Una ley de Etica con los intereses de Cambiemos
El proyecto del oficialismo se preocupa de las declaraciones juradas de sindicalistas, pero no de las offshore de los funcionarios.
El proyecto del oficialismo se preocupa de las declaraciones juradas de sindicalistas, pero no de las offshore de los funcionarios.
Una ley tibia que, por ejemplo, no plantea la incompatibilidad de un funcionario con sociedades offshore o cuentas en el exterior –algo muy del uso de Cambiemos– fueron algunos de los cuestionamientos que plantearon legisladores de la oposición a la presentación del proyecto de ley de Ética Pública que promueve Cambiemos. La norma fue presentada ayer por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, y busca extender el control sobre los miembros de la Justicia, los titulares de los partidos y sindicatos.
Ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General –que conducen los macristas Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky-, Alonso defendió los lineamientos de la iniciativa. “Estamos frente a una oportunidad única e histórica, a 20 años de la aprobación de la norma, de modernizar y actualizar un régimen que dé cabal cumplimiento al artículo 36 de la Constitución y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado”, dijo. Sin embargo, el proyecto fue duramente cuestionado por el resto de los bloques.
“La ley de Ética Pública oficialista es tibia, se queda a mitad de camino y no resuelve ni una sola de la cantidad de denuncias recibidas, que Alonso sistemáticamente se ha encargado de archivar”, tuiteó la diputada del FPV-PJ y vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María Emilia Soria, al tiempo que consideró que “la independencia se logra con una designación democrática y apartidaria de los titulares de la Oficina Anticorrupción”, lo cual “no se vislumbra” en el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. “Las sanciones por incumplimiento son laxas y propone que la autoridad de aplicación sea designada por la máxima autoridad de cada poder. Siguen sin resolver el problema de la autonomía del encargado de hacer cumplir la ley”, disparó. El titular del bloque del FPV-PJ, Agustín Rossi, señaló que “el texto no plantea la incompatibilidad de que existan funcionarios con cuentas offshore o dinero en el exterior”.
Al respecto, la diputada nacional del PO-FIT Romina Del Plá dijo a PáginaI12 que “el órgano de aplicación que crea esta ley para seguir nombrando a familiares y amigos va a ser designado por el Poder Ejecutivo”. “Del mismo modo que Alonso no va a controlar de ninguna manera al gobierno macrista porque está en esa oficina para defenderlo, este nuevo organismo lo único que va a hacer es proteger a los funcionarios”, expresó Del Plá, en relación a la funcionaria cuestionada en reiteradas ocasiones por su inacción ante casos resonantes de conflictos de interés de los funcionarios del Gobierno y por inconsistencias en sus declaraciones juradas.
El proyecto impulsado por Alonso y Sánchez establece cambios en la ley vigente y propone normas sobre conflictos de intereses, contratación de familiares, publicidad de declaraciones juradas y recibo de obsequios. Sin embargo, uno de los puntos más criticados es el que busca incluir la obligación de presentar declaraciones juradas de quienes integren los cuerpos colegiados que administren las obras sociales e integren los órganos directivos de asociaciones sindicales. “Esta ley mete la mano, una vez más, en los sindicatos y las obras sociales”, consideraron.
