Pala, pico e inclusión: el plan de integración sociourbana en los barrios populares
Hacen conexiones de agua potable, instalan cloacas y electricidad segura. Son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y genera trabajo.
Hacen conexiones de agua potable, instalan cloacas y electricidad segura. Son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y genera trabajo. Están a cargo del 40 por ciento de las obras, en 220 cooperativas y 18 provincias. El macrismo lo desfinanció, el impuesto a las grandes fortunas volvió a motorizarlo. Los cuadros técnicos, la organización, los desafíos del 2024 y las historias.
En los barrios populares hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana. Cuadrillas de vecinos -algunos con oficio de toda la vida, otros que se van capacitando para poder sumarse a los proyectos-, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo.
Hacen conexiones de agua potable, instalan cloacas, levantan núcleos húmedos -baños y cocinas-; colocan redes de electricidad segura en las viviendas.
El 40 por ciento de las obras de urbanización en barrios populares son hechas por estas cooperativas. Se trata de un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta que, por ley, les estaba destinado sólo un 25%.
Para alcanzar este volumen de obras fueron claves los cuadros técnicos de las organizaciones sociales: arquitectos, ingenieros y responsables sociales de los proyectos. En general, los profesionales vienen de la clase media, son militantes, y entre los responsables sociales de las obras se mezclan orígenes: hay docentes, trabajadores sociales y también vecinos que se fueron formando.
Cuadros
Juri Salevsky, arquitecta, encabeza la caminata para recorrer algunos de los trabajos que hoy se realizan en La Cava, la más conocida de las villas de San Isidro. Lleva una campera azul con el logo del “Movimiento de Trabajadores Excluidos – Rama Construcción” en la espalda.
Dice: “Acá los arquitectos no tenemos el rol cheto para el que te forma la facultad, donde aprendés, sobre todo, diseño. El nuestro es un papel mucho más complementario: hacemos los planos, pero como parte de un equipo que incluye a la cuadrilla, mantenemos los oídos abiertos al conocimiento que existe en el barrio. Si no hiciéramos así, podríamos hacer poco”.
¿Por qué? Porque trabajan sobre terrenos donde todo es informal. Por ejemplo, suelos que son capa sobre capa de relleno sanitario. Las familias de los barrios populares no se asentaron en cualquier tierra, o en todo caso si pudieron quedarse sin ser desalojados fue por estar en zonas fuera del interés del mercado: casi siempre inundables. Cada uno rellenó su lugar con lo que pudo: mucha basura, con suerte algo de escombros. Como resultado, en La Cava el suelo es blando, más que en el Delta. Los pasillos son angostos. Meter los caños del agua, o hacer una cloaca es complejo.
Juri no nació en La Cava sino en el San Isidro pudiente. Es hija de profesionales de la salud. La acompaña en esta nota Marlene Navarro, nacida y criada en la villa, que empezó a capacitarse en el MTE para instalar redes eléctricas y asumió después otras tareas: ayudante, encargada del pañol, coordinadora de las obras.
Manteniéndose a cierta distancia, como quien no quiere tapar a los demás, también está en la entrevista Adrián Cardozo (“El Mestizo”, lo cargan, por provenir de un sector social intermedio, un barrio obrero en José León Suárez). Adrián estudió trabajo social en la Universidad de las Madres, fue militante en comedores del MTE y acompañó a Marlene -y a otros- en su formación; como ella, es responsable social en las obras. Ese rol tiene como principal función mantener informados a los vecinos sobre los proyectos que se van haciendo, buscar a quienes tienen oficios para sumarse a las cuadrillas, organizar las capacitaciones y salir al cruce de las dificultades de orden social que vayan apareciendo.
Lo posible y lo mejor
La Cava impacta por estar, sin transiciones, pegada a la opulencia. Una calle de asfalto separa apenas los chalets con frentes arbolados de la villa. Hacia su interior, los pasillos se angostan. Hay tramos donde la luz del sol no toca el suelo aunque sea mediodía, porque el espacio se encajona entre paredes húmedas.
La primera construcción está a mitad de un pasillo de ese tipo. Es un edificio con planta baja y primer piso en el lote que ocupó la antigua casa de una vecina. Aquí va a funcionar un centro comunitario, van mudar un comedor comedor popular y un barrial de Vientos de Libertad, una casa del Sedronar para el acompañamiento de personas con adicciones.
Nada más entrar se ve que el edificio es raro. Y es que mucho del proyecto original -el plano modelo que tiene el Estado para estas construcciones – fue modificado.
En la PB las ventanas no están a la altura de los ojos, sino arriba, casi tocando el cielo raso. “Es porque este es pasillo está picante”, informan. No es la única adaptación: las responsables del comedor pidieron que les ubicaran la cocina de manera que, cuando estén preparando la comida, les quede a la vista la puerta de entrada. Hubo que cambiar los planos.
Otros cambios fueron las losetas proyectadas para el techo, que medían 7 metros, y debieron ser reemplazadas por otras porque las originales no entraban por los pasillos, quedarían trabadas en la primera esquina. Aquí no llega el camión con los materiales: todo se debe descargar a la entrada de la villa y luego se trae en carretillas. Y arriba, en el techo, el tanque de agua fue cambiado del lugar “para que no terminara agujereado por un tiro”. Hubo que encontrarle una ubicación protegida y eso llevó a modificar el plano y agregar columnas.
