«Nada se puede construir sobre los restos humeantes del capitalismo salvaje»
La organización, que cuenta con el apoyo del papa Francisco, denuncia la falsa opción entre salud y economía, reclama la distribución igualitaria de la riqueza y demanda una "nueva democracia" ante la fragilidad del sistema político.
La organización, que cuenta con el apoyo del papa Francisco, denuncia la falsa opción entre salud y economía, reclama la distribución igualitaria de la riqueza y demanda una «nueva democracia» ante la fragilidad del sistema político.
La organización internacional que actúa inspirada en las enseñanzas Jorge Bergoglio emitió una declaración ante la pandemia en la que señala que «es la hora de una revolución eco-social, tal como la ha definido Francisco en la Encíclica Laudato Si».
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, una organización internacional que preside el juez argentino Roberto Andrés Gallardo y que actúa, según declara, inspirada en las enseñanzas del papa Jorge Bergoglio, emitió una declaración ante la situación de crisis planteada por la pandemia en la que señala que «es la hora de una revolución eco-social, tal como la ha definido Francisco en la Encíclica Laudato Si» nada se puede construir sobre los restos humeantes del capitalismo salvaje». En un texto en el que también se intenta salir al cruce de los debates planteados respecto de las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar la crisis sanitaria, se afirma que «la pandemia es además de la propagación de una enfermedad, la revelación de un síntoma global, en el que el planeta adopta formas defensivas frente a la degradación y a la destrucción causada por la acción humana.». Por eso, dicen los jueces y las juezas, «concebir a la pandemia como una mera expansión de enfermedades, sin indagar en su causalidad última y sistémica, constituye un grave error que no nos podemos permitir» porque «la Naturaleza está hablando y debemos saber escucharla».
El documento titulado «Diez reflexiones sobre la crisis pandémica» lleva la firma del presidente del Comité, Roberto Andrés Gallardo (Argentina), de la vicepresidenta Ana Inés Algorta Latorre (Brasil) y de los jueces María Julia Figueredo Vivas (Colombia), Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi (Perú), Daniel Urrutia Laubreaux (Chile) y Gustavo Daniel Moreno (Argentina). El Comité Panamericano es un organismo internacional auspiciado por el papa Francisco y que funciona en relación directa con la Academia Pontificia de las Ciencias. Entre sus objetivos se cuenta el de “generar una herramienta de carácter permanente que tenga por objeto central propender a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en pos de la eficacia de tales derechos en favor de las personas más vulnerables”.
En la declaración conocida ahora los firmantes se pronuncian en contra de las «falsas opciones» y señalan que «no bien se produjo la expansión del virus y se perfilaron las diversas alternativas de respuesta, varios gobiernos invocaron la necesidad de sostener el orden económico y productivo y con ese motivo relativizaron las medidas de protección social y distanciamiento imprescindibles para frenar su avance». Y entrando directamente en la polémica planteada tanto en Argentina como en otros países advierten que «la supuesta dicotomía entre salud y economía es una falacia. Ambas debieran tener a la persona y a la vida por centro y lo que daña a la humanidad debe ser modificado en cualquiera de ambos campos», porque «no hay economía sin ser humano, ni ser humano digno sin salud», dicen.
En el texto se recuerda la intervención del papa Francisco en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) ante los movimientos sociales (2015), en la que señalo que «el sistema no aguanta más» porque «está terminado y en descomposición» y en base a ello los jueces sostienen que, en esta coyuntura, «la pandemia no hace sino poner en contraste ese estadio de crisis y nos interpela a la transformación».
En un apartado que lleva el título de «la muerte del derecho neoliberal» los magistrados advierten que el derecho se transforma en un instrumento «detestable» cuando opera «como legitimador de regímenes opresores y explotadores» y al respecto señalan que «la crisis del sistema de dominación y su agotamiento, marcan lo propio para el campo jurídico y evidencian la urgente necesidad de refundar las bases de la normatividad acompañando un proceso de ascenso y protagonismo de los sectores descartados y empobrecidos». Y al analizar la sociedad contemporánea sostienen que «el sistema neoliberal ha potenciado al máximo los descartes humanos» motivo por el cual «la construcción de un proyecto democrático y libertario hace imprescindible la inclusión de los sectores
descartados» porque «el rescate de la persona humana es un imperativo para el propio hombre». Sostienen además que «los procesos políticos que generen nuevos órdenes, deben impactar en la riqueza concentrada para permitir que los grupos descartados ingresen en el tejido social con protección, contención y trabajo digno».
En la misma línea de pensamiento se advierte que «la democracia representativa ha colapsado frente al progresivo y evidente avance del orden informativo que redacta las agendas políticas y diseña con su cotidiana erosión sobre la opinión pública, los límites del propio sistema» por lo que «hace falta un brusco giro de timón en los órdenes políticos».
«Como Francisco ha señalado -dice el documento- no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza ni justicia en la inequidad» dado que «la concentración de la riqueza ha de ser atomizada si se desea construir una sociedad nueva, integrada, justa y humana» y porque «la actual concentración de la riqueza es injusta, insostenible e inadmisible». Y subrayan los jueces que «es el momento de un cambio radical» en vista de que «la pandemia, aún entre medio de las consecuencias dramáticas y dolorosas, nos presenta un resquicio de acción, una pequeña veta paradojal, por donde construir un mundo nuevo, con una economía al servicio del hombre, un derecho comprometido con su dignidad y una democracia política garante de su voluntad real».
