Terrorismo económico y civil, el botín presente de la dictadura que empieza a ser juzgado
La recuperación de los bienes arrebatados durante la dictadura mediante crímenes de lesa humanidad comenzó a avanzar a partir de la aplicación de la legislación antilavado, con el fin de que el botín del Terrorismo de Estado no quede en manos de sus apropiadores.
El avance de los juicios contra los autores de esos crímenes no impidió que el botín de lo robado continuara estando en manos de sus apropiadres o de sus herederos.
Casos paradigmáticos son los de Papel Prensa, los bienes de la familia Iaccarino, la intervención fraudulenta del Banco Latinoamericano o el lavado de “activos” robados por los grupos de tareas de la ESMA, en los cuales intervino la Unidad de Información Financiera (UIF), pero el universo es mucho más amplio y demuestra una sistematicidad en la represión clandestina.
El informe emitido por la Oficina de Derechos Humanos de la Comisón Nacional de Valores (CNV) da cuenta de al menos 132 empresarios -y no considera agotado el universo de casos- que permanecieron detenidos-desaparecidos con el fin de expropiarles sus bienes y obligarlos a firmar transferencias en centros clandestinos, incluso ante escribanos cómplices.
Este intento por elaborar una “normalidad fraguada” -concepto que explica cómo se pretendía construir un marco de legalidad para que el desapoderamiento de las acciones pudiera ser incluido dentro de la ley de subversión económica- buscaba dejar
firme la propiedad por parte de los “nuevos dueños”.
En este marco, en un comienzo, la imprescriptibilidad de los crímenes se aplicó desde un enfoque penal, pero no del derecho civil, con lo cual los desapoderamientos no se revertían y prescribían.
“Los juicios de recuperación terminaban yendo contra el Estado y pidiendo indemnización a su cargo, porque el mismo Estado terrorista fue el que lo hizo, pero los bienes siguen en manos de los apropiadores”, dijo a Télam José Sbattella, titular de la UIF, organismo que ha pedido ser parte querellante en los casos paradigmáticos.
Este cambio de enfoque, en el marco de la aplicación de la legislación antilavado, parte de que la apropiación es un delito continuo, que se sigue cometiendo hoy, mientras los bienes permanecen en manos de quienes se apoderaron de ellos durante el Terrorismo de Estado económico.
“Toda masa de dinero proveniente de un ilícito anterior, que no prescribió, compite en forma desleal y saca de mercado al capital lícito, por lo que entra en el orden económico y financiero -que es el bien protegido por la ley- en forma ventajosa, y toda esa plata está operando de este modo”, afirma Sbatella.
Todos estos casos vienen también a demostrar que hubo una amplia participación de civiles y no sólo de militares en la aplicación del Terrorismo de Estado durante la dictadura.
Estructuras como las de la CNV, la Justicia, el Banco Central (BCRA), el Nación y en su momento el Banade, tuvieron rol activo en la creación de esa “normalidad fraguada”, ya que convalidaron operaciones de traspaso, balances o financiaron esas “ventas”.
Ese Estado civil tenía un vértice articulador, como lo prueban las propias actas secretas de las Juntas Militares que gobernaban el país, donde consta que el propio ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, durante la discusión por la estatización fraudulenta de Austral consideró el rol del Estado como “subsidiario” para beneficiar el desarrollo de sectores empresarios, que participaban de la elaboración de sus políticas a través del Grupo Azcuénaga.
También en las actas de las Juntas constan las presentaciones realizadas por entidades civiles como el plan estratégico de los bancos nucleados en Adeba, o las “sugerencias” de sectores interesados en la ley de Radiodifusión que la dictadura sancionó en 1980.
De este modo, el Terrorismo de Estado civil sigue teniendo consecuencias visibles en la economía y en otros órdenes, como la concentración mediática, que casos como el de Papel Prensa contribuyeron a producir, en una aplicación práctica de lo que Sbatella menciona como “sacar de mercado” a competidores.
La propia procuradora general Alejandra Gils Carbó remarcó en la presentación del informe de la CNV que para lograrlo hubo una “complicidad estructural” entre el Poder Judicial y la dictadura, sin la cual, destacó, el Terrorismo de Estado Económico no hubiera sido posible.
Funcionarios de la CNV participaban de los interrogatorios a los empresarios -su entonces presidente, Juan Alfredo Etchebarne, fue detenido en la causa por el desapoderamiento del Banco de Hurlingham por orden del juez Daniel Rafecas-, y el Banco Nación y el Central estaban integrados a esa represión.
Las actas de estas entidades prueban cómo se fraguaba “normalidad” en operaciones represivas cuyas características no eran menos alevosas ni burdas que un asalto callejero.
Y muchos de esos funcionarios, u otros designados por ellos, siguieron en sus cargos en democracia, igual que muchos de esos jueces, y continuaron articulando políticas con los empresarios a los que beneficiaron.
La Justicia tiene ante sí la resolución de casos como el de la familia Iaccarino, o la causa iniciada por Eduardo Saiegh por el desapoderamiento del Banco Latinoamericano, en la que fueron demandados José Alfredo Martínez de Hoz (fallecido sin que la causa avanzara) y el entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal.
En este caso, el Estado nacional es coquerellante por considerarlo crimen de lesa humanidad. La presentación se hizo a través de un escrito elaborado por el ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
“Los crímenes de lesa humanidad investigados en estas actuaciones son de tal magnitud que el derecho penal internacional ha entendido que cuando ellos se ejecutan, no sólo se violan los derechos de víctimas individuales, sino que por su magnitud pone en riesgo a toda la humanidad y se vulnera, de esta manera, el derecho de gentes”, afirma Duhalde en su escrito.
Por lo tanto, los considera “imprescriptibles” y pide a la Justicia “que se avance y profundice la investigación de los delitos descriptos, se individualice a los autores, cómplices y encubridores sometiéndoselos a juicio, se les aplique sanción penal, garantizándose para ellos el debido proceso”.
El escrito de Duhalde es claro en cuanto a demostrar que el avance de las causas contra los apropiadores de bienes que participaron de las políticas que instauró el Terrorismo de Estado es sin duda una parte fundamental en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, necesario para reparar los daños producidos por la dictadura y castigar a todos sus actores civiles. Los que participaron desde el Estado y también los que lo hicieron -y continúan haciéndolo- desde las corporaciones privadas.
