No hay fuego ni derrumbes que valgan
La entidad porteña aceptó en la licitación a la empresa que sufrió un incendio intencional en 2014, a pesar de que debería estar inhabilitada por haber sido clausurada el año pasado.
La entidad porteña aceptó en la licitación a la empresa que sufrió un incendio intencional en 2014, a pesar de que debería estar inhabilitada por haber sido clausurada el año pasado. El abogado de los familiares de las víctimas del siniestro consideró “increíble” esa contratación.
El Banco Ciudad le confiará la guarda y custodia de su documentación a la empresa Iron Mountain pese a que ésta fue clausurada durante 2016 y debería estar inhabilitada para presentarse a licitaciones según lo determina la ley 265 de Seguridad e Higiene porteña. La multinacional estadounidense es la misma que sufrió el incendio intencional del 5 de febrero de 2014, cuando murieron diez servidores públicos, entre bomberos y personal de Defensa Civil, por el derrumbe de una pared lindera de su depósito ubicado en Barracas. La gravedad de aquel hecho y el incumplimiento de una norma no impidieron que el banco público de la ciudad le preadjudicara a IM un contrato por tres años con opción a uno más. La decisión que se publicó en el Boletín Oficial el 20 de octubre pasado fue muy criticada y también podría ser judicializada. El abogado de los familiares de las víctimas en la causa del siniestro, Miguel Arce Aggeo, la tildó de “increíble y apresurada” y recordó que “autoridades de la empresa están querelladas por el delito de estrago seguido de varias muertes”.
La ley 265 le otorga a la Dirección General de Protección del Trabajo las funciones de fiscalización, control y sanción por incumplimientos de las normas relativas a la salud, higiene y seguridad dentro de la ciudad de Buenos Aires. En ese organismo se desempeña como inspector el ingeniero Edgardo Castro, quien desde que se produjo el incendio en IM realizó varias denuncias por graves irregularidades contra el gobierno porteño y la empresa. Hoy sostiene que “cuando hubo una clausura se infringe la ley 265 si el Estado contrata a la compañía sancionada durante el año siguiente”. El profesional recordó que en el artículo 19, inciso E de la norma “el empleador quedará inhabilitado por un año para acceder a licitaciones públicas y suspendido en el registro de proveedores o aseguradores del estado” si cometió infracciones graves o muy graves.
En marzo de este año, un depósito que IM operaba en Villa Lugano fue clausurado porque no tenía plano de habilitación y ventilación y por no contar con rociadores contra incendios ni planos que coincidan con la superficie habilitada. A raíz de una denuncia formulada por los directores de la escuela media N° 2 y el jardín maternal 5 vecinos al establecimiento, tomó intervención la Asesoría Tutelar de Menores 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. Se constató así que el local ubicado en Saraza y Cañada de Gómez funcionaba sin tener el certificado de inspección final de la Superintendencia de Bomberos. Además, el gobierno le había comprobado, al menos, tres irregularidades más durante 2015.
El 17 de marzo del año pasado, otro depósito de IM ubicado en la avenida Amancio Alcorta 2396 había sido clausurado por la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), por entonces a cargo de Juan José Gómez Centurión, el militar que ahora está al frente de la Aduana.
En aquel momento, el portal Infonews informaba que “la administración de Mauricio Macri no publicó la disposición de clausura (la número 655 según se lee en las mencionadas fajas) en el Boletín Oficial y tampoco dio cuenta del episodio en la página web del gobierno porteño. Es que de haberlo hecho, también debería haber dado de baja los contratos que tiene con Iron Mountain…” Una situación parecida se está dando ahora. La clausura de marzo pasado debería impedir la preadjudicación a IM de la guarda y custodia de la documentación del Banco Ciudad.
La clausura –recordó Castro– “no debería ser ignorada por el banco que le permitió a Iron Mountain presentarse a una licitación. Es muy grave que se le otorgue el cuidado de documentación oficial a una empresa con sus antecedentes”. Arce Aggeo coincidió con el inspector: “Con el sumario abierto a la compañía por la muerte de diez bomberos y personal de Defensa Civil en la tragedia de Barracas, creo que la decisión es apresurada y no corresponde. Y agregaría que este tema debería revisarlo la Legislatura. Mínimamente se tendría que haber dado una justificación de por qué contrataron a una empresa y no a otra. La verdad es increíble”, repitió.
