Represión: en el último año, al menos 20 personas fueron asesinadas en Córdoba a manos de las fuerzas de seguridad
“En este 2024, la represión no nos dio tregua”, expresaron familiares, amigos y organizaciones sociales que confluyeron en la Marcha de la Gorra, que desde 2007 reclama contra las formas opresivas del Estado.
“En este 2024, la represión no nos dio tregua”, expresaron familiares, amigos y organizaciones sociales que confluyeron en la Marcha de la Gorra, que desde 2007 reclama contra las formas opresivas del Estado. El crimen de Elías Moreno, de solo 15 años, refleja que los mecanismos de la violencia institucional siguen vigentes.
“Tenemos un contexto político que se ha recrudecido totalmente, donde el Gobierno nacional principalmente, y el provincial aggiornado, construyen alrededor de supuestas políticas de seguridad, políticas de muertes, de criminalización de la protesta, de persecución con miradas de racismo y clasismo, donde no hay respeto ni lugar para las diversidades ni “colectivos minorizados”, porque son “mayorías minorizadas” y eso es importante poder visibilizarlo”, dice a este medio Maira Bustos, trabajadora Social del Programa del Sol y parte del colectivo que organizó el miércoles pasado, la 18a. Marcha de la Gorra, que desde el 2007 viene repudiando todas las formas opresivas del Estado. Se trata de un movimiento en Córdoba que exige justicia, que no olvida a las víctimas y que sigue dando voz a quienes el sistema silencia.
El crimen de Elías
“En este 2024, la represión no nos dio tregua”, expresaron familiares, amigos y organizaciones sociales que salieron a las calles a visibilizar el reclamo de justicia paras víctimas de la represión policial.
En ese marco, Mariela Quinteros, la mamá de Elías Moreno, el adolescente de 15 años atropellado por un patrullero que lo embistió a contramano mientras iba en una motocicleta – y luego molido a golpes en el suelo-, indicó a este medio que lleva ocho meses llorando la muerte de su hijo y reclamando que el fiscal Tomas Casas, a cargo de la causa, llame a declarar a los dos policías imputados por la muerte de Elías y se logre el cambio de caratula, “al menos, a homicidio simple”.
“Nosotros sentimos una desolación, un abandono al ver que para el Estado la vida de mi hijo de 15 años no vale nada. Lo patearon como un perro y ¿nadie quiere hacer nada, nadie quiere escucharme?”, dice a este medio Mariela, quien reclama que se reactive la causa y ante las pruebas se cambien las imputaciones a los policías Marcelo Peralta y Rodrigo Gorosito, ambos procesados por homicidio culposo.
“Es decir, probamos que lo mataron pero según la figura legal en la causa ‘fue sin querer’, pero está claro que no fue así. Mi hijo fue chocado en avenida Sabattini, luego los policías se bajaron del patrullero y comenzaron a patearlo, según ellos porque huyó de un control policial. Le generaron heridas internas en sus órganos y cuando llegó al hospital, él que pesaba 50 kilos, tenía dos litros y medio de sangre en la panza por las lesiones, cuando en total, en todo nuestro cuerpo tenemos cinco litros. Elías Incluso tenía hematomas causados con la punta de un botín. No fue sin querer, fue un crimen tremendo”, dice Mariela.
La mujer, además denuncia que en la Unidad Judicial 8 “hicieron todo mal”, no presentaron el móvil chocado y elevaron un informe diciendo que “la camioneta había sido llevada a un galpón” porque estaba fuera de funcionamiento tras la persecución, “cuando en realidad estaba dañada por el choque”. “Todos ellos, intentaron tapar esto”, puntualiza la mamá del chico asesinado.
“Tristemente el caso de mi hijo no es el único, me gustaría que fuera la última muerte a manos de la Policía, pero sé que estamos lejos de eso porque hay que cambiar muchas cosas”, dice Mariela y cierra: “Por eso salimos a la calle y decimos que ‘la yuta quema y nuestro fuego se aviva’, nos queda eso, luchar”.
Muertes y represión
“Hasta julio de este año, los datos que recopilamos desde distintos colectivos, registramos que al más 20 personas fueron asesinadas en Córdoba a manos de fuerzas del Estado provincial, ya sea por gatillo fácil, en contexto de encierro o por falta de atención, negligencia u omisión. Además, alrededor de 10 muertes ocurrieron en el sistema penitenciario”, retoma Maira Bustos y destaca que no es solamente la represión cuando se quiere ocupar las calles, sino también son las muertes, muchas veces en las situaciones de encierro.
