Sin la Tarjeta Alimentar habría un millón más de indigentes
Un informe realizado por investigadores de las universidades de Buenos Aires y de Moreno analiza el impacto positivo de la Tarjeta Alimentar y recomienda su continuidad.
Un informe realizado por investigadores de las universidades de Buenos Aires y de Moreno analiza el impacto positivo de la Tarjeta Alimentar y recomienda su continuidad. El estudio también promueve que el Estado aproveche la red de comedores populares y los reconvierta en centros de apoyo y cuidado.
Sin la Tarjeta Alimentar, en el país habría un millón más de personas indigentes. El índice de quienes tienen ingresos por debajo de la canasta alimentaria, que en el segundo trimestre de 2022 estaba en el 9,1 por ciento de la población, habría sido del 11,3 y la pobreza también habría aumentado. Así lo determinaron investigadores de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno en base a los últimos microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, correspondientes a abril/junio del año pasado. El estudio muestra que la Tarjeta Alimentar funciona como un dique contra la extrema pobreza, un planteo a tener presente en momentos en que ganan legitimidad los discursos sobre recortar el gasto público o “focalizar” el gasto social. Por el contrario, los autores advierten que la Tarjeta Alimentar debería ampliar su cobertura y aumentar su monto. También consideran que es un momento en el que el Ministerio de Desarrollo Social debería planificar cómo reconvertir los comedores populares en espacios de cuidado.
La prestación Alimentar es un ingreso que el Estado transfiere junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Actualmente está entre los 12.500 y 25 mil pesos, de acuerdo a la cantidad de hijos. Fue creado en el 2020 por el entonces ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, como respuesta a la crisis alimentaria recibida del gobierno de Mauricio Macri, que luego se agravó en la pandemia y se extendió con la suba del precio de los alimentos. Inicialmente, este complemento de ingresos estuvo dirigido a los niños menores de 6 años; en mayo de 2021 fue ampliado para cubrir a los menores de 14. A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no tiene el carácter de un derecho, sino que es un programa. Es decir que su continuidad depende de la voluntad de cada gobierno.
El informe es un trabajo en colaboración entre los investigadores Agustín Mario, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno, y Adriana Clemente, directora del Centro de Estudios de la Ciudad de la Facultad de Sociales (UBA). Consistió en tomar los datos de ingreso de las familias en el período abril/junio de 2022 para analizar qué hubiera ocurrido de no existir la Tarjeta Alimentar.
En base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, identificaron la población del programa Alimentar y restaron a sus ingresos el monto del programa. Luego, con este “nuevo” ingreso total familiar calcularon una serie de indicadores de pobreza y desigualdad, de modo de compararlos con el escenario base.
“Eliminar la Tarjeta Alimentar en el segundo trimestre de 2022 hubiera implicado aumentar la pobreza (habría subido de 38,5 por ciento a 39,4) y la indigencia (de 9,1 a 11,3). También se habría incrementado la desigualdad en la distribución del ingreso”, mientras que la brecha entre los que tienen mayores y menores ingresos habría pasado de 16 a 19 veces, fue la principal conclusión.
Por otra parte, quedó a la vista que el monto de este complemento es insuficiente. “La tarjeta fue un avance importante y también resultó muy importante la extensión de su universo hasta los 14 años de edad. Pero debería seguir extendiéndose hasta alcanzar a todos los hogares con AUH, y también debería mejorar su monto. Hoy, la combinación de AUH más la Tarjeta Alimentar no alcanza para cubrir la línea de indigencia del adulto equivalente, excepto para los menores de 4 años y los hogares con un solo hijo”.
“El apoyo alimentario viene muy cuestionado cuando no debería ser así porque tiene un impacto muy importante, al igual que la red de comedores escolares”, dijo Adriana Clemente a Página/12.
Reconvertir los comedores
La especialista en políticas sociales explicó que el Ministerio de Desarrollo Social tiene dos grandes líneas de asistencia alimentaria: la Tarjeta Alimentar y la de envío de alimentos y fondos a los comedores populares -que tiene un alto nivel de descentralización, a través de las gobernaciones, municipios y el servicio de alimentación escolar-. “Además de sostener la Tarjeta Alimentar, en este momento, cuando hay una recuperación del trabajo, el Estado debería pasar a una etapa de mayor complejidad en la otra gran pata de la política alimentaria, que es el sostenimiento de los comedores populares, para reconvertirlos en espacios de cuidado que incluyan, entre otras prestaciones, apoyo escolar, atención de la salud, de los consumos problemáticos, actividades de recreación. Esto es muy necesario porque los chicos vienen arrastrando un atraso en la escolaridad por la pandemia, y los adolescentes perdieron la escolaridad y están boyando en la calle”.
Clemente recordó el período tras la salida de la crisis del 2001, ya en el gobierno de Néstor Kirchner: “Las investigaciones que hicimos en aquellos años mostraron que un 15 o 20 por ciento de los comedores cerraron, pero una cantidad importante siguió funcionando porque para mucha gente siguió siendo un recurso. Las familias ya estaban mejor pero no tenían ingresos por ejemplo para mejorar la casa, entonces siguieron yendo al comedor para ahorrar, en una sustitución de ingresos. No tenían ingresos suficientes para no depender más del comedor, pero ya no era una dependencia de urgencia. Cuando ese proceso fue evidente, el gobierno hizo todo un trabajo de inversión en los comedores para reconvertirlos en centros culturales, para que hicieran recreación o dieran apoyo escolar. Ese proceso hoy ya tiene que planificarse”.
¿Cuál es el alcance de la recuperación social hoy? La investigadora puso el ejemplo de la situación registrada en las últimas semanas por referentes de comedores de Quilmes: la demanda de viandas sigue siendo la misma, pero muchas de las familias están pudiendo comprar un par de zapatillas para sus chicos. “Hay un poco más de trabajo y en los hogares se pueden hacer algunos gastos”.
Para Clemente, el Estado debe apoyarse en la red de comedores abiertos por los vecinos durante lo peor de la crisis y aprovechar su capilaridad para desarrollar políticas. “En el país tuvimos tres olas de apertura de comedores, la de la crisis de los 80, la de los años 2000 y la que empezó con Macri. Nadie abre un comedor porque sí: en general hay un motivo y el motivo es una demanda real. En torno a los comedores giran una cantidad de cosas y quienes gobiernan se enfrentan a la pregunta: ¿qué hacés cuando hay recuperación del trabajo?, ¿los anulás o los potenciás? Sin dudas, los tenés que potenciar, porque es responsabilidad del Estado dar repuestas a las necesidades de la comunidad”.