Del Boletín Oficial de la ciudad publicado el 20 de octubre, se desprende que IM ganó la licitación por “ser la menor oferta recibida y ajustarse en un todo a lo solicitado por el banco en el pliego de bases y condiciones particulares”. La resolución está avalada por Marina A. Kon, jefa del Equipo de Servicios Periódicos y Grandes Contratos. La multinacional se adjudicó “el servicio de guarda, custodia y administración de medios magnéticos” por un período de 36 meses, con opción por parte del banco a renovarlo por otros doce meses.
La gerencia de compras del Ciudad resolvió la contratación de la compañía por 2.600.000 pesos. Por el monto involucrado, la licitación no pasó por el directorio del banco. No siempre las adjudicaciones se definen en esa instancia superior, aunque eso no exime de responsabilidad política a la conducción del banco en una licitación tan polémica. Aunque se trata de una persona jurídica autárquica según sostiene su carta orgánica y tiene plena autonomía de gestión –tanto presupuestaria como administrativa–, es el banco oficial de la ciudad de Buenos Aires.
“Es de locos que contraten a Iron Mountain y que sea para guardar la documentación en el mismo lugar del incendio. Es muy impresionante”, señaló Arce Aggeo. El Boletín Oficial ubica la dirección de la empresa en Azara 1245 que es donde todavía se levanta una parte del depósito que no resultó incendiado aquel 5 de febrero de 2014.
Hay una causa que continúa abierta donde se investiga el siniestro y que sigue el juez de instrucción Pablo Ormaechea. El abogado de la querella describió cuáles fueron sus últimos movimientos: “Estamos con una pericia terminada que agregó un dato bastante interesante y es que la construcción de la pared que terminó matando a los bomberos era una pared de principios del siglo pasado. El perito de la UTN nos dijo que no se construía en esa época con el cemento que conocemos hoy. Era una mezcla que tenía componentes muy altos de cal. Y prácticamente nos hizo una demostración que con la uña se puede sacar la base, el pegamento de los ladrillos. No entiendo cómo esa pared estaba habilitada. Era del tipo medianera que daba a la calle y tenía como veinte metros de altura. Podía haber matado a cualquiera, aunque se cayó por el calor del incendio”.
Arce Aggeo señaló también que se constataron otras irregularidades desde que ardió el depósito: “Sus columnas no estaban revestidas del material necesario contra el fuego y las cajas que se encontraban en el lugar no respetaban la altura máxima, lo que hizo que las estanterías colapsaran más rápido y el incendio se propagara de la misma forma”. El abogado va a pedir que la causa por el siniestro pase al fuero federal donde el juez Sebastián Casanello investiga el presunto delito de lavado en que habrían incurrido varias empresas que guardaban documentación en el depósito de Barracas.
En la nómina hay bancos, consultoras, laboratorios, compañías de servicios y también la constructora Sideco Americana, de Grupo Macri. Para Arce Aggeo el tema perdió visibilidad en los medios porque “la responsabilidad de lo que sucedió alcanza a personas que tienen el poder en el gobierno nacional. Se puede litigar, pero con limitaciones”.
Cuando se produjo el incendio el jefe de Gobierno porteño era el actual presidente y Gómez Centurión uno de los principales responsables de los controles a empresas como Iron Mountain. En la AGC a su cargo se perdió el expediente de la habilitación a la planta de Barracas y hubo que reconstruirlo. En 2015 diputados porteños cuestionaron ese hecho en un informe al que titularon: “Sugestivo extravío de un expediente crítico”.
Durante dos años (2012-2013) no hubo controles al depósito de la calle Azara según Pedro Luis Chapar, el director de Fiscalización y Control del organismo. IM les pagó a los familiares de las víctimas indemnizaciones muy bajas que aceptaron porque estaban apremiados económicamente. El juicio sigue demasiado lento aunque funcionarios del gobierno porteño, responsables del área de prevención contra incendios de la compañía y vigiladores privados continúan imputados a pedido de los querellantes. Esto último fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en un fallo a comienzos de 2016.
