Una reunión para abrir las negociaciones
Antes de sentar posición, la conducción de la central obrera quiere acordar un mecanismo de trabajo con el Gobierno para discutir modificaciones al proyecto oficial. Rechazo a los cambios a la ley de Contrato de Trabajo.
03/11/2017 El PaísAntes de sentar posición, la conducción de la central obrera quiere acordar un mecanismo de trabajo con el Gobierno para discutir modificaciones al proyecto oficial. Rechazo a los cambios a la ley de Contrato de Trabajo.
La conducción de la CGT se reunirá hoy cara a cara con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Será el primer encuentro luego de que el gobierno presentara el proyecto de reforma laboral. Los sindicalistas quieren evitar que les apuren una definición y por eso le ofrecerán al ministro una metodología de trabajo para desmenuzar el proyecto y, sobre todo, anular del texto del proyecto todo aquello que consideran que destruirá la base del derecho laboral y que se expresa en las modificaciones a la ley de Contrato de Trabajo.
Hay molestia entre los dirigentes gremiales pero no en el mismo grado e intensidad. Por ahora, entre los que integran la conducción de la central obrera ninguno se expresó públicamente a favor de endurecer posiciones y mucho menos de una medida de fuerza. La mayoría apuesta por ahora a entablar una negociación para eliminar esa treintena de artículos que flexibilizan las relaciones laborales.
Por otra parte, los gremialistas juran y perjuran que durante las charlas previas con Triaca jamás se habló de estas modificaciones y eso es lo que más disgusto provoca. Ese, seguramente, será uno de las primeras quejas que escuchará hoy el ministro. Algunos de los sindicalistas están convencidos de que los capítulos más negativos del proyecto no son de autoría de Triaca y hasta se arriesgan a decir que tampoco está la mano del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Pero hasta ahora no saben (o no quieren decirlo) como implementar aquello de “pegarle al chancho para que salte el dueño”.
Hasta ahora, uno de los pocos que hizo pública su opinión sobre el proyecto fue el triunviro Héctor Daer. “La gente, inclusive la que votó al Gobierno, no discutió la pérdida de derechos”, dijo. Luego, tal vez buscando la reacción solidaria del sector de los empresarios pymes, advirtió que el proyecto beneficia claramente a las grandes empresas porque plantea una reducción de los aportes patronales (del 21 por ciento al 19,5) y, como contrapartida, un incremento de éstos, del 17 por ciento al 18,5 por ciento, para las pequeñas y medianas empresas que, como se dice habitualmente, son las que más puestos de trabajo garantizan. “Me extraña que este sector de los empresarios no digan nada al respecto”, azuzó el titular del gremio de la Sanidad.
El otro que habló fue Juan Carlos Schmid, quien exigió más franqueza por parte del gobierno “para saber si de verdad están en la búsqueda de consensos”. En cuanto a las modificaciones al sistema previsional el titular del sindicato de Dragado y Balizamiento señaló que la CGT “mantendrá el reclamo de la recomposición de los haberes jubilatorios sobre el 53 por ciento de hombres y mujeres que cobran la mínima”.
Por ahora entre los que conducen la CGT prima la estrategia de intentar corregir el proyecto en el marco de las negociaciones con el ministro Triaca porque no quieren arriesgarse a esperar que se resuelva todo en el Congreso de la Nación. “Preferimos que llegue al Parlamento lo más corregida que se pueda y evitar cualquier sorpresa desagradable”, confió uno de los cegetistas. Eso sí, también jura que ha estado recibiendo llamados de muchos diputados, incluso de Cambiemos, que le expresan su desacuerdo con el proyecto.
Hay otro sector de los que conducen la central obrera, que no participó de los encuentros previos con Triaca, que se arriesgan a decir que todo lo que está sucediendo “es una puesta en escena” y que los artículos cuestionados serán eliminados para que el proyecto contenga lo que realmente le importa a los negociadores de la CGT y al gobierno como el blanqueo de trabajadores, la depuración de sindicatos y, sobre todo, la implementación del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Salud, cuyo objetivo será frenar la obligación de las obras sociales sindicales de hacerse cargo de tratamientos médicos de enfermedades poco frecuentes y que suele implicar la erogación de fuertes sumas de dinero para la compra de medicamentos. Una medida que los gremios vienen reclamando argumentando que ese tipo de patologías se quedan con buena parte del dinero de las obras sociales en detrimento e los afiliados.