Se profundiza la concentración de la tierra en la Argentina
La ONG española Oxfam,durante la presentación de datos sobre concentración económica en el Foro de Davos, reveló que en la Argentina el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino.
La ONG española Oxfam,durante la presentación de datos sobre concentración económica en el Foro de Davos, reveló que en la Argentina el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%. Además, citaron el reciente caso de la resistencia al proyecto inmobiliario que pretende llevar a cabo el multimillonario inglés Joe Lewis, y el resonante conflicto en la estancia del terrateniente Luciano Benetton y la comunidad mapuche de Chubut.
Oxfam indicó que en el país existen 246.947 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) registradas, que ocupan 23,2 millones de hectáreas. Las UPA nacionales computan 94 hectáreas cada una, lo que implica una extensión diez veces mayor al promedio de sus vecinos cercanos. El 83% de esas UPA solo abarca al 13,3% del total de tierras lucrativas del país. “En países como Argentina o Uruguay, el tamaño promedio de la pequeña propiedad está cercano a las cien hectáreas, lo que se consideraría gran propiedad en países centroamericanos donde en promedio las fincas pequeñas apenas oscilan entre una y tres hectáreas”, sostuvo el trabajo.
República sojera
La Argentina es miembro destacado de las “repúblicas unidas de la soja”, que también integran Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por orden de importancia. Según Oxfam, estos países producen más de la mitad de la soja consumida en todo el mundo. “Entre 1990 y 2014, triplicaron el área de cultivo y quintuplicaron la producción hasta alcanzar conjuntamente más de 150 millones de toneladas en 60 millones de hectáreas, una extensión más grande que la superficie de Paraguay y Uruguay juntos”, señaló.
Si bien remarcan que los modelos agroexportadores pueden impulsar el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos y favorece la inversión social, también advierten que la dependencia de los sectores extractivos implica riesgos importantes, asociados a la volatilidad en los mercados internacionales y elevados costos ambientales y sociales.
El dominio de la tierra
Pero lo que se pone en discusión no solo es el uso del suelo. “Quien ejerce el control de la tierra decide sobre su uso y determina el destino de los beneficios de su explotación”, subrayaron para introducir la problemática del dominio de la tierra. “El flujo de capitales entre inversionistas y empresas, el control del mercado por las corporaciones multinacionales, la poderosa influencia de los sectores empresariales sobre las autoridades gubernamentales y los acuerdos internacionales que protegen las inversiones, aseguran el dominio completo de la tierra y sus recursos naturales”, manifestaron con preocupación.
Resistencia contra Joe Lewis
Las últimas estadísticas indican que hoy la concentración en el reparto y control de la tierra es aún mayor que antes de ponerse en marcha políticas redistributivas o reformas agrarias de la década de 1960. Estos datos se conocen al mismo tiempo que los vecinos de El Bolsón redoblaron los esfuerzos por impedir el loteo de tierras en la zona de Mallín Ahogado, correspondientes a un proyecto inmobiliario que pretende llevar a cabo el multimillonario inglés Joe Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri.
“Pretender saber quiénes son los dueños de la tierra en América Latina resulta una misión imposible. La opacidad en las transacciones, el uso de sociedades pantalla, la titulación a nombre de terceros y el secretismo y barreras burocráticas en las instituciones que administran los catastros y registros públicos de la propiedad crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios”, remarcaron desde la organización.
En alianzas con locales
Para ocultar identidades, en muchos casos los inversores extranjeros operan a través de filiales o alianzas con empresas locales. “El dominio cada vez mayor de las corporaciones translatinas, los actores financieros internacionales y las multinacionales del negocio agrícola tiene consecuencias sociales, económicas y sobre todo políticas que no han sido suficientemente estudiadas, en gran medida debido a la opacidad en la que actúan”, resaltó el informe. Y agrega que sus beneficios llegan por la “poderosa influencia” que ejercen en los “espacios de decisión nacionales e internacionales” sobre las regulaciones y marcos normativos que afectan a sus intereses.
A los pocos meses de asumir, el presidente Macri modificó por decreto la Ley 26.737 de Tierras Rurales para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros. La norma sancionada en 2011 establecía el límite del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros y restringía un máximo de 1.000 hectáreas para titulares de otros países en la zona agrícola, en el norte de Buenos Aires, y el sur de Córdoba y Santa Fe.
“Las élites se han hecho con el control de las instituciones democráticas para asegurar que las políticas y el marco normativo les favorecen y que los recursos públicos son aprovechados para la máxima obtención de beneficios privados”, insistieron en Oxfam, y describen que “existen muchas formas de captura política, desde la financiación de los partidos hasta el tráfico de influencias, pasando por el lobby, las puertas giratorias o el control de los medios de comunicación”.
