Sin indemnizaciones: Gatillo fácil para despedir
En las últimas semanas, desde la Alianza opositora presentaron el proyecto que busca eliminar la obligación del empleador de pagar la indemnización en caso de despido sin causa. Esta sería, según sus autores, la fórmula mágica para reducir la desocupación.
En las últimas semanas, desde la Alianza opositora presentaron el proyecto que busca eliminar la obligación del empleador de pagar la indemnización en caso de despido sin causa. Esta sería, según sus autores, la fórmula mágica para reducir la desocupación. La realidad es otra. Lo que se busca al habilitar el “gatillo fácil” para despedir sin causa es que los trabajadores pierdan definitivamente la estabilidad en el empleo, al hacer desaparecer el costo disuasorio del despido. Con ello el miedo a quedar en la calle actuaría como una extorsión. Como lo demuestra la experiencia de todos los países que eliminaron las cláusulas que protegen del despido arbitrario, la pérdida de la estabilidad laboral implicó de hecho, la pérdida del derecho a reclamar cualquier tipo de mejora. En efecto, si despedir no tiene costo, precarizar las condiciones laborales, de salud, salariales, tampoco lo tendrá. Cualquier reclamo ante una situación de injusticia o vulneración de derechos perderá eficacia porque la relación de trabajo se puede romper unilateralmente sin consecuencias. En general, menos estabilidad es igual a mayor disciplinamiento. Y mucho más en una situación como la de nuestro país donde prácticamente la mitad de la fuerza laboral se encuentra subocupada o desocupada. Esto en la práctica es poner a los trabajadores con empleo bajo una suerte de toque de queda laboral.
En un documento del Banco Mundial publicado hace pocos años se aconsejaba a los gobiernos de América Latina eliminar la estabilidad de los docentes como la única forma de quebrar la resistencia gremial a las reformas educativas privatizadoras promovidas por este organismo. Es evidente que, aunque no se lo mencione, este es el verdadero objetivo detrás del proyecto los legisladores de Juntos y de varias corporaciones empresariales que vienen reclamando volver a las épocas en las que el patrón con dos palabras rompía la relación laboral.
Para las elites la mejor regulación es la ausencia de reglas. Porque permite que los poderosos puedan resolver a su antojo el destino de los demás. Esto no es nuevo. No obstante, hasta ahora, la derecha neoliberal no se había animado a cuestionar la vigencia del Artículo 14 bis que consagra taxativamente la “protección contra el despido arbitrario”.
Sin embargo, no es casual que esta ofensiva se produzca en un momento en que la pandemia y la crisis económica que esta profundizó golpean particularmente a esos 20 millones de argentinos y argentinas que los cuatro años de macrismo han dejado en la pobreza y en condición de empleo precario. “Si estás desocupado es por culpa de las leyes y los sindicatos”, le gritan al oído y por todos los medios a quienes en realidad sufren las consecuencias de políticas económicas que destruyeron el mercado interno y con ello el empleo. Los grupos dominantes siembran la confusión e intentan aprovechar el malestar de los sectores populares para volver a la carga con propuestas tendientes a eliminar los derechos laborales.
El sueño húmedo que obsesiona a las corporaciones dominantes de este país es justamente volver a una Argentina sin leyes laborales, sin cuerpos de delegados y sin organizaciones sindicales que velen por su cumplimiento. El paraíso perdido del preperonismo.
La evidencia de nuestra historia reciente demuestra que lo único que hace crecer el nivel de empleo es el robustecimiento del consumo y la producción nacional basada principalmente en las pymes. Prueba de ello que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se crearon 4.240.000 puestos de trabajo sin borrar una coma de las leyes laborales.
En una investigación realizada por la OIT en 63 países se demuestra que los programas que propugnaron reducir derechos laborales para crecer en empleo terminaron destruyendo condiciones de trabajo, salarios y, al mismo tiempo, empleo. Por el contrario, cuando la intervención del Estado protege el empleo y, sobre todo, la capacidad adquisitiva del salario, el consumo enciende la chispa de la economía y las empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas, generan nuevos puestos de trabajo porque saben que hay demanda para colocar sus productos y servicios. Ese saber adquirido por el movimiento obrero desde la irrupción del peronismo como expresión de la justicia social, constituye un aprendizaje histórico que no puede ser extirpado de nuestra memoria por los diversos intérpretes del neoliberalismo que hoy vienen a vendernos, como espejitos de colores, noticias de ayer, novedades que atrasan siglos.
Por Hugo Yasky
* Secretario general de la CTA y Diputado Nacional del Frente de Todos.
