Shock para pymes y pobreza energética
Desde la industria metalúrgica se advierte que las suspensiones y despidos, que ya vienen ocurriendo, se multiplicarán por el tarifazo. Desde los usuarios residenciales, el 34 por ciento ya es “pobre energético”, es decir, consume menos de lo necesario.
Desde la industria metalúrgica se advierte que las suspensiones y despidos, que ya vienen ocurriendo, se multiplicarán por el tarifazo. Desde los usuarios residenciales, el 34 por ciento ya es “pobre energético”, es decir, consume menos de lo necesario.
Por Aldo Lo Russo *
Por estos días los pequeños y medianos empresarios estamos abocados a la triste tarea de mensurar el impacto que tendrá el nuevo aumento de la electricidad: para muchas pymes metalúrgicas el 500 por ciento de incremento aplicado el año pasado ya fue razón suficiente para “dejar de producir hasta que aclare”, como le escuché decir a un colega en los tiempos del primer tarifazo de la era Macri.
Pero en el contexto actual, con una recesión económica que llegó para quedarse y la apertura a la competencia importada, la suba anunciada recientemente –el ministro Aranguren dice que promediará un 54 por ciento para las pymes, aunque cálculos más realistas estiman que trepará casi al doble del valor de 2016– hará que muchas de nuestras industrias sean prácticamente inviables.
Sí, “inviables”, la misma palabra que utilizó en la década del 90 Domingo Cavallo para referirse a nuestras provincias más pobres y endeudadas. ¿Seremos extremadamente pesimistas? A juzgar por la enorme cantidad de similitudes entre lo que está ocurriendo ahora mismo con la industria nacional y lo que pasó la última vez que el neoliberalismo arrasó con nuestra estructura productiva, el diagnóstico no parece exagerado.
La ecuación es simple: para un sector importante de las industrias que hacen un uso intensivo de la electricidad, como por ejemplo la fundición, el aumento de tarifas pone en riesgo, como mínimo, muchos puestos de trabajo. Y el fantasma del cierre se asoma.
Para peor, el Gobierno nos escucha pero no nos hace caso, ni tiene en cuenta nuestras sugerencias. Convoca a reuniones, le planteamos el problema y después el ministro de Producción sale a decir que “si los precios no bajan vamos a abrir más las importaciones”.
Si hablamos de números, al subir las tarifas en algunos casos va a impactar entre un 5 y 6 por ciento en los costos directos y después están los costos indirectos, ya que las industrias que no están integradas verticalmente tienen servicios tercerizados y ahí el aumento puede llegar hasta el 20 por ciento. Esto va directo a los precios, ya que con una caída de ventas del 30 por ciento promedio no hay posibilidad de soportar la estructura. La mayoría de nuestras empresas están con rentabilidad cero o negativa. Claro, siempre hay sectores que están un poco mejor, por eso el índice de caída de la industria metalmecánica está entre el 4,8 y el 5,2 por ciento, ¡pero las ventas han caído nada menos que un 30 por ciento!
Si bien aún hay empresarios que no se animan a decirlo en voz alta por temor a sufrir represalias, tenemos casos de despidos y suspensiones en el sector. Y, como sucedió en los 90, esto también impacta negativamente en la economía, porque ese desocupado y su familia dejan de consumir, el cóctel explosivo se activa y de ahí a que se disparen aún más los niveles de pobreza, marginalidad, violencia e inseguridad hay un trecho corto.
Pero en lugar de debatir sobre los crecientes niveles de inflación o de desempleo, por mencionar apenas algunos de los acuciantes desafíos de estos tiempos, hay quienes dicen que el problema en la Argentina son los salarios de los trabajadores o las cargas patronales. Ahora, resulta que tanto a los empleados como a los dueños de las empresas los costos que más nos preocupan son otros, como los alimentos o la energía.
El de Macri es un gobierno que tiene una fuerte postura ideológica y un lineamiento económico claro, no tiene dudas de lo que está haciendo y aplica la política que cree que es la mejor para el país. Lo que está quedando en evidencia es que sólo es mejor para unos pocos, porque vamos caminando directamente hacia la destrucción del entramado industrial, que recién empezaba a rearmarse.