Algo similar podría ocurrir en Río Negro. Los vecinos de Mallín Ahogado tuvieron que esperar un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche para frenar el loteo que impulsa el británico Lewis de 850 hectáreas para construir una villa turística con características de barrio cerrado en una reserva natural al pie del Cerro Perito Moreno. Anteriormente, varias sentencias, resoluciones provinciales y ordenanzas municipales sí lo autorizaron.
Persecución indígena y el caso Chubut
Otro factor de conflicto se da con los pueblos originarios. Una de cada tres hectáreas que se entregan en concesión para la explotación minera, petrolera, agroindustrial y forestal en América Latina pertenece a pueblos indígenas. En la Argentina, el 84% de las concesiones para cultivar soja se encuentran en territorios indígenas.
“El derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios apenas existe en el papel, pues en la práctica la inmensa mayoría de las inversiones son impuestas a las poblaciones afectadas”, se quejó la ONG, quien denunció una “creciente persecución y criminalización de comunidades indígenas y campesinas” que defienden la tierra y los recursos naturales, como le ocurrió a la PuLof en Resistencia de Cushamen, en Chubut.
“Es posible reconocer tácticas comunes muy preocupantes, como la militarización de los territorios con estados de excepción cada vez menos excepcionales, la participación en los desalojos de agentes de seguridad privada y grupos criminales junto a fuerzas policiales y militares, o la instrumentalización del aparato de justicia para deslegitimar la protesta social”, alertaron, aunque admitieron que en alguno casos la represión proviene de las empresas y los latifundistas, quienes lideran los ataques, con la complicidad de los gobiernos.
En este apartado, celebran que gracias a la “acción colectiva” existe mayor información y preocupación acerca de la “vulneración de derechos y los daños ambientales” que causa el modelo extractivista, pero lamenta que “nunca antes la vida de activistas, periodistas, defensores y defensoras había estado tan en peligro”.
Por este motivo, desde Oxfam aclaran que “es necesario garantizar el acceso a la justicia a través de la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, la investigación, sanción y reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en contextos de inversiones en tierras y actividades de extracción y explotación de los recursos naturales”.
Cinturones de pobreza urbana
En este marco, la fundación internacional alertó que “la desigualdad en torno a la tierra limita el empleo, amplía los cinturones de pobreza urbana con la expulsión desde las zonas rurales y socava la cohesión social, la calidad de la democracia, la salud del medioambiente y la estabilidad de los sistemas alimentarios locales, nacionales y globales”.
Asimismo, Oxfam aseguró que esta “desigualdad extrema en el acceso y control de la tierra merece estar entre las prioridades de acción en la lucha contra la desigualdad económica y social en la región” y exhortó a los gobiernos a “responder de forma urgente y efectiva a la demanda por la tierra y los medios de producción por parte de las poblaciones rurales, adoptando medidas concretas que contribuyan a una redistribución de la propiedad de la tierra y a una mayor equidad”.
En América Latina la desigualdad aumentó en 2015 como no se había visto desde los años 80: siete millones de personas cayeron en la pobreza y cinco millones pasaron a la indigencia. Además, unas 32 personas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres, y esta desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan un 64% de la riqueza total.
Terratenientes sin freno
Oxfam también presentó hace semanas otro informe sobre el reparto de la tierra en América latina, donde evidenció que solo 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva, es decir, que este 1% concentra más tierra que el 99% restante.
En el país, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%.
Se trata de explotaciones agropecuarias que tienen en promedio más de 2.000 hectáreas (equivalentes a 4.000 canchas de fútbol), aunque en países del Cono Sur están muy por encima de este tamaño: por ejemplo en la Argentina, donde el promedio de las fincas en el 1% superior es de más de 22.000 hectáreas.
El director de Oxfam para América Latina y el Caribe, SimonTicehurst, reconoció que las cifras son “alarmantes” y estimó que “solo llevarán a una agudización de la violencia y a retrocesos democráticos”, porque esta situación “no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones”.
La entidad responsabiliza a las dirigencias políticas por la creciente concentración en pocas manos, incluso, las extranjeras. “La mayoría de los gobiernos de la región, independientemente de su color político, han mantenido la apuesta por el extractivismo -un modelo productivo basado en la extracción y explotación de los recursos naturales para obtener grandes volúmenes de materias primas- como el principal motor de sus economías”, evaluó el reporte. Los combustibles fósiles, metales, madera, carne y vegetales representan juntas más de la mitad de las exportaciones totales en la mayoría de países de la región.
