Municipios cordobeses, en el dilema de reducir tasas
El Consenso Fiscal que firmaron los gobernadores el 16 de noviembre –y que la Legislatura provincial de Córdoba ya convirtió en ley– tiene como eje central la rebaja de la presión impositiva
El Consenso Fiscal que firmaron los gobernadores el 16 de noviembre –y que la Legislatura provincial de Córdoba ya convirtió en ley– tiene como eje central la rebaja de la presión impositiva, con un desarme gradual, pero sustancial, de las alícuotas de Sellos e Ingresos Brutos desde este año hasta 2022.
Pero a los municipios les reserva un capítulo crucial, con un esfuerzo gigantesco y por partida doble.
Primero, porque la reducción de impuestos provinciales significará menos plata vía coparticipación para municipios. La rebaja de Ingresos Brutos sólo en 2019 le significará a la provincia de Córdoba una quita de ingresos, a precios de hoy, de 4.949 millones de pesos, casi el 10 por ciento de su recaudación propia. Algo menos del 20 por ciento de eso va directo a los municipios. Es decir que serán 989 millones de pesos que no se girarán a los intendentes.
Pero, además, el Consenso les pide a las provincias que promuevan que las tasas municipales que estén cobrando se correspondan con la “concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y que sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de ese servicio”. Es decir que perderían también por esa vía.
“Las tasas terminaron desvirtuándose y se convirtieron, en la mayoría de los casos, en impuestos. Terminan mutando porque toman Ingresos Brutos como base imponible sin que haya una contraprestación clara”, apunta a
Justamente, de su área partió un pedido a todos los intendentes para que completen una serie de datos fiscales, donde deben informar al detalle todas las tasas, regalías y derechos que cobran en sus territorios.
“Estamos haciendo un relevamiento para ver dónde estamos parados y desde ahí proponer una posible reforma”, agrega Caballero. Para el segundo semestre estaría listo.
Para muchos, una depuración de esas tasas podría significarles la reducción de hasta un tercio de sus presupuestos.
La intención es hacer un “reordenamiento” que acompañe el espíritu del Consenso Fiscal, que apuesta a estimular la producción vía menor carga impositiva. Lo que ahora se está discutiendo es cómo será ese reordenamiento.
Adhesiones condicionadas
“Nosotros vamos a patrocinar el Consenso Fiscal, lo vamos a promocionar”, anticipa Oscar Tamis, intendente de Oliva y titular del Comupro, la liga que reúne a los 42 municipios que hoy están, principalmente, en manos de Cambiemos.
Consciente de que es la Nación la que propone el acuerdo, los intendentes aceptarán alinearse, pero con una salvedad. “Discutamos el reparto de recursos”, dice Tamis. La semana próxima presentarán un borrador técnico de cómo imaginan que debiera acomodarse el tablero de coparticipación a los municipios.
Rúbrica. El pasado 16 de noviembre se firmó el Consenso Fiscal entre los gobernadores y el Ejecutivo nacional. (La voz / archivo)
El eje central está en que la Provincia coparticipe a los municipios lo que recibe como Impuesto a las Ganancias, envío que desde este 2018 se asigna ciento por ciento a las provincias. Son 230 mil millones de pesos que en el esquema de distribución anterior – cuando regía el famoso tope del artículo 104 – no se coparticipaban a los municipios, y que ahora tampoco se hace.
“Siempre tiene que haber una primera vez, lo discutamos. Dicen que tiene que ir a obra pública, OK, que no se gaste en rentas generales ni sueldos, pero ¿por qué lo va a administrar el Gobierno provincial, que chicanea a los opositores y les da todo a los oficialistas?”, cuestiona el vocero de los mandatarios macristas.
El intendente Ramón Mestre ya anticipó su postura en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante: “Si se coparticipan los fondos reclamados, bajarán las tasas”.
El pedido no nació a la sombra del Consenso: hace años que los jefes comunales que no son de Unión por Córdoba reclaman que se repartan también los fondos específicos, que se cargan sobre Ingresos Brutos e Inmobiliario (como el Fofise, el de Infraestructura y el Rural para Infraestructura). Algo ha ido cediendo la Provincia, pero todavía falta.
En el fondo, le cuestionan a Schiaretti que plantee ante la Nación un reparto más federal de los recursos pero que, puertas adentro, se maneje de modo “unitario”, creando fondos específicos que no entran en el reparto legal del 20 por ciento.
Lo que se viene
El Consenso Fiscal no admite lecturas parciales respecto de las tasas municipales. Dice claramente que las tasas deben corresponderse con un servicio.
“No estamos afectando la autonomía municipal; si no, vamos a terminar en una serie de litigios, porque el reclamo que se abre es que están cobrando impuestos disfrazados de tasas”, subraya Caballero, del Ministerio del Interior.
Esta semana, muchos leyeron en la medida que tomó el Ersep respecto de los servicios que se cargan sobre la boleta de energía un anticipo de lo se aplicará en breve. El ente que regula los servicios públicos estableció que los municipios pueden cobrar como tasa sólo hasta el importe que demande el costo del alumbrado público y la red de semáforos; y no más. Como las tasas son un porcentaje sobre el costo de la energía (van del 10 por ciento al 20 por ciento), la recaudación ha crecido al ritmo de los aumentos de luz. Hoy a la mayoría le sobra plata.
“Esto lo estudiábamos hace mucho, me entero por usted que el Consenso Fiscal lo pide”, se sinceró Mario Blanco, titular del Ersep.
“No podemos imponer, la intención es promover que las tasas sean tasas y lo que hay que discutir es qué incentivos habrá para cumplir”, anticipa Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba.
Hay varias ideas en danza. Una vez que se depure y se establezca con claridad qué es tasa y hasta cuánto corresponde cobrar, se plasmaría en una ley provincial a la que deberían adherir los intendentes.
Una posibilidad es que el municipio que adhiera al Consenso y establezca pautas de responsabilidad fiscal pueda recibir parte de los impuestos que reclama y que no se coparticipan hoy.
La otra es que, si no adhiere, quede fuera de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Lo que sí está claro es que no podrán tomar deuda, una opción de la cual ha hecho uso el municipio de Córdoba, con 150 millones de dólares o los 770 millones de pesos en Letras del Tesoro que prevé emitir para este 2018.
¿Cobrar por igual o según capacidad contributiva?
Una de las discusiones vigentes es si las tasas que cobra un municipio deben ser iguales para todos los vecinos, según los metros de frente y sólo distinguiendo por barrios (como cobra la mayoría, según la tradición de facturar servicios prestados a una propiedad). O, en cambio, si es más razonable aplicar una fórmula combinada que mida también tamaño y calidad de la vivienda, es decir, la supuesta capacidad contributiva. En Río Cuarto y Villa María, por ejemplo, ya aplican este último criterio. En otras ciudades se debate ese cambio actualmente.
