Por el recorte del Fisu, están en riesgo 24 mil puestos de trabajo de cooperativas
Del total de obras en barrios populares, el 43% estaba en manos de cooperativas y el resto se repartía entre municipios y la Iglesia. El fondo llegó a cubrir los trabajos de febrero, pero para marzo vaticinan un escenario dramático
Del total de obras en barrios populares, el 43% estaba en manos de cooperativas y el resto se repartía entre municipios y la Iglesia. El fondo llegó a cubrir los trabajos de febrero, pero para marzo vaticinan un escenario dramático
Mientras el gobierno nacional insiste con las supuestas denuncias por falta de controles del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), en marzo comenzaron a verse los dramáticos impactos por el recorte que hizo el presidente Javier Milei a dicha política. Así, se lo adelantaron en exclusiva a la agencia ANSOL el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, y el ex director nacional de Desarrollo Sociocomunitario de la Secretaría de Integración Urbana, Álvaro Llambi.
Hay que recordar que el FISU es una política destinada a realizar obras (con trabajadores de cooperativas, municipios e iglesias) en los 5.687 barrios populares del ReNaBaP y la creación de lotes con servicios. El mismo se financiaba con el 9 por ciento del Impuesto País, pero hace diez días el Gobierno emitió el Decreto 193/2024 con el que reorientó el destino de la plata recaudada y redujo los aportes a solo un 0,3 por ciento.
«Con esta decisión dejan obras a mitad de camino e impiden profundizar esta política que tuvo un impacto directo en la vida de los más humildes«, le dijo Gramajo, titular de la UTEP, a este medio. Para el referente, los números hablan por sí solos: «se hicieron más de 1.277 obras de integración, 1.500 viviendas construidas, más de 250 mil mujeres que accedieron al programa Mi Pieza y se generaron 187 mil puestos de trabajo directos, entre otros aspectos que mejoraron la calidad de vida de la sociedad».
Ahora, todo eso está en peligro. Álvaro Llambi le dió los números finos a ANSOL: «hay 24 mil puestos de trabajo en riesgo, de los cuales la mayoría son de cooperativas«. Es que, según informó, de las 1.277 obras, «558 se hicieron o se estaban haciendo con cooperativas, y esto era así porque ellas ejecutaban mejor que los mismos municipios o iglesias».
«Son obras que mejoraron la vida de 6 millones de personas, de las cuales vale recordar que el 90 por ciento no tiene gas y un 77 no tiene agua ni luz», planteó Llambi y agregó: «Con el FISU se hicieron 250.000 conexiones seguras de electricidad y más de 600.000 de agua«. Luego, sumó: «Hay un acumulado en el FISU que alcanzó hasta febrero, pero ahora, de marzo en adelante, se desfinancia, y entonces para que las obras se terminen van a tener que poner el dinero los municipios o las provincias, porque del fondo no van a salir más».
Por su parte, y a pesar del duro golpe, Gramajo reafirmó que van «a seguir reivindicando el laburo de los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de la economía popular, que venían desarrollando un trabajo extraordinario, aunque el gobierno intenta deslegitimar y estigmatizar». Hace referencia a las supuestas denuncias por la falta de transparencia en el manejo de los fondos.
FISU: ¿cómo era el control de los fondos?
Como director, Llambi trabajó codo a codo con la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño. Por eso, pudo explicarle a ANSOL que «había un triple control, que consistía primero en una inspección por parte de la Secretaría que iba habilitando los tramos del financiamiento; en segundo lugar había un auditor externo por parte de la Universidad Tecnológica Nacional o colegios de arquitectos o ingenieros de cada una de las provincias; y por último, se hacía un control contable donde la cooperativas tenía que presentar todas las facturas».
El titular de la UTEP, por su parte, no dudó en denunciar que el Gobierno de Milei tiene «un modus operandi que lo aplica con todos los sectores, que es poner de enemigo, criminalizar y después ajustar». Sin embargo, retrucó que donde el Ejecutivo «ve un número, un problema fiscal, una planilla de exel, nosotros vemos una familia, una vida que en general expresan situaciones dramáticas, y por eso vamos a seguir amplificando la unidad con todos los sectores que tenemos vida comunitaria en cada barrio popular para intensificar el plan de lucha».
Hoy la agenda social abarca «la tremenda situación crítica en términos alimentarios, el desfinanciamiento de las obras en barrios populares, la licuación en el potenciar trabajo y todas las luchas que del pueblo argentino», cerró Gramajo. De esta forma, la UTEP no se deja amedrentar por las denuncias del Gobierno y se dispone a dar batalla para sostener los derechos conquistados.
