Patrimonio Cultural, el Cerro Colorado, pasará a manos de la Provincia de Córdoba
Complicado. La conservación de este tipo de pinturas es un problema mundial. En algunos lugares, llegó a prohibirse el ingreso total de público.
Expropiará 22 hectáreas de la reserva de pinturas rupestres más importante de Córdoba. Los aleros más visitados pasarán a ser propiedad del Estado. Se estudia cobrar a los turistas, pero no a los escolares.
A través de un proyecto de ley que hoy será aprobado en la Legislatura, el Gobierno provincial dará un paso importante para hacerse de buena parte de las tierras en cuyos cerros está alojado el tesoro de pinturas rupestres más importante de Córdoba. Se trata, en concreto, de 22 hectáreas ubicadas en la localidad de Cerro Colorado, en el departamento Río Seco, que, una vez aprobada la normativa, pasarán a ser de utilidad pública y sujetas a expropiación por parte del Estado.
La normativa impulsada por el Ejecutivo –que fue presentada el año pasado– planteaba inicialmente la expropiación de 522 hectáreas de tierras de tres departamentos del norte provincial. Pero luego, ante las múltiples problemáticas legales que representaba semejante operación, se decidió concentrar la expropiación sólo en el “corazón” de la reserva.
En la actualidad, la totalidad de los aleros donde están ubicadas miles de pictografías realizadas por los habitantes originarios de esa región son propiedad de privados. Con la particularidad de que dos de esos espacios están a cargo de la Provincia. Luego de que se consuma el traspaso de titularidad de esas tierras, casi el 100 por ciento de los aleros más visitados quedarán en manos del Estado.
Allí, en la denominada Reserva Cultural Natural Cerro Colorado, la Provincia planea crear un “Parque Arqueológico” cuyo principal objetivo, aseguran los funcionarios, es resguardar y conservar esas pictografías.
Con la expropiación, la gestión estatal sumará cinco nuevos recorridos a su oferta (serán siete), que se estima estarán aptos para los visitantes en un plazo de seis meses desde la finalización del proceso expropiatorio.
“En la propuesta de difusión va a primar la lógica de la preservación de los sitios. Y el turismo deberá acoplarse a esto”, resume la idea de conservación del sitio Fernando Blanco, del área de Patrimonio Cultural de la Agencia Córdoba Cultura. “La oferta más amplia de circuitos servirá para darles descanso a algunos aleros muy deteriorados por la gran actividad que tienen”, valoró el funcionario.
El ingreso a los dos recorridos que hoy están a cargo de la Provincia es gratuito; no así los que están en manos de privados. La idea estatal, aún en estudio, es cobrar una entrada a los turistas locales y extranjeros, y exceptuar del pago a los contingentes estudiantiles, que en gran cantidad visitan el Cerro Colorado año tras año.
No sin críticas, el proyecto de ley se encamina a ser acompañado hoy por los principales bloques parlamentarios de la oposición. Los cambios practicados al texto original fueron valorados. “Acompañamos la idea central que es el resguardo de las pinturas, pero la Provincia debería explicar por qué esperó tanto para conservar este tesoro. Hasta ahora hizo poco y nada”, opinó la legisladora radical Amalia Vagni.
La parlamentaria reclamó ayuda extra por parte del Gobierno para la comuna de Cerro Colorado y citó como ejemplo el caso de un turista que se quebró durante una visita y debió ser trasladado por el jefe comunal hasta un centro asistencial vecino, ya que allí no hay infraestructura.
Desde el Frente Cívico, en tanto, recién hoy decidirán si votarán a favor de la iniciativa, aunque adelantaron que coinciden con el espíritu de conservación del sitio.
Nombrarán un director
Las autoridades provinciales tienen previsto designar a un director para que tenga a su cargo la política cultural y turística del Cerro Colorado. La Provincia adelantó que el lugar dependerá de Cultura y no de Turismo. En la actualidad, hay un grupo de seis personas que trabaja en el lugar, que llegará a entre 15 y 20 una vez que se expropien las tierras y estén activos los siete recorridos que quedarán a cargo de la gestión estatal. El plazo es de seis meses, desde la expropiación.