La obra ya está avanzada, pero no tuvo un proceso lineal ni se apegó al esquema prefijado. Entre modelo y resultado pasó por una serie de cambios. Tiene sentido, en la medida en que lo que se construye debe poder funcionar para lo que necesiten las personas.
Más tarde, en la casa de una vecina que accedió a un mejoramiento de su vivienda, se vuelven a encontrar esas características. Se trata de un monoambiente con techo alto y un entrepiso que permitió agregar un dormitorio para la hija. Las ventanas, esta vez porque las medianeras dan a otras viviendas, vuelven a estar muy arriba, tocando el techo. Antes esto era una casilla precaria y sin ningún tipo de luz natural, ni agua potable, colgada de la electricidad. Ahora es una vivienda de material con cocina, baño, la pieza del entrepiso y un pequeño espacio libre para el patio.
“A veces las obras no son la solución perfecta, sino la mejor respuesta a necesidades que no pueden esperar», apunta Juri. El plan de integración urbana no piensa la relocalización como principal medida. Y aunque lo incluye, sólo en pocos casos es posible construir viviendas desde cero, con todas las comodidades.
220 cooperativas, en 18 provincias
Las obras hechas por estas cooperativas tienen una impronta: activan la organización popular. Finalmente serán esos procesos organizativos los que garanticen que las políticas perduren. En este sentido ya hay un camino a notar entre 2017, cuando militantes de las organizaciones sociales hicieron el primer censo de Barrios Populares y este 2023, cuando 220 cooperativas hacen obras en barrios de 132 municipios, en 18 provincias. Hubo un desarrollo: Censar, obtener del estado certificados de vivienda (que protegieron a las familias de ser desalojadas, aunque esto no fue cumplido por completo), conseguir presupuesto para iniciar obras, realizar inicialmente las más sencillas, para empezar a vincular a los vecinos, pasar de la conexión de agua potable a hacer trabajos de electricidad y de allí a las cloacas. La estimación de la Secretaría de Integración Sociourbana a cargo de Fernanda Miño es que 200 mil personas trabajaron en estos proyectos, en los últimos dos años.
Adrián Cardozo dice sobre las cloacas que están instalando: “Hacerlas acá es todo un desafío, porque no estamos en un asentamiento con calles, sino en una zona de hacinamiento, con mucho pasillo y un pozo en el centro”.
Las cloacas se están poniendo en la zona periférica del barrio 20, pegada al San Isidro asfaltado. El responsable social explica que por las características de la villa sólo pueden colocarse en su borde, en las zonas “altas”, que tienen pendiente hacia la cloaca mayor, pero no en el pozo, que necesitaría de un sistema de bombeo. E incluso en esta línea del tendido cloacal no todas las viviendas podrán usarlo, porque algunas casas están hundidas.
Hablamos de las tareas de los responsables sociales. “La Cava tiene 60 años y nunca mejoró. Pasó por millones de proyectos, asambleas, debates que no se tradujeron en nada. El sector privado dejó mucha obra a medio hacer, porque viene pero encuentra tantas dificultades que no termina, no le reditúa. Entonces en los vecinos hay desconfianza. El primer trabajo que hicimos fueron las conexiones intradomiciliarias de luz, y nos encontramos con familias que no querían saber nada, ni abrirte la puerta”.
A muchas funciones las fueron agregando con el devenir de las obras: “organizar un día de almuerzo semanal de pibas para pensar cómo hacer más fácil su aprendizaje” ( los varones con oficios no siempre estaban dispuestos a enseñar). Armar talleres con los varones para repensar los modelos de masculinidad. Sumar la intervención de Vientos de Libertad, porque el tema de las adicciones cruza todos los terrenos. Intervenir con promotoras de género».
Marlene, que arrancó en estas obras participando en una de esas cuadrillas de electricidad, cuenta que cuando entró a estas obras vió una posibilidad laboral: dejó la limpieza por horas y accedió a un ingreso mensual. La militancia le llegó por esa vía, aunque tiene edad para ser hija de los que, a fines de los ‘90 hicieron los primeros piquetes en el Conurbano. Y, de hecho, su mamá participó de la Corriente Clasista y Combativa.
La cantidad de hogares que necesitan de este tipo de obras no es marginal: en Argentina, el 10 por ciento de la población vive en predios en los que carecen de dos o más servicios públicos. Y es que faltan políticas de acceso a la tierra para los sectores populares, por lo que la principal vía de hacerse de un lugar donde vivir, para los trabajadores informales, es la ocupación de predios donde luego, por la propia informalidad dominial, el Estado no lleva servicios.
El presupuesto para realizar la integración sociourbana depende del gobierno nacional. Durante el macrismo el programa no recibió fondos. En 2020 sí, pero las trabas internas para ejecutarlo fueron enormes y estuvo prácticamente parado. Luego la pandemia le dio una oportunidad política única, porque recibió un porcentaje del impuesto a las grandes fortunas; esos fondos le permitieron tomar impulso, dar el salto. Aún se están utilizando, aunque sobre finales del 2023, tras la firma del acuerdo con el FMI, el envío de partidas pasó a escasear. En 2024 se verá; en líneas generales el financiamiento depende de cuánto inciden los movimientos sociales en el tablero más amplio de la política. Por eso, la participación de los vecinos es crucial. La integración sociourbana hace obras, pero también le da a los barrios una armazón interna, genera organización, un elemento que, finalmente, resulta imprescindible para garantizar la continuidad de los trabajos.
