Urbanizar, una política de Estado
El trabajo coordinado del Estado con las cooperativas. El desafío de hacer llegar los servicios a las casas de humildes.
El trabajo coordinado del Estado con las cooperativas. El desafío de hacer llegar los servicios a las casas de humildes.
La urbanización de barrios populares, aseguró esta semana Daniel Arroyo, reúne las condiciones para seguir el camino de la Asignación Universal por Hijo. Tiene todos los elementos para pasar de ser de un programa de gobierno a una política de estado: consenso político -la urbanización fue dispuesta por una ley de 2008, votada por el oficialismo y la oposición-, un mecanismo para financiarse -las obras se realizan con un porcentaje del impuesto al dólar país, al que este año se sumó un 15 por ciento del aporte de las grandes fortunas-, cuenta con un actor -en los sectores populares existe una probada capacidad de organizarse- y, finalmente, hay una oportunidad histórica, ya que en pocos momentos como en la pandemia resultó más evidente que el Estado debe generar trabajo y dar solución a las condiciones de hacinamiento en las que viven 4 millones de personas – nada menos que el 10 por ciento de la población-.
En Villa Hidalgo -José León Suárez, partido de San Martín- la cooperativa Patricia Zalderreaga es una del centenar de cuadrillas que trabajan urbanizando. Instalan tanques, junto con una canilla intradomiciliaria, en 184 viviendas del asentamiento, para que el barrio acceda al agua potable.
Conocer la experiencia es entrever un camino complejo, que va escribiendo su propio manual. Las cooperativas emplean mano de obra intensiva, ocupando a trabajadores que vienen de la informalidad y hacen pequeña obra pública de pico y pala. Para hacer ese trabajo – que podemos llamar técnico-, necesitan hacer, además y junto a otras áreas del estado, tareas de abordaje social. Son obras que implican lidiar con conflictos sobre la propiedad o la ocupación del espacio, conseguir cierta respuesta del barrio, que no en todos los casos es de cooperación, e ir dando respuesta a las situaciones de emergencia que aparecen en el contacto con los pobladores.
Adaptar los proyectos
Cristina Galli es arquitecta y la responsable del proyecto. Para estas 184 viviendas está implementando un kit: los tanques de agua son puestos sobre una torre de metal, que es instalada al lado de cada vivienda, de manera independiente.
“En ninguna de las casas podemos poner el tanque sobre el techo, porque no hay vigas, ni hay losas, no hay nada que pueda sostenerlos de manera segura”, dice sobre las razones de los kits. Para dar estabilidad a las torres las entierran, es decir cavan un pozo para hundir la base, que luego afirman con cemento.
La arquitecta es lo que los funcionarios llaman cuadro escaso. Las universidades no forman a sus profesionales pensando en que deberán hacer este tipo de intervención. El polígono donde ahora trabaja la cooperativa -aquí no hay manzanas, sino un conjunto de viviendas conectadas por calles de trazado irregular- está asentado por ejemplo sobre una zona inundable.
Los vecinos levantaron sus casas en predios que fueron rellenando con basura de orígenes diversos. En la misma cuadra, por tramos, hay suelos con la firmeza del escombro y por tramos el piso es poroso y de poca densidad, hecho de capas de desperdicios orgánicos, por las que el agua de las napas cercanas sube fácilmente. Los albañiles deben ir adecuando el pozo, su hondura, y el relleno, a cada situación. Y adaptar la instalación de la torre también al espacio disponible, ya que no todas las viviendas tienen patio. Por eso, cuenta Galli, en algunos casos la torre es instalada en la vereda.
La arquitecta estira el brazo y señala con el índice un lugar del interior de la manzana. Muestra un poste de la luz, que en otro tiempo estuvo al borde de una calle y ahora metido dentro de la manzana, rodeado de construcciones. “Los barrios populares tienen muchos de estos movimientos”, describe. Los proyectos que se hacen sobre el plano no coinciden con el territorio.
Acuerdos
En un mes y medio de trabajo, la cooperativa lleva instaladas 55 torres, con su conexión de agua. Otras doce están asentadas a la espera de un tanque. El ritmo del proyecto depende no sólo de cuestiones económicas, ni tampoco puede preverse según las horas de trabajo de la cuadrilla, como lo haría una empresa convencional. Va ligado, como un tercer elemento, a que se vayan alcanzando acuerdos con los residentes.
Porque en cada lote vive más de una generación. Las casas son subdivididas internamente, ya sea para que los hijos tengan lugar o para alquilar un sector. Los conflictos por la titularidad de las viviendas entre quienes viven dentro del mismo lote son frecuentes, y de resolverlos depende que la obra se pueda hacer, ya que para conectar el agua es necesario que el vecino tenga un certificado de vivienda familiar. Lo emite el Registro Nacional de Barrios Populares.
