Una medida que trae cola: “Oscura” conformación de “Corredores Viales S.A.”
Según el sindicato de trabajadores de peajes y afines la empresa pública es un paso por parte del gobierno hacia la privatización de la Dirección Nacional de Vialidad.
Según el sindicato de trabajadores de peajes y afines la empresa pública es un paso por parte del gobierno hacia la privatización de la Dirección Nacional de Vialidad. A su vez, desde el gremio pidieron parar con los “negocios y negociados con la obra pública”.
A partir de la oficialización del día de ayer de un decreto que constituye la sociedad de “Corredores Viales S.A.” y que distribuye las acciones entre el ministerio de transporte de la nación (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad (49%), el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) se mostró en disconformidad por la decisión que tildó de “oscura”.
A su vez, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó gran preocupación y un total rechazo a la medida que describió como “una nueva estafa vial generada por el avance del Gobierno Nacional en la privatización de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)”.
Y continuó advirtiendo: “crean una innecesaria empresa, cuyo capital accionario está conformado por el 51 % del Ministerio de Transporte de la Nación y el 49 % de Vialidad Nacional, permitiendo la incorporación de socios de carácter privado que puedan ganar espacio en dicha Sociedad”. Así mismo, desde SUTBA se comentó que la normativa deja al Estado en una situación donde podrá “esquivar la necesidad de realizar licitaciones de las concesiones viales”.
La crítica se basa en el artículo 4° del estatuto societario de Corredores Viales S.A. que reza: “La sociedad tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros , la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación, prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos…”.
En concordancia con lo anterior, el artículo 4° del decreto promueve que la sociedad anónima allane el camino de contrataciones para la realización de obras por fuera de aquellas regulaciones que el Estado nacional debería respetar si se hiciesen directamente desde la Dirección Nacional de Vialidad.
De esta manera, el apartado estipula que “…no resultan aplicables a Corredores Viales S.A., las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias, ni, en general, las normas o principios de derecho administrativo…”.
Así, los contratos de concesión anteriores dispuestos -según la ley de participación público/privada- eran propuestos por el sector privado y se autofinanciaban. Con este decreto se modifica sustancialmente esta operatoria donde el Estado es quien se endeuda sin la necesidad de control ni autorización del Poder Legislativo, quedando indefenso al ser garante de préstamos o créditos externos para proyectos privados.
Según la CONADUV la decisión “es una clara entrega a la voracidad de la denominada Patria Contratista, el nefasto Club de Peaje y los amigos del poder, para obtener fenomenales ganancias, sin tener en cuenta la defensa del interés general, y generar serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la comunidad en su conjunto”.
La decisión muestra coherencia con lo que hoy pasa en Autopistas Urbanas S. A. (AUSA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Autopistas de Buenos Aires S. A. (AUBASA) en la Provincia de Buenos Aires, y ahora a nivel nacional con esta nueva sociedad anónima que se denominó Corredores Viales S. A.
Para finalizar, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial exigió que “debe implementarse un Proyecto Vial, libre de peaje, que contemple toda la red caminera del País, a través de la reasignación efectiva de los fondos que se recaudan del Impuesto a los Combustibles, y Rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para que sea el Organismo Rector de toda la política vial.”