“Cotidianamente recibimos información y denuncias que el sistema penitenciario es violento. Y esto es tortura respecto a la falta de atención médica en esos espacios, es tortura cuando golpean, cuando no permiten ver a las familias, cuando se persigue a profesionales que trabajan con la perspectiva de derechos humanos”, dice la trabajadora social y puntualiza las dos últimas muertes de personas en condiciones de encierro. Tal como el caso de Carla Gascón, la mujer de 38 años detenida en Bouwer que estuvo 10 días pidiendo que la trasladaran a un hospital para ser atendida y finalmente falleció por una peritonitis ante la falta de atención adecuada y también, Kevin Godoy que fue trasladado de Córdoba capital a Río Cuarto donde murió incinerado en condiciones dudosas mientras estaba solo en aislamiento.
“Esto tiene que ver con condiciones de enloquecimiento cotidiano con negación de la dignidad, de la educación, de la cultura, la salud por eso también levantamos la voz porque es mucho más complejo que un policía disparando a quemarropa a una persona. Es un sistema estructural que construye y genera políticas de muertes”, puntualiza Bustos.
“Hay un discurso de odio que promueve que algunas vidas no valgan»
Para la trabajadora social, este año tiene un contexto político de represión y persecución ante las protestas: “Hay un discurso de odio que promueve que algunas vidas no valgan. Eso se ve en la represión a jubilados donde les han tirado con gas pimienta donde uno de esos químicos, incluso es más caro que una jubilación mínima”, dice Bustos y añade que la premisa es “criminalizar la protesta”. Algo que a nivel nacional la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa a través del “Protocolo Antipiquete”.
En diciembre pasado, durante un reclamo en las calles contra el Mega DNU 70/2023, en Córdoba hubo cinco detenidos por protestar. En esa línea, poco después el fiscal de Instrucción Ernesto Aragón, pidió la elevación a juicio de seis referentes sociales y políticos procesados por realizar un piquete. Una iniciativa que distintas organizaciones sociales, políticas y de DD.HH. denunciaron como un intento de “disciplinar” el reclamo en las calles.
También, en Córdoba durante la visita del presidente Javier Milei por el llamado Pacto de Mayo, una mujer adulta mayor fue atacada por la Policía con gas pimienta mientras intentaba llegar a la Plaza San Martín, y luego fue arrestada junto a su hija por protestar.
En esa línea, Adriana Revol del Movimiento Anticarcelario de Córdoba, que acompaña a las y los internos, indica que el accionar de la fuerza policial se agravó mucho, en términos de represión, tanto en las calles como en las cárceles.
Revol destaca que la situación económica sin dudas influye directamente con lo que está pasando en las calles y eso se refleja también en las cárceles ya que hay “un alto grado de hacinamiento” por cómo crece el número de la población carcelaria: “Por ejemplo, en junio había 524 mujeres y hoy hay 566, y en muchos casos, se utilizan las camas de sujeción, que la gente adentro le dice “la triple” porque es una combinación de psicofármacos que les dan y los deja nockeado por dos o tres días”, explica.
La sujeción como tortura
En ese marco, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura viene reclamando desde 2018 que se eliminen las camas de sujeción cuya práctica, en septiembre pasado provocó la muerte de César Darío Moreno, quien tenía 50 años y falleció luego de sufrir una presunta tortura en la cárcel de Bouwer tras haber sido detenido por protagonizar un altercado en una panadería de Nueva Córdoba.
Con conocimiento del director y médicos, a Moreno le hicieron una sujeción que nunca fue preventiva donde lo apretaron en todas las extremidades y lo mantuvieron al menos 48 horas, tras ser detenido, “sin suministrarle alimentos y bebidas, si hizo necesidades encima, no lo higienizaron”, explicó a la prensa en ese momento, el abogado Alejandro Pérez Moreno y agregó: “Lo que le hicieron fue una verdadera tortura”.
Por este fallecimiento, hay ocho imputados entre los que se encuentran el director del Servicio Penitenciario, seis guardiacárceles y otro profesional de la salud. Sin embargo, hay muertes que “siguen quedando en la duda y no se investigan como deberían”, dice la representante del Movimiento Anticarcelario y señala que no solo de trata de muertes sino que también son violencia institucional, los lugares de aislamientos, las prohibiciones de salir al patio todos los días, el traslado a otras instituciones como forma castigo y sobre todo la falta de acceso a la salud en tiempo y condiciones. “Ese abandono también es violencia institucional”, cierra.
