa presentado por la gobernación en julio de 2013 se muestran en colores las zonas a proteger (costas ribereñas) y el sur de la provincia. El otro, el mapa aprobado, no tiene casi ninguna zona roja (de protección) y escasas en amarillo (con uso restringido).
Entre las zonas afectadas están Berazategui (con countries en construcción sobre bosques y humedales), desde San Fernando hasta el municipio de Berisso (con la extensión del puerto de La Plata), los talares en la Bahía de Samborombón y Punta Indio (al este de la provincia), bosques de caldenal en el sur de la provincia y bosques ribereños a lo largo de toda la costa del Río de La Plata.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) celebró en su sitio web la aprobación de la ley y prometió que se protegerán 970.000 hectáreas, sólo el tres por ciento de la superficie de la provincia. Desde la Coordinadora por los Bosques Nativos de Buenos Aires afirman que, nueva ley mediante, ese tres por ciento se verá aún más reducido en poco tiempo.
La Red Socio-Ambiental Regional, el Foro Regional en Defensa del Río de La Plata, la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Inundados La Plata, Serpaj (Servicio de Paz y Justicia), Espacios Intercuencas, CTA Autónoma, Salvemos el Monte de Berisso, Parque Recreativo Los Hornos, Movimiento Popular La Dignidad, COA Reserva de Bernal, Centro Cultural Tonkiri, Foro Hídrico de Lomas de Zamora y Foro Hídrico de Lanús, entre otras, son las organizaciones movilizadas y en reclamo por la nueva ley bonaerense. “Les da a las empresas más poder sobre nuestros territorios, y las consecuencias las paga toda la sociedad. No proteger los bosques traerá más inundaciones”, alertaron.
El 16 de enero se movilizaron al Ministerio de Ambiente de la Nación y le exigieron al ministro Sergio Bergman que intervenga porque la ley provincial “está por debajo de los parámetros que determina la legislación nacional de bosques, por lo cual es inconstitucional”. También le recordaron que no se respetó la participación ciudadana (como establece el artículo 6 de la ley nacional). Ni el ministro Bergman ni otro funcionario los recibió.