El primer paso de la cooperativa fue así hacer un relevamiento. Romina Esteija, vecina e integrante de la cuadrilla, cuenta que no en todos lados fueron bien recibidos. El descreimiento estira los tiempos de preparación. “Nos pasó que una vecina nos cerró la puerta. Dijo que éramos una manga de mentirosos y no hubo forma de que entrara en razón. Y esta semana, cuando yo volvía con una de mis nenas del jardín, me pregunta cuándo vamos a ponerle el tanque. Pero ¿cómo? Nunca pudimos pedir su certificado al Renabap”.
Otros trabajadores cuentan que el narcomenudeo tiñe de una violencia imprevisible a los barrios. Y que por ante situaciones de emergencia generadas de pobreza, necesitan recurrir a otras áreas del estado.
Los trabajadores
En la cooperativa trabajan 25 personas, cinco de ellas mujeres. Se capacitaron en un curso de Aysa para hacer plomería, y fueron aprendiendo en la práctica cuestiones de construcción. Las edades son amplias, de 22 años y a 61. Un segundo grupo, de cuatro herreros, arma las torres, de manera que los están trabajando en este proyecto son 29 en total. Su inserción en el mercado fue vivir de changas. Una parte de la cuadrilla está en la cooperativa hace seis años, lo que les ha dado mayor continuidad en el trabajo, que complementan con changas, pero siempre han tenido contratos cortos y con interrupciones. En 2020 la pandemia los dejó inactivos por 8 meses.
Como organización social están dentro de la UTEP. La cooperativa tiene su historia política: se formó en 2015 dentro del Movimiento Evita, haciendo saneamiento de arroyos y luego obras de mejoramiento barrial. En 2016 rompió con el Evita, cuando aquel movimiento se retiró del Frente para la Victoria. Durante el macrismo consiguieron obras similares a la actual, financiadas por Naciones Unidas y dependientes del ministerio del Interior. Hoy son parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que tiene como referente a Juan Grabois.
La presidenta de la cooperativa es Sandra Maestre, de 57 años. “Soy una de las mayores. Me siento un híbrido, porque a diferencia de los compañeros más jóvenes, yo conocí el tener trabajo. Fui secretaria, trabajé en la municipalidad, me convertí en mamá pero a los 40 años quedé excluida, fuera del sistema. Tuve que aprender cómo sobrevivir”, cuenta.
Entró a la cooperativa en su primer tarea, la de saneamiento, para limpiar el zanjón de la Cárcova. “Ahí empecé a entender en qué lugar del mapa había quedado. Porque yo crecí cerca de acá pero en un barrio obrero, en una casa con cloaca, con electricidad y con agua, y de pronto me encontré limpiando un zanjón en barrios que tenían mucho menos que lo que yo había tenido. El barrio donde crecí se formó alrededor de la fábrica, pero después de los 90 los nuevos barrios pasaron a formarse alrededor del basural. Se pasó a vivir de reciclar la basura”.
Maestre cree que como cooperativa de trabajo, no van a integrarse al mercado. Jamás podrían acumular lo suficiente. Tampoco cree en el planteo de que la economía social pueda producir para la clase media. “No tenemos inserción en el mercado, directamente. Pero nuestro objetivo es generar trabajo, y se puede hacer”.
El convenio que firmaron con la Secretaría de Integración Socio Urbana es por seis meses. Los salarios son un piso de ingreso valorado, ya que cobran 22 mil pesos por quincena, con el adicional de un Potenciar trabajo, que significan 12 mil pesos mensuales más y otros dos mil pesos de presentismo. En total, los trabajdores están percibiendo casi 60 mil pesos al mes. Tienen ART y aportes jubilatorios, traslado hasta el lugar de las obras y almuerzan en la obra.
La conexiones de agua potable son consideradas obras tempranas, es decir que el planteo es que tengan continuidad con trabajos para integrar el barrio a la trama urbana, llevando otros servicios, abriendo calles y creando espacios públicos. Otra delas líneas que están siendo proyectadas desde el ministerio es la de mejorar el interior de las viviendas, construyendo núcleos de baño y cocina.
En Villa Hidalgo, esta cooperativa no tiene noticias de ese proyecto de fondo, pero sí la expectativa de lograr una continuidad de trabajo cuando termine de colocar los 184 tanques. La Secretaría de urbanización les entregó herramientas -palas, pinzas y termofusoras- para este proyecto. Maestre asegura que en los 5 años que llevan de experiencia vieron que lo principal es el recurso humano, «ensamblar voluntades». Porque «a las herramientas siempre las podemos conseguir, incluso podemos usar herramientas anacrónicas. Pero si no contás con la voluntad de los otros para hacer un trabajo colectivo, no hay nada que se pueda hacer».