El 2017 no será un año auspicioso, porque cuando a los trabajadores se les quita poder de compra vía los alimentos y los servicios, se está reduciendo el poder de compra de otras cosas, como repuestos de autos o electrodomésticos, por mencionar algo de lo que producimos las metalúrgicas. Igualmente, los industriales pymes vamos a seguir apostando por la producción y el trabajo, la defensa de nuestros derechos y de los trabajadores. Para que si sube la luz, no tengamos que bajar la persiana.
* Secretario general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima) y dirigente de Cgera.
“Muchos no podrán soportar”
Por Claudio Boada *
El aumento en las tarifas de los servicios públicos –fundamentalmente agua, gas y electricidad– no son un hecho aislado. Responde a la matriz macrista. No proviene de una única necesidad de corrección de valores económicos heredados del período “populista”, sino de una distinta visión sobre la esencia de estos servicios.
Recapitulemos lo sucedido desde las elecciones de 2015 hasta fines de 2016. Devaluación, despidos, pérdida del valor real de los salarios, estampida de precios, techo a las paritarias, desaparición de Precios Cuidados y triple tarifazo (agua, gas y electricidad). Sólo algunos mojones.
Los afectados del tarifazo no somos sólo los usuarios residenciales, sino un abanico de sectores. Clubes de barrio, centros culturales, teatros, comedores y merenderos, sindicatos y sus centrales, recuperadas, cooperativas y pymes; entre otros. Todos ellos no pueden ni podrán soportar el terrible aumento de agua, gas y electricidad, brindaran sus servicios a una población con menor capacidad adquisitiva y para los sectores productivos les espera concentración y reemplazo de producción nacional por importada.
Esta visión de los servicios públicos ya la sufrimos en CABA desde 2007. El Lema, “cada uno debe pagar el costo pleno del servicio”. El aumento feroz en subtes y autopistas provocó exclusión. Miles de pasajeros se volcaron a colectivos saturados y los menos pudientes se tuvieron que conformar con las calles atestadas.
La energía (como el agua, las cloacas y las comunicaciones) son derechos humanos básicos y no son una mercancía. El Estado debe garantizar a todos el acceso y cada uno debe abonar lo que su condición socio–económica le permita. No queremos excluidos de estos servicios indispensables para la vida cotidiana.
Lo vivido en 2016 fue sólo el primer capítulo del tarifazo. Ya se están sumando nuevos aumentos (como el reciente de electricidad, que llega al 148 por ciento) Este modelo se repetirá en todo el país. En gas y electricidad se proyectan cuatro aumentos anuales (desde 2017 al 2019) En gas, dos del valor del gas en boca de pozo y dos de transporte y distribución (de alcance nacional). En electricidad, dos en generación (de alcance nacional) y dos de transporte y distribución (las disposiciones nacionales alcanzan al servicio de Edenor y Edesur, pero en general son reproducidas en el ámbito provincial, con aumentos similares).
El aumento del gas en boca de pozo –dolarizado y pagadero por usuarios cuyos ingresos son en pesos– durante 2017, será del 352 por ciento, combinando el incremento previsto para 2017 (293 por ciento) y la devaluación estipulada en el Presupuesto (20 por ciento) (Cantamutto, Francisco J. El Tarifazo: Breve estudio sobre el Gas) Esto corresponde a sólo dos de los cuatro aumentos previstos para 2017.
Estos aumentos muy superiores a la suba de los ingresos de la población, conducen inexorablemente a la pobreza energética (dimensión específica de la pobreza en la cual los hogares presentan severas dificultades para hacer frente a los gastos energéticos) Con los aumentos producidos en 2016, el 34 por ciento de los hogares de la región metropolitana (CABA y AMBA) es pobre energética (Informe CEPA–IndEP) Estos números serán cada vez peores.
El Gobierno Nacional debería considerar estas opiniones e iniciar una etapa de diálogo (hasta ahora un diálogo formal. Llegó a audiencias públicas por exigencia de la justicia y asume las mismas con las decisiones ya tomadas, escatimando la información e impidiendo el debate) y que del mismo surjan correcciones en este modelo que nos aplasta.
Para quienes no formamos parte del Gobierno, la movilización pacífica manifestando nuestro desacuerdo (repitiendo los ruidazos del año pasado) y la participación activa en las Multisectoriales –aparecidas desde principios del 2016 en cada pueblo del país con participación de los sectores afectados– son herramientas que se han tornado indispensables en la lucha por una sociedad más justa. Allí –cara a cara– nos encontraremos.
* Abogado y director de la Unión de Usuarios y Consumidores.
