Pobreza: 2 de cada 3 chicos están privados de derechos básicos en Argentina
Algunas luces y varias sombras en el presupuesto nacional destinado a esta población. Fuerte recomendación de seguir invirtiendo en políticas de protección social pero con montos actualizados. Datos estadísticos aplicados en los barrios, entre ellos, el santafesino Chalet.
Algunas luces y varias sombras en el presupuesto nacional destinado a esta población. Fuerte recomendación de seguir invirtiendo en políticas de protección social pero con montos actualizados. Datos estadísticos aplicados en los barrios, entre ellos, el santafesino Chalet.
«Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en niñas, niños y adolescentes en Argentina». Ese fue el informe que presentó este miércoles Unicef, que sumó a la exposición cuantitativa basada en datos oficiales y expuestos en cuadros y estadísticas, una descripción de carácter cualitativo sobre la situación de la pobreza en barrios populares. En este caso, se hizo a través de un audiovisual realizado en colaboración con La Poderosa que, entre otros puntos del país, tiene fuerte anclaje en barrio Chalet de esta ciudad.
Por eso en la presentación de este nuevo informe y junto a la representante de Unicef en la Argentina, Luisa Brumana, estuvo Claudia Albornoz, referente del movimiento, para exponer sobre los resultados prácticos.Es decir, la manera en que transcurre la vida cotidiana en las comunidades donde los indicadores económicos negativos se materializan para golpear con más fuerza.
El informe cuantitativo se apoyó en cuatro ejes: pobreza monetaria, no monetaria, multidimensional, y pobreza y trabajo. La presentación de este tramo estuvo a cargo de Sebastián Waisgrais, economista y especialista en Inclusión Social y Monitoreo del organismo internacional.
Las principales conclusiones fueron que dos de cada tres niñas y niños de Argentina (66%) son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua o a un hábitat seguro.
Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC que muestran que «en el primer semestre de 2022 el 51,5% de las niñas y niños son pobres por ingresos: viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios». Si se suman las privaciones no monetarias previamente mencionadas, «el valor asciende al 66% de esa población». En definitiva, son aproximadamente 8,8 millones las niñas y los niños que experimentan carencias monetarias o de algunos de los derechos fundamentales considerados en la EPH, y 3,7 millones (28%) enfrentan ambos tipos de privaciones simultáneamente.
Dicho de otro modo, 3 de cada 10 chicas y chicos viven en hogares con ingresos insuficientes y, al mismo tiempo, tienen al menos un derecho básico vulnerado.
Cuando el empleo no alcanza
Un dato que surge del cotejo con años anteriores (Unicef realiza estos monitoreos desde 2016) es que «el núcleo más duro de la pobreza se mantiene desde hace más de seis años».
Por otra parte se advierte que nueve de cada diez chicas y chicos en situación de pobreza monetaria viven en familias en las que el papá y/o la mamá trabaja, «lo cual refleja que la sola creación de empleo, sin tomar en cuenta su calidad, no permite salir automáticamente» de la condición de pobre.
El 76% de estas chicas y chicos pobres viven en hogares donde los adultos tienen trabajos informales o relaciones laborales precarias. En este punto, Waisgrais evaluó que «el tipo de empleo marca la diferencia», porque «la tasa de pobreza de niñas y niños que residen con personas ocupadas formalmente disminuye al 32%, y aumenta al 60% cuando viven con adultos ocupados en la informalidad».
Como se dijo, la pobreza monetaria está en niveles persistentemente elevados, «porque sigue el ritmo de la macroeconomía y depende, fundamentalmente, de los precios»: entre 2016 y 2022 la Canasta Básica de Alimentos aumentó 8 % y la Canasta Básica Total un 7,4 mientras que el ingreso a hogares se incrementó en un 7,1 %.
Si se tiene en cuenta el dato de los ingresos no laborales se tiene que «en realidad la pobreza sería mucho más elevada sin la política de protección social y de protección de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar, etc.
Este punto, el sostenimiento de estas políticas, es de permanente preocupación para Unicef que recomienda «continuar invirtiendo en protección social universal y no condicionada» pero también «revisar los mecanismos de actualización».
Políticas públicas
Aquí hay otro tema sobre el que se puso la lupa y es el presupuesto destinado a políticas de niñez y adolescencia, «un factor clave en la reducción de la pobreza», explicó Brumana.
«Es fundamental priorizar las políticas públicas y, particularmente, los programas de protección de ingresos que han demostrado ser una herramienta potente para mitigar la pobreza y, sobre todo, la pobreza extrema», agregó. Sin embargo, el informe realizado sobre la base del Presupuesto Abierto y otras fuentes de información pública revela que el presupuesto nacional destinado a la infancia en 2023 presenta contracciones de entre un 13,3% y un 22,2%, «según el índice inflacionario que se considere».
Por eso a las recomendaciones que siempre acompañan los informes, suman la de invertir en bienes públicos, servicios de salud y educación de calidad; sistemas de cuidado, condición necesaria para que las mujeres con niñas y niños accedan a empleos de calidad; políticas universales y específicas para abordar la pobreza estructural en barrios populares; crecimiento inclusivo y redistributivo; generación de empleo de calidad y, como ya se dijo, una inversión en protección social pero con actualizaciones que no pierdan con la inflación. Porque, planteó Waisgrais, «salvo que exista un shock de ingresos o una brusca caída de este indicador, la pobreza se va a mantener de forma persistente».
Un zoom en el presupuesto
Sebastián Waisgrais habló de «luces y sombras» del presupuesto destinado a niñez y adolescencias y ubicó entre las primeras el crecimiento del programa Conectar Igualdad, la construcción de jardines infantiles y las variaciones positivas en políticas del Ministerio de Salud.
En la otra columna, la de disminución de partidas, figuran las asignaciones familiares contributivas y no contributivas, política alimentaria, plan de primera infancia y construcción de centros de desarrollo infantil y Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).
Del balance de los dos últimos presupuestos surge que:
En 2022 el presupuesto nacional dirigido a niñez y adolescencia sufrió un ajuste real del 4,3% interanual (0,2% del PIB). En términos reales, la AUH se redujo 10,4%, la Prestación Alimentar 7,5%, Plan Nacional de Primera Infancia 27%, SENNAF 10%, Jardines Infantiles 45% y prevención embarazo adolescente 18%.
El presupuesto inicial para 2023 dispuesto por el Poder Ejecutivo no contempló el incremento de partidas incorporado por el Congreso Nacional en el debate parlamentario de 2022. Los recursos destinados a niñez representan una contracción adicional respecto de 2022 de entre un 13 y un 22% en términos reales (representa entre 0,21 y 0,28% pp del PIB).
Disparidades
Los promedios esconden disparidades y la pregunta es quiénes son más pobres entre los pobres. De acuerdo al monitoreo realizado por Unicef, si se analizan los perfiles de las personas comprendidas en esta condición se observa que ese 51,5 % de pobreza aumenta a 60 % cuando la persona de referencia de ese hogar es una mujer y supera el 70 % cuando hay un nivel educativo reducido. También aumenta el promedio si la persona de referencia de ese hogar no está registrada y si es un hogar monoparental.
Aun así son cifras relativas porque ni la pobreza monetaria ni la no monetaria (por ejemplo, falta de servicios básicos) son compartimientos estancos sino que se interrelacionan.
Así, hay en el país 3,7 millones de niños y niñas que tienen carencias de ambos indicadores.