América Latina es la región del mundo más desigual en cuanto a la distribución de la tierra. El coeficiente de Gini para la tierra -un indicador entre 0 y 1 donde 1 representa la máxima desigualdad- es de 0,79 para el conjunto de la región, siendo 0,85 en América del Sur y 0,75 en América Central. Se trata de niveles de concentración muy superiores a los observados en Europa (0,57), África (0,56) o Asia (0,55).
En el extremo opuesto a las grandes fincas se encuentra la pequeña propiedad, un sector mayoritario al que pertenecen cuatro de cada cinco explotaciones agropecuarias en la región, destacó la organización sin fines de lucro. En base a los censos agropecuarios en 16 países de la región, Oxfam determinó que las pequeñas fincas utilizan menos del 13% de la tierra productiva total, con una superficie promedio de 9 hectáreas en América del Sur y 1,3 hectáreas en América Central.
Brutal desigualdad económica
En el marco de la presentación de datos sobre concentración económica en el Foro de Davos que se realiza esta semana en Suiza, la ONG española Oxfam, que reúne a 19 organizaciones sociales contra la pobreza en más de 90 países, presentó cifras sobre la desigualdad en el acceso a la tierra y la distribución de riqueza en el mundo.
Los datos revelan que el 1% más rico de la población concentra en sus manos más riqueza que el resto del planeta. “Ocho hombres poseen la misma riqueza que otros 3.600 millones de personas”, señaló la organización. Estos ocho multimillonarios tienen una fortuna de u$s 426.000 millones, frente a los u$s 409.000 millones que poseen en conjunto los 3.600 millones de personas más pobres.
Los más ricos son, por orden, el estadounidense Bill Gates (Microsoft, u$s 75.000 millones), el español Amancio Ortega (Inditex), Warren Buffet (BerkshireHathaway), el mexicano Carlos Slim (Grupo Carso), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Oracle) y Michael Bloomberg (Bloomberg LP).
Decreto de Macri facilita la compra a extranjeros
A mediados del año pasado, el presidente Mauricio Macri modificó la reglamentación que hiciera Cristina Kirchner de la Ley de Tierras (26.737) y volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros que dictó el Congreso en diciembre de 2011 por impulso de la expresidenta.
En este marco, desde el oficialismo dejaron trascender que impulsarán una nueva norma para eliminar los topes, algo que promete una fuerte polémica habida cuenta de que dirigentes de la UCR, Elisa Carrió y peronistas siempre defendieron la necesidad de límites a la extranjerización de tierras rurales.
El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrell, explicó que el decreto reglamentario 820/16 publicado el miércoles en el Boletín Oficial busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 del 2012, que legalizó el límite a la extranjerización del suelo nacional.
“El reglamento, en los límites que le fija la ley, allana y favorece el camino a las inversiones extranjeras productivas, virtuosas y a largo plazo, en el país”, indicó Borrelli a la agencia oficial Télam.
La Ley de Tierras tuvo por finalidad establecer límites a la titularidad por parte de extranjeros de tierras rurales en la Argentina, disponiendo el artículo cinco que a través de un reglamento se determinase los requisitos a observar por las personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de tal norma.
Según explicaron a Télam voceros del Ministerio de Justicia, “el Decreto 274/12 cumplió en forma parcial e incompleta con ello, no previendo situaciones que surgen frecuentemente en el comercio e inversiones inmobiliarias”, y remarcaron que “el nuevo Código Civil y Comercial en el 2015 produjo nuevas lagunas regulatorias”.
Por un lado, el nuevo decreto define que se considera titular extranjero a quien sea titular de “más del 51% del capital social de una persona jurídica”. En cambio, la iniciativa del kirchnerismo definía como extranjero a quien sea titular de “un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)”.
Por otro lado, la nueva reglamentación pone reparos a otro punto central de la ley que sancionó el kirchnerismo en la que advierte que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo -que es la más productiva y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe-.
En cambio, el nuevo decreto presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan esas “equivalencias”, en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. En caso contrario, la resolución del Gobierno advierte que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales “fijará las equivalencias”.
Por otra parte, el Gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en “Zona Industrial”, “Área Industrial” o “Parque Industrial”. El decreto indica que “dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados” en la Ley de Tierras Rurales.
Por tanto, las zonas industriales no tendrán límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal; ni las 1000 hectáreas en zona núcleo, ni estarán afectados por el artículo que sostiene que “en ningún caso” personas físicas o jurídicas “de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales”.
